Al séptimo día se solucionó. La intermediación del juez federal Carlos Vera Barros en el lugar y la intervención de las áreas sociales de Municipalidad y provincia resultaron claves para que en la tarde de ayer, a una jornada y media de la irrupción de vehículos y personas prevista para el tramo final del rally Dakar, se pusiera punto final al piquete que un grupo de familias de barrio Las Flores mantuvieron durante una semana sobre la autopista Rosario-Buenos Aires.
En medio de una tensión creciente, con un despliegue de efectivos de Gendarmería que por momento cuadruplicaba a los manifestantes que mantenían cortada la autopista y con media docena de presentaciones –tres en la Justicia provincial y la otra mitad en el Fuero Federal– el juez Vera Barros se hizo presente en el mediodía de ayer en el lugar del piquete para tratar de desactivar “pacíficamente” la protesta y liberar la clave vía.
La intervención logró destrabar la situación y despejar momentáneamente la autopista.
Y dio paso a una reunión durante la tarde entre miembros de seis familias que mantenían el piquete y autoridades municipales y provinciales que logró desactivar la protesta, tras una semana de cortes parciales y totales con embotellamientos, desvíos de tránsito y múltiples problemas.
Los manifestantes reclamaban ser incluidos en el plan de relocalización que la Municipalidad y el gobierno provincial vienen implementando desde hace meses en la zona y que involucra a unas 300 familias, asentadas en el área donde pasará la nueva colectora para la autopista, que ya está en construcción, y en lo que será área de descanso y predio parquizado. El acuerdo para despoblar tota la zona incluyó distintas variantes, que fueron desde el traslado de familias a viviendas ya construidas en Rouillón y Seguí, hasta un subsidio por alquiler mientras se terminaban de construir otras, pasando por subsidios para construcción a grupos familiares que prefirieron mudarse a viviendas de sus parientes que tenían espacio para ser ampliadas, explicó el director del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat de la Municipalidad, Raúl Álvarez
El funcionario formó parte de la reunión con las familias, que se realizó en la sede de la Secretaría de Promoción Social, con la participación de la titular del área, Cecilia González, y el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Fernando Leva. Allí se acordó que el proceso de relocalización en marcha no se volverá a abrir, pero en cambio se puso en marcha un dispositivo de contención social con “reuniones individuales” con cada grupo familiar que transcurrirán entre hoy y mañana, para relevar la cantidad de miembros de cada grupo y su situación social, laboral, y de salud.
En las entrevistas se va a trabajar con cada familia para relevar su situación y para incluirlas en los programas, como la Tarjeta de Ciudadanía y los planes de capacitación laboral. Pero no así el reclamo central del aguerrido piquete: “El entendimiento no incluye el compromiso de viviendas o subsidios”, cerró Álvarez.
Con todo, el funcionario distinguió que el corte había llegado a involucrar 12 familias: seis de ellas sí estaban incluidas en el plan de relocalización, pero se habían sumado ante el temor a un incumplimiento oficial. “Como no había tal cosa, entraron en razones y se retiraron antes”, concluyó el director municipal.
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