Economía

Panorama económico

Lo que dicen y lo que no dicen las primeras medidas de Alberto F.

El gobierno entrante inicó el viraje político respecto de la gestión Cambiemos con la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, pero aún no aparece con claridad cómo hará para salir de este modelo insustentable y alcanzar el desarrollo con justicia social que añoran los argentinos


Fundación Pueblos del Sur (*)

Especial para El Ciudadano

 

En estos días, el gobierno de Alberto Fernández comunicó una serie de medidas económicas que integran el proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación denominado “de Solidaridad y Reactivación Productiva”.

En la vanguardia de esta iniciativa se encontró al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien expuso los lineamientos generales de un “plan económico integral” que el gobierno dice tener, pero del que aún no se dieron a conocer detalles, ni los números de sus proyecciones. También se pudo escuchar al ministro en una extensa entrevista que le hicieron dos periodistas en un programa en vivo emitido por< Todo Noticias<, donde abundó la no-respuesta, en clara señal de que el gobierno prefiere guardarse las cartas, en medio de las negociaciones que se están desarrollando con los acreedores de la deuda pública y del acomodamiento político propio de inicio de gestión.

Guzmán expuso sin reparos la situación de debilidad, fragilidad e insolvencia económica y financiera que tiene la economía argentina, cuestión que no pocas personas venimos manifestado y advirtiendo, incluso antes de la implosión del modelo macrista, en abril de 2018. En ese diagnóstico de situación también detalló el fracaso del modelo económico propuesto y avalado por el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, vigente desde junio de 2018, y la necesidad de cambiar “un modelo que fracasó en todo el mundo”.

De esta manera, el ministro definió el estado de situación desde el que parte su gestión y sobre el que se aplicarán las medidas para “frenar la caída y tranquilizar la economía”, poniendo punto final al relato del gobierno saliente, que nunca reconoció la gravedad de la crisis y que proponía seguir adelante con el mismo modelo, el que desde su propia mirada, era el único camino posible para la Argentina.

Las declaraciones del ministro de Economía estuvieron claramente enfocadas en la economía del sector público; afirmó que no hay recursos para hacer una expansión fiscal, pero que tampoco se pueden hacer más ajustes. Esto significa que el gasto público primario no se puede seguir ajustando en la prestación de los bienes y servicios públicos que afectan sensiblemente a los sectores más perjudicados y vulnerables del país. Sin embargo, también dijo que la insolvencia del Estado es real y grave, y que la Argentina no tiene acceso al crédito para salir inmediatamente de esta situación.

De esto se desprende la lógica del paquete de medidas económicas enviado al Congreso en estos días; la visión es que el Estado tiene que obtener más recursos por la vía de la imposición tributaria, ya que tampoco puede hacer una expansión monetaria irresponsable que alimente el ritmo inflacionario. El debate hoy pasa por quién soporta esta mayor imposición y qué criterio político impera en la decisión final del Congreso.

Por lo tanto, hasta aquí, frenar la caída de la actividad económica es un objetivo importante, pero subordinado en tiempo y forma al principal tema y objetivo del equipo económico actual: la deuda pública.

En efecto, no hay dudas que la indicación más importante y urgente que recibió Guzmán es resolver el problema del “virtual default” que dejó la administración anterior. Esto es coherente con los movimientos políticos del presidente y con la designación de un ministro cuyo tema de incumbencia y especialidad es la deuda pública; sobre todo con el gesto contundente de atención al interés de los acreedores que resulta la designación de Daniel Marx como asesor de la deuda, quien cuenta en su haber con grandes favores a los grupos financieros internacionales y banqueros, otorgados desde su frecuentada posición de funcionario público.

No es explícito, aunque sí probable, que la definición de este conjunto de medidas iniciales, la orientación de las declaraciones, las omisiones deliberadas a explicitar los números, proyecciones y detalles del “plan integral”, tengan que ver con que el gobierno está basando sus próximos pasos en la posibilidad de reprogramar la deuda pública externa; ésta, que es una definición política importante del nuevo gobierno, sólo se puede confirmar con el correr de los días, porque “la mejor manera de conocer al rengo, es viéndolo andar”.

Si es así, se comprende por qué las medidas fiscales propuestas en el proyecto de ley están estrictamente orientadas a incrementar la recaudación por la vía de la imposición tributaria a residentes locales, a fin de contener el déficit fiscal como clara señal de voluntad de pago a los bonistas. A esto se suma la disponibilidad de 4.500 millones de dólares que el Banco Central le dio al Tesoro para pagar deuda; pero deuda externa, porque los 9.000 millones de dólares de vencimiento de las Letes (en manos de empresas mayormente locales que financiaron al Tesoro en dólares) se postergaron para agosto de 2020.

En esta línea, el ministro se refirió al problema de la deuda con los bonistas, pero no apuntó al compromiso que tiene la Argentina con el FMI. Nadie debería esperar que el gobierno revele su estrategia de negociación en una conferencia de prensa, pero será un punto a observar: si los costos de una reprogramación deberán ser afrontados sólo por acreedores privados locales y extranjeros, o si el FMI también tendrá que asumir la irresponsable política de endeudamiento del gobierno de Cambiemos, porque fue el mismo organismo el que propuso y aceptó esas medidas.

Dado que este paquete impositivo es importante y va en contra de la reactivación del consumo que se proponía en campaña, sólo resulta coherente si se lo mira en el marco de los gestos y señales que se vienen dando a los acreedores, de que la Argentina va a pagar la deuda con el esfuerzo de los argentinos. Pero que sea coherente con esa mirada no quiere decir que resulte el camino para alcanzar el desarrollo con justicia social que añoran los argentinos; la parte que refiere a atender a los sectores más vulnerables, a las pymes y al trabajo, todavía no se conoce bien, ni hacia dónde estará enfocado, ni cómo será financiado.

Vale decir que hasta ahora no hubo ninguna medidas para la economía productiva, el aprovechamiento de los recursos, ni una visión del desarrollo o medidas para salir de este modelo insustentable. Tampoco se explicó por qué motivo la carga de estas medidas fiscales no alanza también a los sectores que hace muchos años vienen siendo los grandes ganadores, aun con variantes de modelos; los bancos, los especuladores financieros, la mineras, los agroexportadores, la energéticas, el Poder Judicial y los funcionarios políticos parecen no tener nada que ver con la necesidad de financiar a un Estado que nunca tiene lo suficiente para que todos tengamos una vida digna con justicia social.

Para ir comprendiendo la visión del nuevo gobierno en materia económica habrá que estar muy atentos y no enredarse con los debates inocuos que ofrecen algunos medios. Los temas de fondo todavía están velados al pueblo, al que como es ya una costumbre, se lo convoca solamente para votar y pagar impuestos.

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