Expertos dicen que crece –y seguirá en aumento– el grupo de los ancianos mayores de 80 años por el avance en la pelea contra las enfermedades. Pero advierten sobre la falta de programas públicos y privados para los que pueden vivir en forma autónoma.
Los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas del siglo XX permitieron controlar y prevenir las enfermedades degenerativas, en particular el cáncer y los males cardiovasculares. Esos logros se tradujeron en el crecimiento de la esperanza de vida de la población en general. Y hubo un sector que se vio especialmente beneficiado: el que los expertos denominan “edad extrema”, la cuarta edad.
La Argentina reproduce lo que ocurre en el mundo: hoy hay unos 800 mil adultos mayores, y en un año y medio representarán casi un millón de personas, de acuerdo con las últimas proyecciones del Indec.
Hoy, además, las personas llegan a los 80 años con mejor nivel de salud general que lo que lo hicieron las generaciones anteriores. Muchos dejaron de fumar cuando eran jóvenes o nunca lo hicieron, se alimentaron bien, siempre hicieron deportes y, además, aquellos de clase media y alta generalmente accedieron a tecnología de alta complejidad para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Lo que explica la variación de la expectativa de vida según los distintos estratos sociales y regiones del país. “El aumento de la proporción de personas de 80 y más años es el principal promotor de la necesidad de programación de servicios para personas dependientes de terceros a causa de déficit físicos o cognitivos”, analizó la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Nélida Redondo, especialista en Sociología del envejecimiento.
Debido al aumento en la expectativa de vida, en promedio, las mujeres de 80 pueden llegar a vivir casi hasta los 88 años y los varones hasta los 86, según datos elaborados por Redondo.
A medida que se amplía el grupo de ancianos mayores aumenta la potencial dependencia que ellos podrían tener de sus hijos de entre 50 y 64 años.
Hoy, según datos propios de Redondo, por cada 10 adultos de 50 a 64 años hay casi dos ancianos mayores que podrían necesitar de sus cuidados. “La discapacidad no es una condición sine qua non de la vejez. Toda persona dependiente es una persona con discapacidad, pero no toda persona discapacitada es dependiente. Hay personas con discapacidades que son autónomas”, puntualiza la doctora en Sociología especializada en discapacidad e investigadora del Conicet, Liliana Pantano. La experta también advierte que “las políticas de discapacidad no están suficientemente desarrolladas para todos los grupos de edad y menos aún para los mayores de 80 años”.
Tanto Pantano como Redondo coinciden en la falta de programas de servicios públicos y privados para los ancianos mayores. Lo que permitiría a aquellos que desean y pueden vivir en forma autónoma, conservar su independencia y libertad.
La jubilación es un componente básico de los ingresos de las personas mayores. A fines de 2001 la jubilación representó el 60 por ciento del total de los ingresos de las personas de 65 y más años de todos los aglomerados urbanos del país. Y en 2003 se eliminaron los cupos presupuestarios y se extendió la cobertura de las pensiones asistenciales de la vejez a mayores de 70 años de escasos recursos.
“La medida tuvo resultado inmediato. Se logró reducir drásticamente la indigencia tanto en los hogares con adultos mayores como en los de jefes mayores de 65 años”, analiza Redondo. Sin embargo, también advierte que uno de los desafíos del siglo XXI es alcanzar un nivel de productividad que erradique la pobreza y permita a quienes se retiran del mercado laboral –a causa de su edad o su condición física– “la capacidad de consumo de bienes y servicios necesarios para vivir con la adecuada integración social”.
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