El Ciudadano
Cinco personas serán juzgadas desde este lunes por el homicidio de un joven panadero que en 2017 fue enterrado vivo en la localidad salteña de Salvador Mazza luego de permanecer diez días desaparecido.
El debate comenzará este lunes a las 9, en el Salón de Grandes Juicios de la ciudad de Tartagal, unos 365 kilómetros al norte de Salta Capital.
Los imputados son Tomás Parada, Enzo González, Carlos Calvimonte, Ernesto Áleman y Ángela Cuellar, quienes están acusados del “homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas” de Luis Alberto Nino, de 25 años, delito que prevé la pena de prisión perpetua.
De acuerdo a la acusación, todo comenzó el 17 de mayo de 2017, cuando Nino, quien residía en Salvador Mazza, en la frontera de Salta con Bolivia, salió de su casa por la madrugada a repartir el pan del comercio en el que trabajaba.
El joven partió a bordo de un automóvil marca Renault Clío que le proporcionaban los propietarios de la panadería para que, justamente, realizara el reparto diario.
Al mediodía, la dueña del comercio se comunicó con la familia del joven para avisarles que éste no había regresado y tampoco contestaba su teléfono celular, por lo que se denunció su desaparición.
A partir de allí comenzó una intensa búsqueda que se extendió durante diez días y en la que intervinieron efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones y de otras dependencias, bajo las directivas del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.
El 27 de mayo de ese año se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos, uno de ellos en una finca ubicada en las afueras de Salvador Mazza, en una zona de serranías. Allí, los investigadores hallaron el cuerpo de la víctima, enterrado en un pozo de 1,20 metros de profundidad, y tapado con tierra y cal.
Una vez rescatado el cuerpo de Nino, su madre lo reconoció y se le practicó la correspondiente autopsia, que determinó murió por asfixia obstructiva en las vías aéreas, por lo que había sido enterrado vivo.
A partir del hallazgo del cadáver los investigadores detuvieron a Parada, quien era el propietario de la finca donde se encontró el mismo; a Cuéllar, pareja del primero; y a los otros tres hombres que ahora van a juicio con ellos.
Si bien en un inicio de la investigación se sospechó que el crimen había estado motivado por un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, la familia de la víctima rechazó esa posibilidad.
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