Alvaro Arellano
El primer semestre de 2022 viene con una revisión tarifaria de los servicios y un consecuente impacto en el bolsillo de los usuarios santafesinos. Por estos días se terminará de definir el aumento por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que promediará el 23% y será aplicado en dos tramos.
Luego de la audiencia pública celebrada el 7 de enero, donde las autoridades de la empresa de energía solicitaron el aumento, cobraron fuerza dos iniciativas que pueden influir sobre los valores y aliviar el bolsillo de los usuarios. Por un lado se plantea la posibilidad de incorporar a corto plazo consumidores al beneficio de tarifa social. Por otra parte avanza, a paso lento, el trabajo coordinado con Nación para disponer un esquema de segmentación.
Cabe aclarar que la factura que abonan los consumidores santafesinos está determinada principalmente por dos factores: los precios mayoristas que define el gobierno nacional a través de la secretaría de Energía y el Valor Agregado de Distribución (VAD), definido por cada distribuidora (la EPE) y autorizado por el ente jurisdiccional que corresponda (el gobierno de la provincia en este caso).
Para este caso, la EPE aclaró que el aumento dispuesto por el gobierno nacional (20%) para la energía mayorista afectará sólo a grandes usuarios y no a residenciales. Esto modifica sustancialmente los cálculos iniciales, donde se proponían aumentos muy por encima de la cifra que se dará a conocer.
Desde la EPE anticiparon a este diario que el aumento para residenciales será del 23%, y que se aplicaría en dos tramos que aún no están definidos, pero que podrían ser correspondientes a los consumos de febrero (o marzo) y junio (o julio).
Voceros de la entidad adelantaron a este diario que se incorporará un nuevo rango de tarifa social denominado Tarifa Solidaria. Se trata de un sector que no estaba incorporado en el beneficio y pagaban como residenciales.
En principio estiman que los alcanzados por el nuevo beneficio serán unos 40 mil jubilados y hogares que perciben ingresos menores a dos salarios mínimos. Aguardan por la resolución final para calcular la cantidad de beneficiados y aplicarlo “inmediatamente”.
En paralelo a la implementación de la nueva tarifa diferenciada, que sería implementada en el corto plazo, la Empresa Provincial de la Energía y otras distribuidoras del país, ya se encuentran trabajando con la secretaría de Energía de la Nación para avanzar con el esquema de segmentación que pretende el ministro de Economía Martín Guzmán.
Si bien tanto desde la EPE como desde Defensa al Consumidor, entidad que participó de la última audiencia, manifestaron que es una posibilidad, también reconocieron que por ahora aparece como una iniciativa que puede llevar tiempo por las complejidades de su implementación.
Se trata de una de las políticas que hace tiempo quiere llevar adelante el Ministerio de Economía y que ahora, luego del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se terminaría de concretar con el objetivo de comenzar a reducir subsidios al consumo para determinados sectores.
Camino a la segmentación
El gobierno amaga con implementar un proceso de segmentación que estudiaron el Ente Regulador de Electricidad (Enre) y el Conicet, con el objetivo de distribuir los fondos destinados a subsidios de manera más eficiente. Es decir, que alcance a la población con mayores vulnerabilidades económicas.
“Con esto se busca reducir significativamente los recursos fiscales destinados a los sectores de la sociedad de más alto poder adquisitivo. A su vez, se pretende asegurar que los futuros incrementos de las tarifas eléctricas no repercutan en forma desfavorable sobre los sectores más vulnerables de la población”, indicaron las entidades que llevan adelante el estudio.
En ese sentido, previo a la presentación del fallido Presupuesto 2022, Martínez informó que ya se relevó “el 80% de una base de datos compuesta por 16 millones de usuarios”, con el objetivo de avanzar en la segmentación.
Desde que finalizó el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional en el marco de la pandemia, a mediados de marzo de 2021, comenzó a barajarse la posibilidad de implementar la segmentación de tarifas.
Lo que parecía una iniciativa firme, se fue disuadiendo en medio de internas entre los propios funcionarios y también producto de la complejidad que requiere su implementación.
Pero ahora la iniciativa recobró trascendencia en la discusión política, ya que sería una de las herramientas a las que el gobierno puede apelar para encaminar las cuentas fiscales en medio de la oficialización del acuerdo con el FMI.
Uno de los obstáculos para terminar de aplicar esta metodología tiene que ver con las dificultades que implica determinar los niveles de ingresos para cada usuario. La secretaría de Energía de la Nación viene recopilando información a través de las distribuidoras, pero lo que señalan es que es muy difícil determinar si quien figura como titular de la propiedad es, en definitiva, quien paga el servicio.
Para llevar adelante esta tarea el Estado cuenta con los datos de Anses, Afip y el Banco Central, aunque en muchos casos se encuentra con el obstáculo que implican los secretos bancarios y fiscales.
En los dos extremos de los sectores socioeconómicos se presentan dificultades para el análisis. Si bien entre los más vulnerables hubo un avance en la identificación a partir de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Asignación Universal por Hijo (AUH) o jubilaciones, todavía hay una buena porción que se encuentra fuera del sistema. En paralelo, se estima que en el segmento de mayores ingresos también existen altos niveles de informalidad.
(Si bien hace meses que la segmentación provoca una disyuntiva a la hora de la implementación, y de hecho fue motivo de una feroz interna entre Martín Guzmán (Economía) y Federico Basualdo (Energía), el reciente acuerdo con el FMI asfaltó el camino para que el titular de Economía determine cuál es el camino a seguir en este tipo de cuestiones. Su postura es clara en cuanto a la necesidad de dejar de subsidiar los servicios a una parte de la población que no lo necesita.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, durante 2021, se destinaron 10.900 millones de dólares en subsidios a la energía, un 74% más respecto a 2021. La cifra representa un 2,5% del PBI.
El monto fue destinado a electricidad y gas, pero el 67% del total, es decir 7.300 millones de dólares fueron destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), para subsidiar la generación eléctrica.
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