Guillermo Correa
En medio de un escenario que continúa siendo complejo pero al menos por ahora augura un “diciembre tranquilo”, transcurrió ayer la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en el Transporte Urbano de Pasajeros, el cuerpo colegiado que integran todos o casi todos los actores vinculados al sistema. Del cónclave virtual participaron el Ejecutivo municipal, las y los ediles que integran la comisión de Servicios Públicos del Concejo, el gremio del sector, la Unión Tranviarios Automotor –cuyo titular, Sergio Copello, no ve en el horizonte cercano un nuevo conflicto– y representantes de las tres empresas que prestan el servicio en la ciudad, la regional Rosario Bus, la mendocina El Cacique y la estatal Semtur. Sólo no estuvieron en el cónclave virtual –habían sido invitados– representantes de la Nación y de la provincia, de quienes se espera su participación cuando el cuerpo comience a trabajar ya concretamente en el rediseño del sistema: por el complejo entramado de subsidios que acompaña a la red local, que está entre las mayores tres del país, será clave en algún momento.
Ediles del oficialismo y la oposición coincidieron en que esta primera reunión tenía más de formal que de otra cosa. Sirvió para avanzar en la modalidad de trabajo, la periodicidad de las convocatorias, y el abordaje de la cuestión. Y aunque la mesa fue caja de resonancia de las diferencias o distancias entre unos y otros por los sectores o intereses que representan, lo cierto es que primó el acuerdo. Todos entendieron que en lo que resta de 2020 no parece haber nuevas tensiones y que en lo que queda de diciembre no se va a avanzar en modificación alguna de lo que hay, por lo que quedaron en verse nuevamente en los primeros días de enero para, ahí sí, empezar a pensar en un sistema sustentable pero que no resigne calidad del servicio. El acuerdo –o no– será sobre qué hilo se corta y cuál se deja.
“Es una comisión exclusivamente de seguimiento. Cuando se discutió la emergencia en el Concejo, que nosotros votamos negativamente, planteamos que debía ser un garante en el marco de la tensión entre calidad del servicio y rentabilidad empresaria. Que fuera una garantía de que esa tensión no no se iba a resolver en desmedro de los usuarios”, explicó a El Ciudadano el concejal Eduardo Toniolli, quien integra la comisión como miembro del bloque Frente de Todos-PJ.
El edil recordó que su sector reclamaba que el cuerpo tuviera mayor capacidad resolutiva o vinculante, pero a la postre quedó con un “rol subalterno”, aunque otros de sus pares dieron por seguro que los consensos que se alcancen en la mesa servirán para orientar –y acaso más– las decisiones del Departamento Ejecutivo. Si es cierto que la declaración de la emergencia le confirió al Palacio de los Leones la potestad de renegociar los pliegos de concesión del transporte público sin pasar por el cuerpo legislativo.
Por lo pronto, Toniolli pidió –y logró– que se escriba un acta por cada reunión, en la que quedará asentada la posición de cada integrante y las diferencias o acuerdos que vayan surgiendo. De igual modo, cuestionó que el transporte en la ciudad esté funcionando “con un servicio que ni siquiera alcanza lo que era la grilla de los sábados”, en tiempo prepandémicos, aunque se mostró de acuerdo en que la grilla sea “mucho más flexible y atada a cada corredor”. Pero es “razonable” mientras dure la pandemia, “no que se sostenga después”. Como ejemplo, el edil recordó las mediciones de usuarios del sistema durante la crisis de 2001-2002, cuando muchos usuarios, en un marco de crisis social, desocupación y más, dejaron de usar el servicio: cuando comenzó la recuperación económica, a partir de 2003, muchos volvieron a subir a los ómnibus, pero no todos los que se habían bajado.
Para el edil peronista es clave que, en la pospandemia, no se vuelva a repetir un fenómeno que ya ocurrió: que “quien vuelve a trabajar elige comprarse una motito”. Insiste en que ese escenario es “un buen indicador de recuperación económica”, pero “es malo para la sociedad y para el medioambiente”, como todo transporte individual. “Nosotros decimos que hay que hay que inducir el aumento de la demanda desde el Estado. Por ejemplo con la mejora del servicio”, indicó. Y admitió que ahora se va a ir a un sistema “a la baja”, pero volvió poner reparos en que la situación se torne permanente: “La emergencia se declaró por dos años, pero los contratos renegociados pueden durar hasta 2029”, remarcó.
También formó parte del cónclave Pitu Salinas, concejal de Ciudad Futura, quien también forma parte de la oposición, pero votó afirmativamente la emergencia. En lo grueso coincidió con su par Toniolli y fue quien reafirmó que en lo que queda de diciembre “no se va a implementar nada” de lo que ya se está deliberando. “Fue una reunión introductoria, interesante a esos fines. Nos sentamos los trabajadores, los directorios de las distintas empresas, el Ejecutivo, el Concejo”, describió para destacar, aun en esas condiciones, el primer avance clave. “Mancomunarnos en un objetivo común: sostener un sistema de transporte que no corte los servicios barriales”, puntualizó.
Es que en una coincidencia que involucra también a la secretaria de Movilidad, Eva Jokanovich, todos admiten que el diagnóstico no es sustentable para el sistema: de poco menos de medio millón de pasajeros diarios se pasó a menos de 90 mil, y ahora, con reapertura de algunas actividades presenciales, escaló un poco más pero la media es de unos 110 mil. Es decir, menos de la cuarta parte que antes del covid-19, lo que afecta en modo fatal el mecanismo recaudatorio, que en Rosario y en todo el interior del país se sostiene en buena parte –y hasta más– con el pago del boleto que con los esquemas de subsidios.
“Nos toca y nos interesa defender el interés común de los usuarios”, remarcó el concejal Salinas, haciendo hincapié en la necesidad de continuar abasteciendo con movilidad a los barrios, aunque el grueso del flujo se concentre en las lineas troncales, y de ellas las que tienen mayor frecuencia.
Salinas sí reflejó que en la reunión también la prestadora El Cacique confirmó que va por un aporte extraordinario para poner en orden sus cuentas, pedido que ya había adelantado en dos notas formales al Concejo: en ese marco recordó que la comisión “debe contar con información” ante un pedido así, es decir, debe poder acceder, de algún modo, a memorias, balance y a la contabilidad de las empresas, en particular las privadas.
Por parte del oficialismo participó el concejal Fabrizio Fiatti, de Creo, la fuerza política del intendente Pablo Javkin. El edil garantizó que se podrá acceder al información que haga falta “a través del Ejecutivo para que puedan canalizarla”, pero a la par marcó que el pedido de la concesionaria “excede” al Palacio de los Leones e incluso al Estado provincial, ya que son cuentas que se entroncan con los subsidios de la Nación.
Fiatti coincidió con sus pares en el carácter de estreno de la comisión: “Fue un primer encuentro con todos sentados en un mismo ámbito. El Ejecutivo puso sobre la mesa las características de la situación, los factores que pueden ser el puntapié de por dónde empezar a trabajar las modificaciones de lo que se viene”, refirió.
En esa línea también coincidió con la información del Ejecutivo en cuanto a que “hay una alta demanda”, pero concentrada en pocas líneas. “Es la foto del momento. Y como el objetivo es sostener los usuarios y sumar más usuarios, hay que trabajar línea por línea”.
El edil trazó el posible mapa que se viene, que es evitar la superposición de líneas troncales. Así dejó entrever que puede haber recorte de frecuencias en algunas, pero aumento en otras, a modo de prestar servicio eficaz en recorridos comunes. Y en cuanto a los barrios hizo hincapié en que “hay que dar certeza a los vecinos” que usan el transporte público, es decir que ahí tallan las aplicaciones como el Cuando llega?, con la certeza de que cuando dice que va a pasar, pase. “Que los vecinos cuenten con información que le dé más previsibilidad al sistema, por ejemplo para salir del barrio y llegar al corredor principal, donde encuentren buena frecuencia”, ejemplificó.
Pero corrigió en que “no es la idea generar transporte a demanda”, sino que “la información que dé sea la que va a suceder”.
“Como una síntesis, queremos evitar kilómetros ociosos, lineas superpuestas, atender la alta demanda de los corredores principales y dar certeza a los vecinos”, puntualizó.
Con ese esquema Fiatti cree que se podrá llegar a un andamiaje más sustentable en la emergencia, pero también recordó que una bisagra fundamental son los subsidios nacionales: “El 80 por ciento se sigue concentrando en el Amba y el interior no los tiene. Y esto repercute en cómo se sostienen las empresas, porque en el interior dependían de los boletos”, explicó. En ese marco, se esperanzó en que la discusión y los reclamos a Buenos Aires encuentre un cause con más “sentido de la realidad” y también que en 2021 los subsidios, más allá del reparto, lleguen “con normalidad, lo que no ocurrió este año”, ya que es una piedra angular para “un sistema más sostenible”.
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