Claudio de Moya
“Presunta existencia de un Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial”. El relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de los jueces pidió aclaraciones al Estado argentino en torno a este grave tema. Fue a principios de noviembre pasado y la consecuencia de una denuncia que consideró verosímil.
Uno de los casos que figura en esa presentación es el hostigamiento al entonces juez federal Carlos Rozanski, quien comandó resonantes juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y en 2016 fue forzado a jubilarse bajo amenaza de iniciarle un proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura.
El ex magistrado acusó en varias oportunidades a la gestión Cambiemos de organizar la persecución política de opositores con la complicidad de una tríada. Ni más ni menos, aunque la excede, la que se ventila en la llamada causa D’Alessio. Rozanski califica sin eufemismos esta asociación y advierte que no cesará con el recambio en la Casa Rosada: “Lo que se va la semana que viene es una parte de la mafia que gobernó la Argentina durante cuatro años. La parte que queda es la que sigue instalada en los servicios de inteligencia, en los medios de comunicación hegemónicos y en la Justicia”.
El ex juez estuvo en Rosario y conversó con El Ciudadano. Rozanski está convencido de que, detrás de un programa urgente para desterrar el hambre, la lista de prioridades de la flamante gestión nacional debe seguir con una “reforma estructural” de la Justicia que minimice la reincidencia en esas tramas. Con leyes, dice, y si hay espacio, con una reforma constitucional. Al mismo tiempo, sostiene, es necesario investigar a los funcionarios sospechados de cometer delitos: “Hay jueces que han mirado para otro lado, y otros que han actuado en complicidad con delitos. Es un presupuesto de la democracia, no se puede sostener en sus cargos a gente que ha cometido delitos”.
Todas las encuestas de imagen de las instituciones argentinas coinciden en el alto descrédito popular de la Justicia. Durante la presidencia de Mauricio Macri, arreciaron las denuncias por manipulación o armado de causas penales, designaciones y apartamientos irregulares o coercitivos de jueces según el grado de afinidad con el Ejecutivo y abuso de medidas procesales como la prisión preventiva en causas de resonancia política, en una suerte de condena anticipada. El fundador del PRO, en el mensaje grabado que se emitió el jueves último por cadena nacional, insistió en colocar como uno de los activos de su gestión el haber apuntalado la independencia de la Justicia.
“El discurso del presidente es coherente con la mecánica que utilizaron desde el primer día. La manipulación de la Justicia forma parte del plan económico. El modelo neoliberal de transferencia de recursos sólo podía llevarse a cabo con la complicidad, entre otros, de una parte del Poder Judicial, además de los medios hegemónicos y de los servicios de inteligencia”, señala Rozanski sobre ese balance de ciclo sobreeditado.
De entrada
El ex juez pone como ejemplo del contubernio que denuncia un hecho ocurrido el 24 de julio de 2016. “Quedó claro desde el principio. Dijeron esa noche que el Ejecutivo había decidido echar a tres jueces federales, y pusieron las fotos nuestras en el programa de Jorge Lanata. La de Eduardo Freiler, la de Daniel Rafecas y la mía. Lo anunciaban públicamente. A la semana, el representante del Ejecutivo nos denunció ante el Consejo de la Magistratura, por lo que queda explícito que era un plan sistemático. Y que lo llevaron a cabo”.
Una de las patas de la entente a la que alude Rozanski está, dice, en el Poder Judicial. No sólo en los Tribunales Federales de Comodoro Py, aclara. Tampoco es nueva, agrega, y por eso propone, como única salida, su reforma estructural, de raíz. Cree que con el gobierno que encabeza Alberto Fernández hay una oportunidad inmejorable de llevarla a cabo.
Larga data
“Es una historia vigente en lo que se denomina la familia judicial. Una comunidad ideológica que se reproduce de generación en generación e impide esa apertura democrática imprescindible para terminar esos ciclos perversos”, contextualiza el ex magistrado.
Recuerda: “Los jueces y los fiscales son los mismos, muchos estuvieron en dictadura y democracia. Lo que cambia, más allá de las personas que se renuevan, es cómo cada juez o fiscal se va acomodando a la realidad política del momento. Es lo que más debería preocupar. El ejemplo más claro es que los jueces federales, en general, han acompañado los golpes de Estado. Incluso desde la Corte Suprema. Desde el 6 de septiembre de 1930 (derrocamiento de del radical Hipólito Yrigoyen): cuatro días después, la Corte lo convalidó”.
Lo permanente es “esa afinidad de un sector recalcitrante del Poder Judicial con las dictaduras”. A veces más, a veces menos: “Se morigera cuando viene un gobierno democrático. Y en determinados gobiernos, como éste (por el de Cambiemos), aflora lo peor y se traduce en lo que todos conocen que son (juez federal Claudio) Bonadío, (fiscal Carlos) Stornelli, que funcionan en sintonía y complicidad con el gobierno de turno. En este caso, con las persecuciones para instalar un determinado plan económico”.
En carne propia
Rozanski presidía el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde 2006 estuvo a cargo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y condenó a prisión perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, al ex capellán de esa fuerza Christian von Wernich y al ex ministro civil del gobierno bonaerense de facto Jaime Lamont Smart, entre otros.
El gobierno de Macri, a través de su representante en el Colegio de la Magistratura, reactivó a poco de asumir una vieja denuncia en contra de Rozanski por supuesto maltrato laboral a su personal, una presentación hecha en 2011 por el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato. Fue el ariete para que, denunció, el ex ministro de Justicia Germán Garavano le “propusiera” acogerse a la jubilación. El todavía juez grabó esa conversación, que huele a extorsión: en paralelo, su figura era cuestionada con recurrencia en los medios de comunicación que acompañaron a la gestión Cambiemos.
Rozanski tenía a su cargo en esos momentos la causa por evasión agravada contra el valijero Leonardo Fariña y le había negado la excarcelación. La hipótesis es que hubo un acuerdo entre la Casa Rosada y el imputado: si se “arrepentía” y declaraba contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández, iba a quedar libre y, como garantía de ese pacto, estaba la promesa de sacar al magistrado platense del medio ante la certeza de que iba a ser un escollo.
La denuncia de esa trama figura en la investigación que tramita el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Ese expediente tiene como principal protagonista al espía —aún por verse si orgánico o inorgánico de la AFI— Sebastián D’Alessio. Es, al mismo tiempo, otra muestra de lo que denuncia el ex juez de La Plata: el propio Macri cuestionó en una entrevista a Ramos Padilla: “Hizo unas cuantas”, le endilgó sin pruritos de división de poderes, y a las horas instruyó acusarlo en el Consejo de la Magistratura. En la causa de Dolores están involucrados varios ahora ex funcionarios de Cambiemos y el fiscal funcional al macrismo Carlos Stornelli, entre varios más.
De raíz, o no sirve
La propuesta de Rozanski es cortar por lo sano. “Las reformas parciales, por mejor intencionadas que sean, fracasan”. Pone un ejemplo. “La entonces presidenta Cristina Fernández presentó un proyecto, que fue ley, para reformar el Consejo de la Magistratura. Un muy buen proyecto para una pequeña mejora democrática. Establecía que los integrantes del Consejo, que básicamente eligen y echan a los jueces y pertenecen a tres corporaciones, abogados, jueces y académicos, sean elegidos por el voto popular. A mi entender, aunque parcial, era una reforma revolucionaria. Jueces que eventualmente deciden sobre la vida de millones de personas ocupan esos cargos sin la intervención de los afectados por sus fallos”, explicó.
“Cómo terminó la historia: la Corte Suprema declaró la ley inconstitucional. Esto demuestra que las reformas parciales, que dependen de la Corte”, no resuelven el problema, completó el argumento.
Ahora
¿Cuándo es el momento para un cambio de fondo? Rozanski está convencido de que es el actual. “La vocación política existe, creo, porque Alberto Fernández es abogado, profesor universitario e hijo de juez, conoce perfectamente este tema y, desde mi punto de vista, es una buena persona. Si es honesto intelectualmente como me consta y tiene conocimiento de la problemática, casi de manera inevitable, en algún momento, va a surgir la decisión política, y será de carácter estructural”.
Uno de los cambios necesarios en ese contexto, ejemplifica, es ampliar el número de integrantes de la Corte. “(el ex juez Eugenio) Zaffaroni hace años habla de una de 19 miembros. No es un tema menor, es la cabeza del Poder Judicial. Y deben ser elegidos acorde a los criterios fijados por las Convenciones sobre Derechos Humanos que están en la propia Constitución”, sostiene Rozanski.
Urgente
“Es una de las medidas más urgentes. El hambre es una prioridad, lo explicaron Alberto Fernández y su ministro de Desarrollo, Néstor Arroyo. Pero la Justicia también es urgente, porque es uno de los ámbitos en que más se ha colaborado, durante el gobierno que se va, para implementar y sostener el modelo de saqueo en lo económico y de persecución política necesaria a través de la Justicia, para disciplinar”. Concluye: “Fue exitoso, y posible porque la Justicia no se reformó”.
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