La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen unánime al proyecto de Ley de Alquileres que llegará al recinto el miércoles 20. La iniciativa busca regular los contratos entre inquilinos y propietarios, que hoy están signados por los vaivenes del mercado. En particular, establece que durarán 3 años y los aumentos serán anuales en base a un índice que combinará inflación y salario. Después que las y los diputados dieron dictamen, corredores inmobiliarios de Buenos Aires salieron a criticar el texto y advirtieron que su aprobación generaría más aumentos. Desde Rosario, asociaciones de inquilinos e inquilinas, corredores e inmobiliarias valoraron la ley como positiva y la consideraron un avance en derechos.
Proyecto
No es la primera vez que el Congreso intenta regular el mercado de los alquileres. En noviembre de 2016, el Senado había aprobado por unanimidad una iniciativa de Silvina García Larraburu (PJ), pero el proyecto no logró consensos para avanzar en Diputados durante 2017. En 2018 la Cámara baja retomó el debate y en octubre del año pasado logró dictamen de comisiones a partir de un texto consensuado. La iniciativa no llegó al recinto y tampoco fue incluida por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias de ese año, con lo cual perdió estado parlamentario.
Este año volvieron a la carga. El 15 de octubre el Congreso buscó tratarla pero no hubo quórum. Recién el pasado miércoles 6, el legislador de Cambiemos Daniel Lipovetsky convocó a una reunión de la comisión de Legislación General. Hubo quórum de todos los bloques y decidieron unificar los proyectos de Lipovetsky, Agustín Rossi, jefe del bloque FpV-PJ, y Felipe Solá, titular del interbloque Red por Argentina.
Los tres proyectos tenían en común: alargar de dos a tres años el plazo de los contratos y establecer una fórmula para la actualización de los valores que combine el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que calcula los aumentos salariales. Los proyectos también apuntaban a reducir los costos de los inquilinos para ingresar a una vivienda y a ampliar los tipos de garantías. Todos esos puntos fueron incorporados en el proyecto único.
Rosario a favor
Apenas salió el quórum, organizaciones inmobiliarias de Buenos Aires dijeron que, de aprobarse, la ley generará más aumentos. El Ciudadano consultó a asociaciones de Rosario y opinaron lo contrario.
Carlos Rovitti, del Observatorio Inmobiliario de Rosario, consideró que la ley es equilibrada. “Me parece que no hay ninguna sorpresa en este proyecto de ley que seguramente tendrá media sanción. Se prolongó un año más los contratos de alquiler de locación para la familia, lo que sirve para que puedan acomodarse mejor. No va a solucionar el problema, porque pagar un alquiler siempre es engorroso, pero aporta previsibilidad y tiempo para salir a buscar otro lugar si no quiere renovar”, explicó.
En relación a los valores, acordó con regularlos a través de un promedio de inflación y salario. Y dijo que en el interior del país ya se aplica. “Vemos que el interior está muy ordenado en relación con Buenos Aires. Los escalonamientos o actualizaciones de contrato desde hace un tiempo están muy por debajo de la inflación. Este año será de un 60 por ciento cuando los contratos los cerramos a la mitad, un 30 por ciento. Con los propietarios del interior acordamos en que es preferible tener alquilado el inmueble y no desocupado. Bajar las pretensiones y que la gente lo pueda pagar. En Buenos Aires es diferente, los cánones son muy superiores”, señaló.
“El propietario se queja porque tiene el canon locativo más bajo de los últimos 30 años. Y el inquilino porque no lo puede pagar. Los dos tienen razón. El problema es la situación económica y la inflación. Tiene que apuntar ahí el próximo gobierno”, agregó. En referencia a los alquileres comerciales opinó: “La actividad comercial viene bajando desde hace un año y medio. Tiene las cargas sociales, los costos de los servicios, y el pago a los empleados. Si le aumentan el alquiler, el comerciante no lo podrá pagar. Hay que buscar que el comercio siga funcionando. Aunque el propietario cobre un poco menos, es importante que sigamos en la cadena. Estamos en un momento muy especial y hay que negociar. Es imposible ir para arriba en situaciones muy críticas”.
Piso de derechos
Por su parte, Ariel D’Orazio, de la Consejería Popular y del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos, consideró que las advertencias sobre aumentos de las cámaras inmobiliarias son una campaña en contra de la ley. “Buscan frenar el consenso elaborado después de mucho tiempo. Es una legislación que garantiza un piso de derechos para tener un acceso un poco más justo a la vivienda. Nuestros reclamos van más allá de esta ley pero la vemos como un paso muy importante para equilibrar la relación entre inmobiliarias e inquilinos. No hay motivos para que suban los precios. Hoy no hay regulación que no sea indexación contractual que se hace de manera arbitraria y de manera más alta que las actualizaciones salariales”, explicó.
Para el representante de inquilinos e inquilinas, la intervención estatal en el mercado inmobiliario es fundamental. “La presencia del Estado para garantizar el acceso a la vivienda digna tiene que ser cada vez mayor. Un estado ausente genera la situación actual: hay un 9 por ciento de morosidad en los contratos, cuando el número histórico estuvo por debajo del 1 por ciento. Además el 50 por ciento del salario se destina al alquiler, cuando hace tres años era el 37 por ciento. Hay vulneración de derechos porque el acceso a la vivienda hoy está regulado por el mercado y no por el Estado”, señaló.
D’Orazio coincidió en la necesidad de tener un índice oficial que promedie inflación y salario para que el sueldo no se licúe y que haya un registro obligatorio de contratos de locación. “Hay que reducir la cantidad de viviendas ociosas de las grandes ciudades con presión fiscal. Esos impuestos irán a un fondo para la construcción de vivienda pública de alquiler, una medida para que el Estado sea un actor preponderante a la hora de establecer los valores de las unidades. Hoy los únicos formadores de precios son los agentes del mercado inmobiliario”, agregó.
Amplia
Desde la Cámara de Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), Alejandro Juri dijo que el proyecto es “amplio y abarcativo”. “Considera muchos aspectos, no sólo los precios de alquileres. Creemos que es una buena ley, pero no queremos dar falsas expectativas a los inquilinos y propietarios. Lo aprobado tiene que pasar por el Senado por lo que le queda un camino todavía”, señaló.
En relación a los precios de los alquileres, consideró que todas las intervenciones del Estado generan un ruido en el mercado, pero descartó que la ley llegue con aumentos. “Los alquileres se están incrementando en relación con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y no por las intervenciones del Estado. Creo que no afectará los precios, pero hay que ver qué ley es aprobada en definitiva”, concluyó.
Comentarios