Ezequiel Nieva
La Cámara de Diputados de la provincia tratará el miércoles 29 de agosto, en sesión extraordinaria, el proyecto de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo. El planteo lo hicieron los legisladores del Frente Progresista a pedido del gobernador Miguel Lifschitz. La oposición acordó ir a la sesión, pero resiste el mecanismo y los plazos impuestos desde la Casa Gris. Para el diputado del PJ Luis Rubeo, el apuro del oficialismo obedece al “capricho personal” del gobernador de conseguir su propia reelección.
El gobierno había adelantado la movida el lunes a través del ministro Pablo Farías, quien explicó la estrategia: “El gobernador tiene la firme convicción de que la Constitución debe ser reformada, pero sabemos que hasta ahora no tenemos el consenso suficiente en la Legislatura. En los últimos días hablamos de hacer una sesión especial donde concurran todos los bloques para llevar adelante este debate. Nosotros queremos que se discuta la necesidad de reforma de la Constitución en el recinto”.
El jefe del bloque socialista, Rubén Galassi, hizo el planteo formal ante los otros presidentes de bloque, que accedieron a ir a la sesión aunque pusieron reparos sobre el resultado final. Según Galassi, “es necesario abordar el tema en el recinto en función de los tiempos que han transcurrido desde que el gobernador planteó la iniciativa; creemos que ya pasó un tiempo razonable para poder debatirlo en el recinto. Y ahí exponer claramente quiénes queremos avanzar con la reforma y quiénes consideran que esta no es la oportunidad”.
El proyecto oficial que declara la necesidad de la reforma constitucional fue enviado a la Cámara de Diputados el 16 de abril. En la primera semana de mayo, los jefes de bloque decidieron girarlo a cinco comisiones: Asuntos Comunales, Educación, Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
La iniciativa logró dictamen de la primera comisión, donde el oficialismo tiene mayoría, pero quedó varada en Educación donde es minoría. Ante las demoras, Lifschitz decidió apurar el debate y mandó a sus diputados a proponer una sesión especial para tratar exclusivamente ese proyecto. “Sabemos que para poder avanzar necesitamos consenso –admitió Galassi–. Si conseguimos ese consenso, pasará al Senado; si no, volverá a las comisiones”.
El 29 de agosto los diputados del Frente Progresista tienen tres misiones: primero, reunir quórum para la sesión (lo conseguirán si reúnen a 26 de los 50 integrantes); luego, conseguir el voto de dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento del proyecto sobre tablas, ya que no tiene dictamen; el tercero y más difícil, lograr los dos tercios de la Cámara (34 votos) para darle media sanción (por tratarse de un tema específico, la ley de necesidad de reforma constitucional requiere de una mayoría especial).
“Medida arbitraria”
El diputado justicialista Luis Rubeo, autor de un proyecto alternativo que le pone fecha a la reforma para 2020, ya avisó que votará en contra. “Nos parece una medida absolutamente arbitraria. El oficialismo está habilitado a hacerlo, pero no nos parece correcto porque habíamos acordado un mecanismo de tratamiento del tema en cinco comisiones. No hay ningún motivo para apurar el tratamiento, salvo que al gobernador se le acortan los tiempos y ve abortada su posibilidad de quedar habilitado para buscar su reelección. Si no hay reforma es por el capricho exclusivo del gobernador”.
Para Rubeo, “todo el tiempo que se invirtió, la discusión que se dio, la instalación del tema entre los santafesinos, que están de acuerdo con la reforma, queda abortado por un capricho personal del gobernador que lo único que le interesa es que se lo habilite a él a competir”.
“Es un gran error –retrucó Galassi– porque la reelección la define la Convención Constituyente. Nosotros solo habilitamos los artículos para la reforma”.
“Se avanza o se termina”
La UCR tiene su propio dictamen, que presentaron los senadores cuando se estancó el debate en Diputados. El presidente del partido y diputado provincial Julián Galdeno confirmó que acompañarán el proyecto oficial. “Somos un partido reformista y creemos que hay que actualizar la Constitución. Buscaremos consensuar nuestro proyecto con los otros partidos para lograr una mayoría. Si no, habrá naufragado la posibilidad de actualizar la Constitución”.
Según Galdano, el 29A es la primera final para el gobierno: “Si hay consenso se avanzará, si no el tema se dará por terminado”.
El diputado de la UCR celebró la decisión de apurar el debate: “Lo más inconveniente era dejar el tema abierto indefinidamente en comisiones, sin un cronograma específico, en cambio ahora que todos los diputados podrán expresarse”.
Sobre el momento del debate, Galdeano señaló: “No existe un tiempo determinado para tomar una posición política sobre la reforma de la Constitución. Unos podrían decir que ya transcurrió tiempo suficiente respecto de la reforma (nacional) de 1994; otros dirán que hace falta más tiempo. Los legisladores no tenemos que discutir los tiempos, eso es materia de los convencionales. Nosotros lo que tenemos que discutir es si se habilita o no la reforma”.
Reglamento para destituir fiscales y defensores
Los legisladores tendrán a su cargo la evaluación directa del desempeño de fiscales y defensores del sistema penal. Por unanimidad, la propia Asamblea Legislativa de la provincia dictó este jueves el reglamento por el cual se le quita esa potestad al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa Penal.
El nuevo reglamento demandó casi un año de discusión en la Comisión Bicameral de Acuerdos, donde hubo diferencias entre sus integrantes por las garantías con las que deben contar los fiscales y defensores para desempeñarse con autonomía.
El procedimiento se definió en línea con el artículo 15 de la ley del Ministerio Público de la Acusación y el artículo 20 de la ley de Servicio de Defensa. Para investigar a un fiscal o defensor, alguno de los diputados o senadores de la Bicameral deberá solicitarlo en comisión. Se elegirá allí un miembro acusador, que deberá encabezar el proceso, y se notificarán las imputaciones al acusado para su defensa.
La eventual remoción de un fiscal o defensor deberá ser aprobada en sesión conjunta por mayoría simple de ambas cámaras.
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