Este martes a las 13 el fiscal Gustavo Ponce Asahad pidió a la jueza Hebe Marcogliese que impute a Pabla L., y Jésica G., por lesiones leves, amenazas coactivas y usurpación, delitos que llevan penas de seis meses a tres años. Solicitó que quedaran detenidas por tres meses. La magistrada no hizo caso, las liberó, pero entendió que mientras la Fiscalía investiga, ellas no podrán tener contacto de ningún tipo con María B., la mujer que las acusó de haberla golpeado y echado de su casa hace una semana en Villa Banana. La jueza dictó la prohibición de acercamiento. También deberán ir una vez por semana a la Justicia y firmar un registro.
Pablo y Jésica fueron detenidas este sábado en una serie de allanamientos para dar con los tres atacantes. Aún sigue prófugo un hombre. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social provincial le dio alojamiento y contención a María B. y sus cuatro hijos, que habían quedado en la calle. Tal como publicó El Ciudadano, la mujer y sus cuatro hijos vivían en una casa de Uruguay y Felipe Moré. El miércoles por la mañana dos vecinas la increparon y la golpearon. Querían apoderarse de la casa. La mujer fue a denunciar las agresiones en la comisaría 19ª y cuando volvió la casa estaba usurpada. El hijo de 11 años de María corrió hasta la seccional para avisar pero la fuerza de seguridad no contuvo a las víctimas: uno de los policías le aconsejó a la mujer que se fuera del barrio, que los intrusos eran personas “muy peligrosas”. La mujer fue al Centro Territorial de Denuncia (CTD) y con la intervención de la Justicia logró la asistencia del gobierno santafesino.
“Estas cosas pasan en los barrios todos los días. La mayoría no lo denuncia porque tiene miedo. Pero hay migraciones de un barrio a otro de gente que es despojada de sus casas sin que el Estado intervenga”, describió apenas se conoció el caso Alejandra Fedele, referente del Movimiento Evita.
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