Luciana Mangó
La semana pasada el presidente Mauricio Macri calificó como “irresponsable” el fallo por el cual el Superior Tribunal de Justicia de Gualeguaychú impide fumigar a menos de mil metros terrestres y tres mil metros aéreos respecto de escuelas rurales. Dijo que “no se basa en ningún rigor científico” y que pone en riesgo a “más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial de la provincia”. Desde las agrupaciones ecologistas salieron al cruce. Señalaron que el presidente habla desde el “desconocimiento” y lo hace con “cinismo”. Recordaron los fallos internacionales que muestran la peligrosidad de los agrotóxicos y sumaron un dato: mientras que el modelo de agronegocios emplea a una persona cada 500 hectáreas, el agroecológico necesita de 60.
Es el modelo
“El presidente descalifica un fallo y se mete con un poder sobre el que no le corresponde opinar. Habla de fertilizantes, cuando son agrotóxicos. No conoce los impactos que tienen en la salud de los vecinos, de los docentes y de los niños y niñas que van a las escuelas. Es una provocación del agronegocio a todos los sectores que luchamos por una salud y ambiente más sanos”, dijo a El Ciudadano Carlos Manessi, referente del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat).
Para el presidente del Instituto de Salud Socioambiental Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, la declaración de Macri es “demencial”.
“Que un presidente haga semejante declaración en una ciudad como Gualeguaychú que impulsa un proceso de producción hacia alimentos sustentables es una locura. El fallo busca cuidar la salud de los niños. Es una obligación del Estado que los niños no se enfermen por ir a la escuela”, opinó.
Los especialistas cuestionaron la afirmación del presidente acerca del riesgo de perder la capacidad agroindustrial. Explicaron que, por el contrario, el modelo de agroecología requiere mayor mano de obra porque la limpieza de los productos se hace de forma manual.
“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce que para garantizar la producción de entre 500 y 700 hectáreas de modelo agroindustrial hace falta sólo una persona. Para la producción con agroecología de 600 hectáreas se emplean a 60. Además el fallo prohíbe fumigar, pero no producir. Si el Estado garantiza que sea agroecológica emplea a más personas y cuida la salud de los niños, niñas y abejas en extinción”, señaló Verzeñassi.
El referente habló de “hipocresía” y “cinismo”. “El presidente sube fotos con su hija y destaca la importancia de comer verduras de la huerta agroecológica que es sostenida con el aporte del Inta a costa de su desmantelamiento a pedido de la agroindustria. Es inaceptable que sólo tengas acceso al alimento saludable si sos hija del presidente. Si Antonia fuese a una escuela rural estarían prohibidas las fumigaciones”, agregó y recordó los juicios en contra de Monsanto por ocultar información sobre la peligrosidad de sus productos en Estados Unidos.
“Es una discusión política sobre qué tipo de territorio queremos. Un día después de las declaraciones de Macri el Tribunal Superior de Justica de Entre Ríos cambió la composición de la Cámara que juzga la apelación al fallo. Nos resulta llamativo y nos preocupa”, concluyó.
No fumigarás
En enero el gobernador de la vecina provincia, Gustavo Bordet, emitió un decreto que permitía fumigar por tierra a 100 metros y por aire a 500 metros de una escuela. La ONG Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) presentaron un amparo y pidieron la nulidad.
La Justicia provincial hizo lugar y lo declaró inconstitucional. El decreto contradecía lo resuelto previamente por la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, y la Sala de Procedimientos Constitucionales y Amparos del Superior Tribunal de Justicia provincial. Prohibían fumigar a menos de mil y tres mil metros, de manera terrestre y aérea, de las escuelas rurales. El gobierno de Entre Ríos apeló la medida.
Fue tras esto que Mauricio Macri calificó como “irresponsable” el fallo. El mandatario dijo que “no se basa en ningún rigor científico” y que pone en riesgo a “más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial de la provincia”. Para el presidente la resolución pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos.
Respuesta desde Entre Ríos
Desde la agrupación de Entre Ríos “Basta es basta” publicaron un duro comunicado tras las palabras del Macri. “Señor presidente: nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia. Mientras en Gualeguaychú están presentes los máximos expertos internacionales en agroecología, el presidente se aferra a un modelo de agricultura que está agotado, mata y arruina el suelo fértil, el bolsillo de cada productor endeudado en dólares, las demás actividades productivas, los alimentos y la salud de cada uno de los entrerrianos, y especialmente a nuestros niños y niñas rurales, además de provocar el éxodo del campo”, señala el texto.
“El presidente se atreve a opinar sobre la irresponsabilidad de poderes provinciales que no han legislado al respecto. El fallo prohíbe la utilización de sustancias químicas de síntesis (agrotóxicos) en las producciones agrícolas. La agroindustria no utiliza solamente fertilizantes en una provincia, cuyo suelo está destrozado por el uso indiscriminado de agroquímicos”, agrega la misiva.
“Macri dijo que el fallo no tenía rigor científico. Que alguien le pase las fojas en las que figuran más de 700 estudios científicos provenientes de universidades nacionales argentinas y extranjeras que refieren el daño genético asociado a la problemática del uso de plaguicidas”, continúa el escrito.
“El presidente defiende al sector corporativo de la agroindustria contra los derechos humanos de niños, niñas y docentes. Oculta que se puede producir de manera agroecológica. Oculta que ya se está haciendo. Oculta que la agroecología genera más empleo que el agronegocio. Pero, fuera de esto, prefiere que sigamos muriendo asesinados por agrotóxicos. Y, más precisamente, que nuestra gurisada muera. Porque él privilegia las ganancias antes que la vida. Porque la producción con agrotóxicos no alimenta nuestros pueblos, sino que se exporta”, cierra el texto.
Cómo es en Santa Fe
La ley santafesina de 1995 obliga a distanciar las fumigaciones de los centros urbanos 500 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 para aéreas. La misma distancia se debe respetar “cuando en las inmediaciones del o los lotes a tratar existieren centros educativos, de salud, recreativos o habitacionales”.
La ley fue reglamentada dos años después por el decreto 552. Los vecinos fumigados sostienen que debe reformularse la normativa en base a la nueva información científica. Desde que la redactaron el uso de biocidas aumentó el mil por ciento en el país.
El herbicida más usado es el glifosato, del que se aplican anualmente alrededor de 250 millones de litros en el país. La Agencia Internacional del Cáncer (Iarc) lo clasifica como “porbable cancerígeno”. El Senasa, organismo encargado de las autorizaciones en el país, lo considera como Banda Verde (“producto que normalmente no produce peligro”). Lo hace en base a estudios presentados por el propio fabricante original (Monsanto), cuestionado judicialmente en otros países.
Los estudios evalúan los efectos en solitario, cuando el herbicida se aplica con otros químicos cuya posible interacción no se tiene en cuenta.
“Santa Fe es la segunda provincia más importante en cuanto a producción agrícola. El agro negocio digita las políticas económicas. La gran lucha es modificar la ley actual. En febrero ingresamos la modificación que exige 1.500 metros libres de fumigaciones, y la prohibición total de la fumigación aérea”, señaló Manessi, desde el Cepronat.
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el glifosato es potencialmente cancerígeno. Debemos pensar otros modos de producir para obtener alimentos sanos. Hay experiencias en el norte de Santa Fe que muestran que es posible. El costo de producción es mayor con agroquímicos y el rendimiento no justifica la inversión”, dijo el ex diputado José María Tessa, quien en 2015 presentó un proyecto para regular el uso de fitosanitarios junto con la multisectorial Paren de Fumigarnos.
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