Los 15 acusados de integrar una asociación ilícita que se apropió de 32 propiedades valuadas en mil millones de pesos desde 2011 quedaron en libertad. Así lo resolvió el juez de Venado Tuerto Benjamín Révori, quien decidió que los imputados continuarán el proceso en libertad.
Este sábado se realizó la audiencia imputativa a Antonio Di Benedetto, un abogado de 60 años sindicado como el cabecilla de la organización. Como el juez resolvió que continuara el proceso en libertad, los abogados del escribano Eduardo Casadei –Raúl Superti y Rafael Tamous– pidieron que también se lo excarcelara. Tamous pidió el mismo tratamiento para Juan Carlos Rulo, ordenanza del estudio Di Benedetto al que le habían dictado prisión domiciliaria por cuestiones de salud. De esta manera, se firmó un convenio para que todos los acusados continúen el proceso en libertad. El fiscal Matías Merlo no estuvo de acuerdo y anunció que apelará la decisión del magistrado.
La investigación de las estafas inmobiliarias empezó el año pasado. Una persona se acercó hasta el Registro de la Propiedad para denunciar que el campo de su padre, fallecido, había sido vendido con un poder fraudulento. Según explicaron desde el gobierno de Santa Fe, que detectó las maniobras y aportó material a la causa, el grupo rastreaba propiedades en ciudades y campos que estaban a nombre de personas que residen en el exterior o que murieron y no tenían herederos. Falsificaban documentos para simular ventas a testaferros y, en un segundo paso, pasarlas al mercado inmobiliario y revenderlas. El señalado como líder e ideólogo del grupo enfrentará su imputación en Melincué. El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, dijo que se trata de la estafa más grande cometida en la provincia.
La Policía de Investigaciones (PDI) hizo el último jueves 18 allanamientos en Rosario, Villa Cañas, Casilda, Cañada de Gómez, Buenos Aires, Armstrong, Las Rosas y Venado Tuerto. Detuvo a 10 hombres, entre los cuales había médicos y escribanos. Uno de ellos era un gestor rosarino, al que ubicaron en una casa de pasaje Polonia al 1300. Allí también encontraron dólares y pesos por un total de medio millón de pesos.
Los operativos concluyeron con la detención de cuatro mujeres que, siempre según explicaron desde el gobierno santafesino, funcionaban en la trama como prestanombres. Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia provincial, dijo: “Fue algo burdo. Las estafas eran sistemáticas y reiteradas. Por más que sean profesionales, no dejan de ser delincuentes. Si a un ladrón que roba una bicicleta, moto o una cartera esgrimiendo un arma le dictan prisión preventiva, estos profesionales que robaron millones de pesos y que lo hicieron con una birome, también tienen que quedar en prisión preventiva”.
Cómo operaban
El caso llegó a la Justicia en 2017. El gobierno de Santa Fe detectó una venta en Venado Tuerto hecha con un documento apócrifo de una persona ya fallecida. La provincia encaró una tarea de inteligencia para detectar a todos los involucrados. “Lo fuimos presentando en denuncias en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde se creó una unidad fiscal especial sobre delitos económicos en Venado Tuerto para llevar adelante la investigación”, explicó Escauriza al portal Venado 24. Otra de las modalidades, siempre según las denuncias, consistía en hacer comparecer a la persona fallecida como si estuviese viva para completar la transacción. Son 13 las propiedades que figuran en la causa como las que hicieron pasar de manos con documentación falsa.
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