Por Candela Ramírez
Este miércoles 11 de diciembre, seis fiscales federales presentaron un pedido para que el juez Martin Yadarola decline la competencia para intervenir en el pedido de hábeas corpus que hicieron una serie de colectivos que defienden los intereses de personas condenadas por delitos cometidos en la última dictadura, entre 1976 y 1983.
Los seis representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pertenecen a las jurisdicciones de Neuquén, Bahía Blanca, Capital Federal, Rosario, San Martín y Córdoba. Todos intervienen en procesos judiciales donde están vinculados 43 represores condenados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desaparición de personas. Se trata de delitos de lesa humanidad, es decir que no prescriben.
La noticia del pedido de habeas corpus para 85 represores de todo el país se conoció la última semana de noviembre. Diez asociaciones civiles, foros y colectivos que reúnen a familiares de represores o a ex generales y almirantes de las Fuerzas Armadas hicieron este pedido aduciendo que la detención de los represores “es violatoria de lo establecido en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
Se da en un contexto de recurrentes pedidos de prisión domiciliaria o libertad condicional por parte de las defensas de los criminales, los que en su mayoría vienen siendo sistemáticamente rechazados.
Adolfo Villatte, fiscal general de la Unidad de Delitos de Lesa Humanidad de Rosario, es uno de los seis firmantes y explicó a El Ciudadano que el pedido de declinatoria quiere decir “que se declare incompetente para seguir intervinendo en el pedido de habeas corpus y lo mande a cada una de las jurisdicciones donde están los tribunales que intervienen en los casos concretos”.
En la presentación de los fiscales del MPF indicaron: “Velamos por el correcto tratamiento de los intereses involucrados en las referidas causas judiciales, evitando además la duplicación de trámites y la distracción de asuntos ligados a estos procesos”. Además puntualizaron que en su caso “se encuentra comprometida la responsabilidad asumida por el Estado argentino ante la Comunidad Internacional en materia de investigación, juzgamiento y sanción adecuada a los responsables por Crímenes contra la Humanidad”.
Villatte clarificó: “En síntesis lo que sostenemos es que ya habiendo intercedido los jueces que son competentes, habiendo resuelto muchos incidentes médicos y después de un debate procesal, un juez de habeas corpus no puede venir a arrogarse competencia y resolver desconociendo lo que se viene tramitando en cada una de las causas”.
Consideró importante que ellos, representantes del MPF, den su opinión y espera que “se respete lo que se decidió en cada incidente”: “Si no corremos riesgo que se pase a letra muerta lo que se definió en cada situación”.
La Justicia rechazó liberar a Nast, torturador del ex Servicio de Informaciones de Rosario
En el escrito señalaron que “a simple vista se advierte con claridad que la acción promovida encubre un mero señalamiento genérico de disconformidad con la modalidad de detención impuesta por cada magistratura judicial, sin indicación de circunstancias concretas y particularizadas de agravamiento de las condiciones de privación de la libertad”.
Además, plantearon que ante los sucesivos rechazos que hubo este año de “los intentos de morigerar la detención” ahora buscan “crear una instancia de revisión anómala de lo ya decidido y controlado por cada uno de los Tribunales federales competentes en los incidentes de salud de cada detenido”.
Villatte es fiscal en los procesos en los que están detenidos nueve represores: Juan Daniel Amelong, Juan Andrés Cabrera, Alfredo Chaz, Julio Héctor Fermoselle, Enrique Andrés López, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Walter Pagano y Roberto Raúl Squiro.
Algunos eran integrantes del Personal Civil de Inteligencia, otros de la Policía de Santa Fe o la de Chaco, de la Policía Federal Argentina y del Ejército. Cometieron crímenes en centros clandestinos en Rosario (como la escuela Magnasco o el Servicio de Informaciones), en los alrededores (la Quinta de Funes, La Calamita y La Intermedia). Uno de ellos (Chas) operó en Chaco y la conocida como la Masacre de Margarita Belén.
