Ana Laura Píccolo
El reclamo que durante la última semana realizaron internos de cárceles santafesinas para que las autoridades tomen medidas de seguridad mínimas que eviten la propagación de la pandemia del Covid-19 en los lugares de detención no fue oído a tiempo. Tampoco el habeas corpus que el domingo presentó el Servicio Público de la Defensa Penal para informar sobre las deficiencias sanitarias y alimenticias que estaban vulnerando el derecho humano a la salud de quienes están privados de la libertad. El resultado fue el peor. Motines en las tres Unidades Penitenciarias más pobladas de la provincia y un saldo de al menos cinco presos muertos, decenas de heridos y destrozos en las ya precarias instalaciones que alojan a miles de personas. La situación llevó también angustia a los familiares de detenidos que se encontraron viendo imágenes de pabellones quemados, internos trepados a los techos, el sonido incesante de las balas de uniforme y noticias de muertes sin nombres propios.
A eso se sumaron audios con pedidos de socorro enviados desde el interior de las cárceles que fueron recibidos tanto por defensores públicos y privados como por periodistas y talleristas que acuden con frecuencia a los penales, además de familiares que replicaron el llamado de auxilio de sus seres queridos sin tener a dónde acudir para obtener información.
Desde adentro
Algunos de los audios enviados el lunes son desesperantes: “Están prendieron fuego y ellos están arriba. No sabemos si están encerrados, quemados, vivos. Están matando gente y quemándola viva. Es impresionante”, dice una voz.
“La bronca era con la policía. Después la policía mató a un pibe. Y después un terror bárbaro. Uno se regaló en el pabellón donde estaban los degenerados y lo mataron. Al otro le sacaron un ojo. Y ahí mataron como a seis o siete. Se corrían con lanzas. A palazos, a patadas y los prendieron fuego en medio de la cancha. Que Dios nos guarde”, describe otra voz mientras que otro mensaje advierte: “Recién entró la TOE. Se estaban matando, hay decapitados, muertos, quemados en el patio. Se pudrió feo”.
Este martes los pedidos de ayuda continuaron. Desde la cárcel de mujeres dijeron: “Estamos todas encerradas en los pabellones. No nos dan de comer, ni agua, ni nada a ninguna. Por eso estoy pidiendo ayuda. Ni siquiera la medicación. Hay gente que es diabética acá adentro. Por favor ayúdennos”.
Desde Coronda dijeron que este martes los “engomaron” aún más y que la tensión y la represión aumenta porque no tienen agua ni comida: “Nosotros también somos gente. Nosotros también somos humanos. No somos animales. Necesitamos ayuda”, dijo un joven.
Otro agregó con disparos de fondo: “Quiero comunicar que estamos re verdugueados, no hay agua, no hay pan, no hay comida, no hay medicación, ni atención médica. Estamos re mal y queremos que se sepa la verdad. La televisión miente. Ahora la policía está reprimiendo de nuevo”.
La voz de otro detenido cuenta que están pasando “mucha necesidad” y pide ayuda: “Estamos sin agua, ni comida. Hay mucha gente con enfermedades como HIV, tuberculosis, neumonía, hepatitis, diabetes. También muchos heridos de ayer sin atención médica”.
Desde afuera
“Ayer cuando me enteré de lo que estaba sucediendo tuve mucha angustia, mucho temor por mi hijo, al que gracias a Dios no le pasó nada. Lo único que reclaman son elementos de higiene y comida. Ya van tres días que no comen. No les dan comida, ni agua, no tienen nada. No tienen ni agua para echarle al inodoro. Tampoco los dejan recibir paquetes. Hoy (por este martes) un chico se prendió fuego para pedir comida”, dijo la mamá de un joven preso en Coronda tras asegurar que las cosas no se calmaron y la represión continúa.
“Reconozco que mi hijo cometió errores y los está pagando. Pero son seres humanos y nadie tiene derecho a hacerles lo que les están haciendo. Como madre estoy destrozada. Tengo mucha angustia y nervios porque nadie se merece eso. Los penitenciarios no cumplen con lo que dice el gobierno que les están dando”, lamentó.
Un padre de dos presos en la cárcel de Piñero dijo: “Tengo dos de mis hijos detenidos. La verdad es que vivimos con una gran angustia lo que pasó el lunes. Yo tengo una discapacidad motora, aparte soy diabético e hipertenso, todo esto realmente me desbordó, me pareció un periplo”, contó.
“Porque uno no sabe qué pasa internamente. El Servicio Penitenciario es una institución muy cerrada y cuando se dan casos de corrupción es grave. No se sabe si van a dejar un pabellón liberado, para que otro grupo se cobre deudas, ni la realidad que se vive adentro en cuanto a la comida y a otras cuestiones que hacen a lo humano a nivel sanitario y médico”, agregó.
“Sabemos que una parte del pensamiento conservador va a decir que está bien que estén ahí encerrados, pero lamentablemente el hilo siempre se corta por lo más delgado. Por eso la mayoría de las condenas son por problemas de adición que recaen siempre sobre los pobres: la cárcel es la criminalización de la pobreza”, refirió.
La impotencia de los abogados
Muchos de los receptores de esos mensajes fueron los abogados de los detenidos, quienes debieron atender los llamados desesperados de sus familiares sin poder darles ninguna garantía.
Al igual que los defensores públicos, que sólo en Rosario presentaron unos 120 pedidos de arrestos domiciliarios para la población de riesgo a fin de menguar el hacinamiento que hay en las prisiones, los privados hicieron lo propio.
Según contó el abogado penalista Ezequiel Torres ya presentó una decena de habeas corpus correctivos para clientes alojados en distintas unidades penitenciarias considerados de riesgo en caso de contraer coronavirus.
El letrado dijo que también hay un porcentaje importante de internos en la población penal que venían cumpliendo salidas laborales y transitorias, actualmente suspendidas para evitar el contagio, que podrían continuar las condenas en sus domiciliarios mientras dure la pandemia.
“Ellos entienden que les hayan cortado las salidas porque aumenta el riesgo al contagio del virus. Pero la mayoría salía de lunes a sábados, desde las 9 de la mañana hasta las seis de la tarde, y demostraron que siempre regresan solos al penal. Se trata de personas que ya cumplieron más de la mitad de la condena, que tiene empleadores y familiares que se hicieron responsables y que podrían continuar con domiciliaria”, ejemplificó Torres.
“En primer lugar porque han demostrado que no se van a fugar y han alcanzaron el máximo nivel de confianza en el sistema de progresividad. Y en segundo término porque no son planteos genéricos sino casos puntuales donde se ven cuartados sus derechos”.
A eso, el abogado le agregó los casos de internos que padecen enfermedades en espacios de hacinamiento con difícil acceso a la salud. “Hay personas con problemas respiratorios en lugares sobrepoblados. Si entra el virus va a terminar siendo mortal para ellos, sin posibilidad de retroceso. Mucha gente se enoja y opina sobre los presos. Pero lo que hay que entender es que lo que está en juego es la vida de personas, no el riesgo a que queden en libertad. Porque el Estado tiene herramientas para controlarlos, como las tobilleras electrónicas. Es paradójico que el Estado prohíba el contacto de quienes estamos en libertad y el mismo Estado obligue a los detenidos a estar hacinados sin alimentos ni elementos de higiene básicos”, concluyó Torres.
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