Arlen Buchara
R.S.V. tiene 27 años y está presa hace cinco días. El viernes de la semana pasada llegó a la guardia del hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, acompañada por la mamá y el papá. Tenía una hemorragia posparto y una beba muerta en una caja. Había parido en una casaquinta en Desvío Arijón, a 30 kilómetros de la capital provincial, y pedía ayuda para ambas. Los médicos revisaron el cuerpo de la recién nacida y decidieron hacer la denuncia en el destacamento policial del hospital. El lunes le dieron el alta y los fiscales Marcelo Nessier y Rosana Marcolín ordenaron detenerla. En una audiencia en los tribunales provinciales santafesinos presentaron pruebas preliminares y la imputaron por homicidio agravado por el vínculo, un delito con la pena más alta de Código Penal de prisión perpetua. La acusaron de asesina a pesar de que ella no quiso ocultar en ningún momento el cuerpo y que llegó al hospital a pedir ayuda. La defensa de R.S.V consideró que hay un prejuzgamiento y este viernes pedirá la prisión domiciliaria.
Desde la mesa Ni Una Menos Santa Fe y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijeron que los médicos violaron el secreto profesional y que se trata de un caso de persecución y criminalización. Lo compararon con el de Belén, la joven tucumana que tuvo un aborto espontáneo y pasó dos años y cuatro meses presa hasta que la Corte Suprema la absolvió por falta de pruebas. “Los fiscales dicen en los medios una cosa y en la audiencia otra. Está presa cuando aún no hay pruebas”, dijo la abogada Lucila Puyol, integrante de los dos colectivos.
Imputación
En la audiencia imputativa del miércoles R.S.V. no quiso declarar. Los fiscales dijeron que el parto fue en la casaquinta y que estaban la mamá, el papá y una pareja amiga, quienes desconocían el embarazo. Presentaron el preinforme de autopsia y, según informaron, descartaron que haya habido un aborto. Dijeron que las pruebas médicas confirmaron que la beba nació viva porque tenía aire en los pulmones. Agregaron que el cuerpo tenía lesiones, fracturas y un edema cerebral y que la causa de muerte no fue aún determinada.
En la imputación no revelaron cómo fue la secuencia en la que murió la beba ni si se trató de un accidente o si fue intencional. Aun así, pidieron al juez Jorge Patrizi la imputación por homicidio agravado por el vínculo. El magistrado aceptó la imputación y ordenó que quede detenida en la Estación de Tránsito de Mujeres, en el barrio Candioti de Santa Fe.
En la audiencia el defensor público Sebastián Moleon pidió que pueda cumplir la prisión en su casa. Es que R.S.V tiene un hijo de cuatro años que está a su cargo. “Las normas penales habilitan que pueda transitar el proceso en su casa y no hay ningún antecedente para que no pueda hacerlo. Hay un prejuzgamiento y un prejuicio porque todavía las pruebas son preliminares y son pocos días de investigación”, dijo a El Ciudadano.
“Ella fue a buscar asistencia con una hemorragia por un parto. Cuando empecé a defenderla, pidió ayuda psicológica y está siendo asistida por una profesional del Instituto de la Mujer. Está recibiendo contención, no le están sacando información. Una mujer que tiene un parto en su casa, va a un hospital y termina detenida genera una situación que debe ser atendida psicológicamente”, agregó.
Moleon explicó que este viernes en la audiencia en la que se definirá la medida cautelar pedirá que la joven pueda cumplir la domiciliaria.
Criminalizada
En diálogo con El Ciudadano la abogada Lucila Puyol dijo que en el caso de R.S.V. los médicos del hospital Cullen violaron el secreto profesional y llamaron a la Policía en un acto de persecución y criminalización. “Los antiderechos que trabajan en los hospitales no sólo se niegan a hacer abortos legales. Ante cualquier complicación obstétrica consideran que hubo manipulación y persiguen a las mujeres. No permiten educación sexual integral, no quieren abortos legales ni anticoncepción y no quieren atender a las mujeres cuando tienen una complicación obstétrica”, opinó.
Para la abogada que también estuvo en la audiencia los fiscales ya decidieron que R.S.V. ya es culpable. “Le imputó el delito más grave, dijo a la sociedad, en los medios y en la audiencia que es una asesina que mató a su hijo. Ha estado prejuzgando cuando ella aún no fue escuchada. Es una mujer que llegó con su mamá y su papá, ella misma llevó el feto, no lo quiso ocultar y fue a buscar ayuda. No la detuvo la policía cometiendo un crimen. Ninguna persona tuvo un poco de humanidad de creer en ella. Al contrario, la Fiscalía está haciendo un linchamiento público con este caso”, agregó.
Puyol agregó que todas las pruebas presentadas son preliminares y sin peritos de parte. “La autopsia no es concluyente en la causa de muerte pero aun así le imputaron homicidio. El fiscal dice que ella provocó los golpes pero no hay ninguna prueba que apunte a ella”, explicó y agregó que la mamá y el papá de R.S.V. están muy angustiados.
Para la abogada en el caso falta una investigación seria, objetiva y con perspectiva de género que no juzgue a la mujer por ser mujer.
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