Ezequiel Nieva
La ley provincial de paridad es uno de los principales temas pendientes en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. A fines del año pasado, el Congreso Nacional sancionó una reforma por la cual, a partir de las elecciones de 2019, el 50% de las listas deberá estar compuesto por mujeres. En Santa Fe, el asunto sigue trabado por el Senado donde hay 18 bancas ocupadas por hombres y una sola mujer.
La ley nacional de paridad, aprobada por una absoluta mayoría en el Congreso, establece la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas legislativas. A su vez, se contempla la igualdad de género al interior de los partidos políticos, pero en este caso no es obligatorio el intercalado sino que las listas se compondrán con un 50% de representantes de cada sexo.
En la provincia de Santa Fe hubo –hasta ahora– dos intentos de reformar la legislación para establecer la paridad. El primero fue en 2016, cuando la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que unificaba tres iniciativas: una de Verónica Benas (Pares-Frente Progresista), otra de Silvia Augsburger (PS disidente) y la restante de Inés Bertero (PS-Frente Progresista).
Ese primer proyecto establecía la participación igualitaria de varones y mujeres en las listas de candidatos y la composición de la Legislatura provincial, en los Concejos Municipales, las Comisiones Comunales, los partidos políticos y –en caso de que se realicen– las elecciones para convencionales constituyentes. Fue aprobado por todo el arco político excepto la UCR y el PRO-Cambiemos.
El Senado cajoneó la iniciativa con argumentos técnicos: el más repetido aludía a la imposibilidad de resolver la paridad en las propias listas de senadores, que son uninominales. Aquel proyecto unificado perdió estado parlamentario a fines de 2016.
El 8 de marzo del año pasado, el gobernador Miguel Lifschitz anunció que insistiría con el tema, pero ante la negativa anticipada desde el Senado –sumado el propio vicegobernador Carlos Fascendini– finalmente no envió el proyecto. En esa ocasión, el argumento de los senadores fue no mezclar la reforma electoral con la campaña política para las elecciones intermedias.
Aunque sin consenso del Senado, en 2017 volvieron a ingresar dos proyectos de paridad a la Legislatura: uno de la diputada oficialista Benas, el otro de las diputadas justicialistas Patricia Chialvo, Silvia Simoncini, Claudia Giaccone y Olga Coteluzzi.
El proyecto de Benas es idéntico al que obtuvo media sanción en 2016. “Esperamos que este año se pueda impulsar el tratamiento”, señaló la legisladora, aunque no dejó de advertir que “el Senado no tiene voluntad política de tratarlo. Históricamente el Senado ha sido reacio a darles lugar a las mujeres, de hecho hay una sola senadora mujer. Nunca han sido permeables a los temas de las mujeres”.
En cambio, el proyecto de las diputadas del PJ elimina la paridad para la lista de senadores –que se compone con un candidato titular y uno suplente– y la hace obligatoria para los cuerpos colegiados: Cámara de Diputados, Concejos Municipales, comisiones comunales, partidos políticos y convencionales constituyentes.
Con el proyecto de ley de paridad, Santa Fe busca dejar atrás el actual cupo femenino –que asegura el 33% de los lugares en las listas para las mujeres– y avanzar hacia un esquema igualitario, donde mujeres y varones ocupen la misma cantidad de lugares.
