Arlen Buchara
En marzo de 2014 el linchamiento de David Moreira en el barrio Azcuénaga de Rosario movió al país. El joven de 18 años iba en moto con un amigo y le arrebató la cartera a una embarazada. Un grupo de vecinos y vecinas lo retuvo y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Moreira agonizó tres días en terapia intensiva hasta morir. Su asesinato a golpes conmovió hasta al papa Francisco, que en una carta pública escribió: “Sentía las patadas en el alma”. A casi cuatro años, tres hombres de las decenas de vecinos que participaron de la escena del linchamiento irán a juicio bajo la figura de homicidio en agresión, con una pena a seis años de cárcel, y no agravado por alevosía, como había pedido la querella con expectativa de prisión perpetua. El caso no fue el único pero sí el más grave y fatal de un año en el que hubo una escalada de intentos de linchamientos en distintas ciudades del país.
Entre fines 2018 y comienzos de 2019 en Rosario pasaron al menos cuatro situaciones en las que vecinos y vecinas actuaron de la misma manera hasta que intervino la Policía u otras personas. La última fue el sábado de la semana pasada en Empalme Graneros, cuando las fuerzas de seguridad evitaron el linchamiento de un joven señalado en un intento de robo. A partir del caso de Moreira, la politóloga y doctora en ciencias sociales Marilé Di Filippo estudió los linchamientos como una falsa forma de justicia por mano propia. En diálogo con El Ciudadano lo analizó como un fenómeno que habla de una sociedad que gira cada vez más hacia el punitivismo.
—¿En qué contexto fue el asesinato de David Moreira?
—No fue un caso aislado. Fue en un momento grave en los índices de violencia de Rosario, con altas tasas de homicidio. Entre 2013 y 2014 los asesinatos tuvieron un pico. Eran entre pares, vinculados a bandas delictivas y de narcotráfico o cometidos por las fuerzas policiales. Formaban un mapa en el que las víctimas eran en su mayoría jóvenes varones menores de 30 años. A nivel nacional entre marzo y abril de 2014 hubo una ola de linchamientos en el país y, en particular, en Rosario veíamos tasas alarmantes. Estas prácticas están asociadas a momentos de crisis socioeconómica. Cuando hay un contexto emergencia social aumentan algunos delitos urbanos como los robos. Pero más allá de lo económico y, los linchamientos hay que leerlos en un fenómeno que desde 2014 a ha tenido distintos momentos de efervescencia en una mal llamada justicia por mano propia: el devenir punitivista. Lo que pasó con David Moreira y con estos jóvenes en los últimos meses responde un consenso social represivo. Es un fenómeno que no es reciente. Si bien en hoy hay habilitaciones claras del gobierno nacional que premia a policías que ejercen gatillo fácil o a ciudadanos que recurren a la mano propia, es un movimiento de abajo hacia arriba. Tiene consenso previo a la asunción del macrismo, aunque ahora encuentren más legitimidad.
—¿Qué es el devenir punitivista?
—Es la vecinocracia o el engorramiento de la sociedad. Significa que hay una idea de que la gorra policial no la llevan sólo las fuerzas de seguridad: todos nos podemos poner la gorra y tener conductas represivas y disciplinadoras ante un delito. Este giro al punitivismo responde a características de la sociedad contemporánea y hay pensarlo a partir de los cambios que se dieron en la concepción del tiempo. Vivimos en la velocidad, en la instantaneidad y en un ritmo de vida cada vez más acelerado. El cambio de la idea del tiempo en nuestro modo de vida se traduce en la incapacidad de esperar a la justicia legal. Como sociedad sabemos que hay altos índices de impunidad y lentitud en la Justicia. Como respuesta, aparecen ciertos sectores sociales con vocación de castigar con penas más duras y sin mediación de la Justicia legal.
—¿Qué genera en el arriba esta construcción punitivista desde abajo?
—Este descreimiento en el sistema judicial no sólo permite la justicia por mano propia. Es el caldo de cultivo del endurecimiento del accionar de las fuerzas de seguridad. En Rosario y a nivel nacional ciertas políticas de los Ministerios de Seguridad contribuyeron a que desde 2013 se agudice la violencia institucional. Desde Franco Casco (asesinado en la comisaría 7° en octubre de 2013) se ha legitimado el accionar incorrecto e ilegal de las fuerzas de seguridad contribuyendo al clima punitivista. El avance de la Policía y de las fuerzas de seguridad no puede pensarse sin un consenso que legitime por abajo. Y ese avance ha logrado organizarse en manifestaciones que eran propias de los movimientos sociales. No es algo individual. En nuestra ciudad han surgido desde marchas por más seguridad hasta movilizaciones de los familiares de policías involucrados en casos de gatillo fácil. Aparecen como organización social y como algo colectivo que se apropia de símbolos de la lucha popular.
—¿Quién se salva del giro punitivista?
—Todos tenemos que estar atentos porque no es un problema de los fachos de la sociedad. Está en nuestras conductas cotidianas y también aparece en las organizaciones que reivindican derechos. Hay que pensarlo desde la autocrítica y no como algo de un sector con determinadas características ideológicas de derecha. Es un riesgo dentro de los movimientos populares y es un dilema que ha atravesado desde hace años a las organizaciones. Pasó con los derechos humanos y pasa hoy en el feminismo donde el punitivismo es un debate en relación a la validez de los escraches. En el movimiento de derechos humanos los hijos de desaparecidos decían: “Si no hay justicia, hay escrache”. El énfasis estaba en “Si no hay justicia” porque veníamos de una tradición de confianza en el sistema jurídico.
—¿Cómo actúan las fuerzas de seguridad en los intentos de linchamiento?
—Cada vez que vemos un caso en las noticias la Policía interviene dejando un amplio gris para que siga pasando. Y salvo el caso de David Moreira donde hubo 3 imputados, nunca los vecinos son juzgados. Cometieron un delito que en nuestro Código Penal es más grave el que delito por el que acusaron al joven que querían linchar. Generalmente son robos que no siempre se comprueba si fueron cometidos y la respuesta es con delitos gravísimos que llegan hasta el homicidio.
—¿Por qué cuesta que quienes linchan sean juzgados?
—El problema es que ante un linchamiento los presuntos ladrones no son considerados víctimas y los vecinos no son considerados victimarios. El caso de David Moreira es claro. Fue muy difícil que se entienda que era un joven que fue asesinado. Sufrió mucho rechazo. No tuvo un acompañamiento de la sociedad y de las organizaciones como el que tuvieron otros casos en donde es más fácil identificar a las víctimas como inocentes. Hay una clara diferencia si la víctima se construye como culpable o inocente. Tampoco hay un victimario considerado como tal. Cuando el victimario es de las fuerzas de seguridad, es más identificable con la idea de la violencia institucional. En el caso de David Moreira fue muy difícil de instalar que merecía Justicia y también era difícil establecer al victimario: podía ser cualquiera de las personas de una sociedad. Había un fuerte pacto der silencio, una cofradía entre vecinos como garantía de impunidad.
Vecinos furiosos
A fines de noviembre en menos de 36 horas hubo tres casos en los que vecinos y vecinas intentaron linchar a jóvenes acusados de robo. El primero fue en Santa Fe y Sarmiento donde dos jóvenes fueron por varias personas. Uno de los dos fue reducido y golpeado hasta que intervinieron la Guardia Urbana Municipal (GUM) y un docente de la UNR para frenar la violencia. El segundo fue en San Luis al 2100. Un chico de 15 años que según la versión policial intentó robar desde una moto fue atrapado por vecinos. Un grupo quería pegarle y otro pedía que no lo hicieran, hasta que llegó la Policía. Lo mismo pasó en el tercer caso, en España y Montevideo, donde estuvieron a punto de linchar a un joven acusado de robo. El sábado de la semana pasada hubo otro intento de linchamiento, el primero de 2019. En Juan José Paso al 5800 un comerciante acusó a un joven que andaba en bicicleta como el autor de dos robos en su negocio. Los vecinos lo frenaron y le pegaron hasta que llegó la Policía. Uno de ellos se llevó la bicicleta.
*Di Filippo es docente e investigadora de la UNR, la UBA y el Conicet. También integra la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, que reúne a organizaciones de Rosario en la pelea por Justicia para las víctimas de gatillo fácil y otras formas de violencia por parte del Estado.
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