Ayer se realizó la audiencia imputativa contra dos hombres acusados de matar a un comerciante de 32 años que se resistió a un robo dentro de su local de barrio Belgrano el sábado pasado. Dos días después, y luego de una nutrida movilización en reclamo de seguridad, la Fiscalía encabezó una serie de allanamientos en barrio Santa Lucía donde se detuvo a un menor y a dos mayores, de 19 y 39 años. No obstante, las evidencias contra los sospechosos, que no cuentan con antecedentes penales y trabajan en relación de dependencia, resultaron ser tan endebles que los arrestados recuperaron la libertad. Es que además de los fotofit realizados por tres vecinos que vieron huir al trote a los atacantes, no se presentaron indicios de relevancia. La misma fiscal Marisol Fabbro asumió en la audiencia de ayer que los domicilios allanados el lunes fueron aportados por un “presunto arrepentido”, que le habrían confesado a “un policía” su participación en el robo, pero que no aportó ni su identidad ni brindó testimonio en la investigación.
El crimen de Mauricio Brandán, de 32 años, ocurrió alrededor de las 20 del sábado en la puerta de una tienda de su propiedad ubicada en Provincias Unidas al 1500. El robo fue perpetrado cuando su hermano Cristian caminó hasta un quiosco en busca de una gaseosa. Según reconstruyó la fiscal en base a testimonios del barrio, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas perpetraron el asalto. Los dos que viajaban como acompañantes se bajaron en la esquina del comercio, uno de ellos armado, y entraron al local Beautiful People. Mauricio se resistió a entregar sus pertenencias y forcejeó con ellos hasta que un disparo en el pecho le provocó la muerte en pocos minutos, mientras los ladrones huyeron con su celular y algunas prendas de hombre, sin alcanzar a sacarle la billetera.
Para la fiscal Fabbro, los dos hombres que bajaron de las motos y cometieron el crimen fueron Carlos L., de 19 años, y Víctor B., de 39. La funcionaria solicitó al juez Carlos Leiva que los acusara de homicidio criminis causa —delito que prevé perpetua— y les dictara prisión preventiva por el término de ocho días. La funcionaria reconoció tener pocos elementos probatorios, entre ellos los fotofit realizados por dos hermanas de 15 y 19 años, que vieron huir a los ladrones y de un vecino del barrio, indicio con más peso subjetivo que real. En relación al dato que la llevó a pedir los allanamientos, firmados por la jueza Mónica Lamperti, dijo que salieron de una persona que “no conozco ni tengo el nombre”, que le habría confesado su autoría en el hecho a un policía. Según la fiscal Fabbro, se trataría de “uno de los posibles autores que se encontraría arrepentido por la muerte del comerciante”, porque pensó que sólo participaría de un robo simple sin arma de fuego.
A su turno, los acusados se declararon inocentes y aceptaron responder todas las preguntas realizadas. En el caso de Carlos, a quien le secuestraron un celular de la misma marca que el de la víctima, dijo que hace más de un año que tiene ese teléfono y aclaró que al momento del hecho intercambió mensajes con su novia. Víctor, a quien sólo le secuestraron su celular, aclaró que no se apoda Gordo Lelo y que el allanamiento en su domicilio se debió a un error en la dirección. Agregó que es padre de cinco hijos y que “vive para trabajar”.
El juez Leiva caratuló la causa como homicidio en ocasión de robo y negó las medidas cautelares solicitadas por la fiscal, aunque ordenó que los acusados comparezcan a diario ante la Justicia. Argumentó que, si bien los testimonios dan cuenta de la secuencia casi sin fisuras, hay una inconsistencia en el traslado en cuanto a la subjetivación de quienes fueron los autores. El magistrado asumió estar ante un hecho de suma gravedad, pero resaltó que el Estado debe actuar con prudencia.
Presión social
“La sociedad rosarina está viviendo momentos terribles de inseguridad. Y tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público de la Acusación lo están sintiendo. Entonces muchas veces tienen que salir a detener personas para darle respuestas a la sociedad, y como en este caso, quedó más que corroborado que no tienen nada que ver. Existe una presión social trasladada a la Justicia que a veces se trasunta en errores. Para darle una respuesta a la familia, al clamor social, a una comunidad barrial se salió en busca de personas, y creo que la Fiscalía se apresuró”, dijo el defensor Marcelo Piercecchi. Su colega Walter Calenta agregó que se está ante una investigación donde se imputa a personas por el corte de pelo, lo que parece basado en la teoría lambrosiana del delito.
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