Mundo Laboral, Suplementos

Iglesia y mundo del trabajo

Los católicos sociales entre Europa y América Latina

La llegada del cardenal argentino Jorge Bergoglio al papado en 2013, reactivó el interés por comprender los orígenes y los alcances de la llamada “doctrina social de la Iglesia”. Si bien los posicionamientos de Francisco tendrían algún aire de familia con la teología de la liberación latinoamericana


Diego Mauro*

La llegada del cardenal argentino Jorge Bergoglio al papado en 2013 reactivó el interés por comprender los orígenes y los alcances de la llamada doctrina social de la Iglesia. Si bien como subrayaron diversos analistas internacionales los posicionamientos de Francisco tendrían algún que otro aire de familia con la teología de la liberación latinoamericana, lo cierto es que abrevan en otra corriente previa: la del denominado “catolicismo social”. Una doctrina bastante anterior, desarrollada fundamentalmente durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX. El papa Francisco retoma también otras tradiciones, como la teología del pueblo argentina, vinculada al catolicismo liberacionista de los años setenta, y a vertientes teológicas más actuales pero, aun así, la columna vertebral de sus posicionamientos reconoce un fuerte anclaje en la tradición del catolicismo social. Temática que hoy vuelve a generar debates y a recibir una mayor atención a partir de los siguientes interrogantes: ¿Quiénes eran los católicos sociales? ¿Cuál era su agenda política y religiosa? ¿Qué proponían en relación al conflicto social? ¿Cuándo comenzaron intervenir en la Iglesia? ¿Cómo se relacionaron con los diferentes papados? ¿Qué vínculos tejieron con otras tradiciones ideológicas en el mundo del trabajo?

El surgimiento del catolicismo social en Europa

El catolicismo social fue una corriente surgida al interior de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX, preocupada por las consecuencias sociales de la industrialización y los acelerados procesos de urbanización y proletarización en buena parte de Europa. En tonos no muy diferentes a los que había empleado Friedrich Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845), desarrollaron una mirada crítica sobre la emergente burguesía y denunciaron las consecuencias de la vida en las fábricas y el hacinamiento de las familias campesinas en las ciudades. Aunque los debates eran frecuentes y las posiciones bastante variadas, compartieron sin embargo un mismo diagnóstico. El principal enemigo a combatir era el liberalismo, surgido del largo ciclo iniciado con la reforma protestante y acelerado tras la revolución francesa y de cuyo seno habían emergido, a su vez, las dos mayores amenazas para la cristiandad: el socialismo y el anarquismo. Según los católicos sociales, la disolución de las tramas corporativas y gremiales del mundo medieval había dejado a los trabajadores sin ninguna protección, a merced de los burgueses, generando de ese modo las condiciones para la revolución social.

Partiendo de este diagnóstico y con el propósito de detener las revoluciones y mejorar al mismo tiempo las condiciones de vida de las clases proletarias, trazaron un programa tendiente a reconstruir el tramado corporativo de la sociedad. De esa manera, a través del impulso a la conformación de asociaciones, cofradías e instancias de conciliación interclasistas, aspiraban a devolver consistencia al tejido social y, de esa manera, brindar protección a la clase obrera. De estas propuestas, derivaba también un programa político en la medida en que consideraban que de esos organismos surgirían estructuras mayores de gobierno acordes con una idea de democracia bien diferente a la liberal. Para el catolicismo social, lo que debía ser representado no eran fundamentalmente los ciudadanos –en su perspectiva una mera abstracción liberal al servicio de los intereses de la burguesía– sino más bien los diferentes cuerpos, asociaciones, organismos, grupos y clases sociales efectivamente existentes de manera de integrarlas y reconstruirlas como un “pueblo”. Una noción, la de pueblo católico, que empezaría a circular cada vez con más fuerza entre los católicos sociales a comienzos del siglo XX.

Sus divisiones internas, de todas maneras, eran tan fuertes como sus coincidencias. Por un lado, divergían acerca del rol del Estado en este proceso; por otro, disentían también acerca de cómo pensar la composición de esos organismos intermedios y, en particular, los sindicatos. Las discusiones recorrieron por esos años la llamada Obra de los Congresos (Opera dei Congressi) en Italia en la década de 1870 y animaron también los debates durante el Congreso de Lieja, en Bélgica, en 1886. En este último, se llegó a proponer un programa para encarar la cuestión social basado en el impulso a las corporaciones profesionales, que debían ser fomentadas por el Estado, y mediante una reforma impositiva que mejorara la distribución de la riqueza, gravando las herencias. En términos políticos se propuso adoptar un modelo de democracia más corporativa que incluyera la representación de los sindicatos y las demás asociaciones profesionales en los órganos legislativos, al tiempo que defendían una administración descentralizada del Estado. A este grupo, conocido luego como los “reformadores sociales”, se le opuso en breve la denominada escuela católica liberal de Angers, cuyo lema era “Justicia, caridad, libertad”. Los católicos liberales de Angers, en dirección contraria, observaban con preocupación el pedido de una mayor intervención del Estado y subrayaban la importancia de respetar la libertad de trabajo y la asociación libre, así como las relaciones contractuales liberales entre capital y trabajo. Por otro lado, si bien ambas tendencias consideraban necesario el arraigo de los principios de la caridad cristiana para moderar las desigualdades sociales, los católicos de Angers acentuaban mucho más que sus pares de Lieja esta dimensión moral de la solución. Diferían también en sus percepciones sobre las clases dominantes, y particularmente sobre la burguesía. Mientras los liberales consideraban que la caridad cristiana reformaría por sí misma a los burgueses, llevándolos por su propia voluntad a moderar sus ganancias, para los reformadores sociales dichas expectativas eran ilusorias y totalmente funcionales a la burguesía. Por el contrario, consideraban que sin un cierto apoyo del Estado –sumado a la propia organización sindical– no podían esperarse mayores cambios. A estas dos tendencias principales se sumaban otras intermedias que se acercaban alternativamente a uno u otro polo. Entre ellas, los grupos de católicos sociales de Friburgo, el de las ligas campesinas belgas y los diversos núcleos que comenzaban a reivindicar la noción de democracia cristiana, por entonces de naturaleza más social que político electoral. Entre tanto, desde la Universidad de Lovaina en Bélgica, devenida una de las principales cajas de resonancia de los debates al interior del catolicismo social, se comenzó a alentar una cierta sistematización del pensamiento católico con el propósito de dar forma a una doctrina mínima, medianamente aceptada por la extensa constelación de grupos y tendencias. Una tarea que también comenzaría a impulsarse por esos años desde los sectores más reformistas de la curia romana.

La encíclica Rerum Novarum y el surgimiento de la doctrina social de la Iglesia

La promulgación de la encíclica Rerum Novarum en 1891, la primera centrada en el mundo del trabajo, supuso un hito y marcó el inicio de lo que mucho tiempo después comenzaría a definirse como doctrina social católica o de la Iglesia. En medio de los conflictos recurrentes entre los diferentes grupos, la encíclica asumió desde arriba una posición relativamente equidistante e intentó generar un marco para la acción social de los católicos a nivel global. Un conjunto de principios básicos que ofrecían un programa y delimitaban las fronteras políticas e ideológicas que los católicos no debían traspasar: por ejemplo, el rechazo de la propiedad privada. A través de dicho documento, León XIII buscó además moderar las críticas hacia la modernidad de su antecesor, Pío IX, y, en cierto modo, bajar a media asta la bandera de la intransigencia católica, condensada en el Syllabus de 1864. Un documento en extremo radicalizado que rechazaba toda negociación con el mundo moderno y que había sido ratificado por el Concilio Vaticano I a finales de la década. Célebre, además, por la proclamación de la infalibilidad papal en cuestiones de fe. Un programa de esa naturaleza limitaba enormemente la posibilidad de que los católicos intervinieran en la vida social y política y dinamitaba todo intento por tender puentes con el mundo contemporáneo. Dos décadas después, muerto Pío IX y aceptada ya, en parte, la desaparición de los Estados Pontificios como consecuencia de la unificación italiana, León XIII contó con mejores condiciones políticas en el Vaticano para revisar el legado de Pío IX. Por tanto, la Rerum Novarum no vino sólo a ocuparse de la cuestión obrera sino también a profundizar la transformación estructural que estaba viviendo el mundo católico a escala global. Contribuyendo a robustecer una Iglesia que dejaba de pensarse como un Estado más en disputa con sus vecinos europeos, para comenzar a concebirse, y a reconstruirse, como un poder político y moral de índole trasnacional capaz de intervenir desde adentro en la vida de los diferentes estados europeos y latinoamericanos en construcción. Un cambio que se expresaba también en el fortalecimiento del Papa en el mundo católico y en el lugar asumido por Roma como centro de formación de las élites eclesiásticas e intelectuales de la Iglesia a nivel mundial. En concreto, la encíclica aceptaba la desigualdad social vista como un fenómeno natural pero consideraba que debía mantenérsela dentro de ciertos límites según los principios de la justicia social. Un concepto que poco a poco se iría difundiendo entre los católicos en detrimento de la idea de beneficencia. Asimismo, en contraposición con la noción de lucha de clases, León XIII reivindicó los principios de armonía y colaboración. De fuerte impronta paternalista, la encíclica señalaba entre otras cosas que correspondía a la patronal asegurar el justo salario y las apropiadas condiciones de vida de los trabajadores. Al mismo tiempo, sin embargo, en acuerdo con la posición de los reformadores sociales, la encíclica no cerró la puerta a la intervención del Estado en determinadas circunstancias y tampoco negó la formación de sindicatos y uniones de trabajadores sin presencia patronal. El ideal, claro está, era la conformación de instancias interclasistas donde patrones y obreros acordaran en nombre de la justicia social una convivencia pacífica y una mutua colaboración. Pero, tomando distancia de la mirada de los católicos de Angers, el documento aceptó finalmente que, cuando no era posible la cooperación, los trabajadores se organizaran por sí mismos y fueran a la huelga, siempre y cuando no tuviera un objetivo revolucionario.

Una nueva cristiandad

Finalmente, la encíclica contribuía también a transformar al catolicismo social en una ideología política, competitiva con las de sus adversarios de izquierda, al dotarlo de un programa reformista y un horizonte utópico encarnado en lo que se presentaba como una “nueva cristiandad”. Un modelo de sociedad que los católicos tenían que contribuir a construir, al igual que socialistas y anarquistas, con militancia, organización y movilización. Los ingredientes esenciales de cualquier identidad política moderna. El impacto de la encíclica fue muy importante en todo el mundo católico y también más allá de él, en un contexto marcado por el auge de las vertientes reformistas, frente a las escandalosas consecuencias sociales de la industrialización capitalista y el “peligro” real de nuevas revoluciones. Entre ellas se contaban el denominado movimiento por el Evangelio Social en Estados Unidos y parte del mundo protestante, el “solidarismo” en Francia y el “nuevo liberalismo” en Inglaterra. En este clima de ebullición y competencia ideológica, alentados por la encíclica, los católicos generaron rápidamente numerosos movimientos sociales que reivindicando la Rerum Novarum se lanzaron a intervenir en la vida pública y a movilizarse en pos de la fundación de sindicatos, cooperativas, mutuales, ligas y uniones de trabajadores. Unas tramas que, en las décadas siguientes, darían vida a federaciones sindicales importantes en varios países europeos y a la actuación de partidos católicos de peso en Bélgica, Alemania e Italia. De ellas surgirían también, durante la segunda mitad del siglo XX, otras vertientes teológicas y políticas más radicales, en este caso principalmente en América Latina.

Los inicios del catolicismo social en Argentina

El impulso de la Rerum Novarum también se hizo sentir rápidamente en Argentina. En 1892 se fundó el primer Círculo de Obreros, el “Central” en la ciudad de Buenos Aires, y poco después se crearon otros en el interior del país, entre ellos el de Rosario que llegaría a ser en los años veinte uno de los más importantes. A fines de esa década, la Federación de Círculos se acercaba al centenar y contaba con unos treinta mil afiliados. Números que, si bien no se asemejaban a los alcanzados por el catolicismo social en otros países de América Latina, como Brasil o México, evidenciaban la existencia de una corriente social-católica consolidada. En el terreno sindical los resultados fueron en general bastante magros, comparados con los de otras orientaciones ideológicas, pero eso no fue en desmedro de una persistente influencia alcanzada en los debates legislativos vinculados al mundo del trabajo y en los organismos estatales que se fueron creando, como el Departamento Nacional del Trabajo. Asimismo, su presencia fue muy importante en la creación de instituciones mutualistas, entre ellas los Círculos de Obreros. En las primeras décadas siglo XX, los círculos brindaban cobertura médica y de sepelio, seguro de desempleo y en algunos casos bolsas de trabajo. Además, motorizaban todo tipo de actividades recreativas, deportivas y artísticas en sus respectivas sedes sociales. Algunos de ellos, como en Buenos Aires y Rosario, llegaron a contar con teatros, cines e incluso sanatorios propios, edificados en los años treinta con el fin de centralizar la atención y mejorar la viabilidad económica de los emprendimientos. Al menos hasta que, durante los años cuarenta y cincuenta, el nuevo rol asumido por el Estado en materia social y, como señala Juan Carlos Torre, el denominado proceso de “democratización del bienestar” generado por el peronismo, pusieran en cuestión la necesidad de instituciones como los Círculos y, en términos más amplios, erosionaran el campo de acción del tipo de mutualismo impulsado por los católicos sociales argentinos.

*(ISHIR-CONICET/UNR) [email protected]

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