Luciana Mangó
Después de dos años de debate, la ley de alquileres quedará pendiente para este 2019. La Cámara de Diputados de la Nación no la trató en extraordinarias y perdió estado parlamentario. Las organizaciones de inquilinos apuntaron a las presiones de las cámaras inmobiliarias y adelantaron que en febrero volverán a la carga. Presentarán otra vez el proyecto, pero le sumarán algunas modificaciones que sinteticen el espíritu del texto original y las sugerencias del Ejecutivo.
“Ingresaremos un proyecto mejorado en el Senado que tendrá en cuenta la actual situación que es más grave que la planteada en el texto original. Estamos hablando con legisladores nacionales para garantizar que salga esta ley, con un concepto más integral y que pueda recoger la síntesis de los debates de estos años”, dijo a El Ciudadano, el referente de la Concejalía Popular, Nire Roldán.
La ong local pugna hace tiempo por los intereses de los inquilinos y es una de las que a nivel nacional viene encabezando el reclamo por un cambio en la regulación de los alquileres.
Recorrido
Hace dos años las organizaciones de inquilinos presentaron en la Legislatura nacional un proyecto para regular los contratos de alquileres.
El eje principal era evitar que la especulación inmobiliaria impacte en el bolsillo uno de cada tres argentinos que alquilan una vivienda. El proyecto contó con media sanción de la Cámara Alta. En octubre, el presidente Mauricio Macri anunció que iba a impulsar la iniciativa y envió algunas modificaciones que se sumaron al texto que Diputados comenzó a debatir a mediados de ese mes.
Planteó que la comisión inmobiliaria deberá pagarla el dueño y que los contratos entrarían en un registro creado para regularlos. El proyecto proponía también extender la duración de los contratos de dos a tres años, blanquear los pagos ante la Afip, aceptar avales bancarios como garantía y establecer un índice para ajustar el valor del alquiler que promedie la inflación y el salario.
Pero el proyecto finalmente no salió y luego no ingresó en las sesiones extraordinarias, por lo que ahora deberá volver a sortear ambas cámaras para ser aprobado.
Para el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda, Ariel D’Orazio, es un retroceso de una pelea que los inquilinos vienen dando hace más de 15 años en la provincia.
“El lobby inmobiliario es muy fuerte y pesó más que la necesidad de los 7 millones de argentinos que tienen que alquilar”, dijo a El Ciudadano.
El último relevamiento nacional que hizo Inquilinos Agrupados en agosto señaló que el alquiler se llevó el 42 por ciento del salario de un empleado en Santa Fe.
Hay que sumarle el impacto de la devaluación y la inflación por lo que las organizaciones estiman que en la actualidad representa más de la mitad de un salario. Para evitar abusos, desde la consejería adelantaron que presentarán un amparo en la Justicia para los casos donde la actualización del valor superó el porcentaje de las paritarias o de la jubilación.
“Queremos que la Justicia adjudique el beneficio que tendrían los inquilinos de ser sancionada la ley”, agregó.
En paralelo plantearon retomar la iniciativa y volver a presentar el proyecto en la Legislatura nacional en febrero. No será el mismo. Las organizaciones accedieron a resignar algunos puntos y le sumarán las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo nacional para consensuar el texto final.
La propuesta
Una de las modificaciones que las agrupaciones tomarán es la creación de un registro de contratos de alquileres que los controle y evite abusos.
Según explicó Nire Roldán el objetivo es saber cuál es la oferta inmobiliaria, cuántas personas buscan alquilar, y cuál es el porcentaje de vivienda ociosa.
La propuesta formaba parte del texto original, fue eliminada en la aprobación en el Senado y sugerida por el Ejecutivo. “Queremos tener certeza que todos tributen lo que corresponda y que se termine la evasión impositiva con el negocio inmobiliario. El control evitaría que haya cláusulas abusivas en los contratos y que las inmobiliarias cobren intermediaciones fuera de la ley. También priorizaremos la mediación sobre la instancia judicial”, opinó Roldán y explicó que la entidad estará formada por corredores inmobiliarios, organizaciones de inquilinos y de defensa al consumidor y representantes del Estado.
Otros de los aspectos principales que el nuevo proyecto modificará es la forma para medir el ajuste. Proponen que sea anual y se aplique sólo si la inflación supera el 10 por ciento. El valor será acorde al salario y los acuerdos paritarios. No tendrán en cuenta el costo de vida, como había sido aprobado en el Senado.
La renovación de los contratos será cada tres años y habrá una diferenciación entre los inmuebles para vivienda y los locales comerciales.
La mayoría es en negro
Según el relevamiento del Centro de Estudios Metropolitano de la Concejalía Popular siete de cada diez operaciones en Santa Fe se hacen en negro: los propietarios o las inmobiliarias no entregan las facturas obligatorias a los inquilinos, aun cuando los contratos estén sellados.
“Queremos evitar que la especulación provoque el cierre de locales y garantizar que los ajustes estén mediados por la Secretaría de Producción de cada localidad”, explicó Nire Roldán quien, en paralelo, fue optimista en cuanto al futuro del proyecto.
“En 2019 vamos a tener ley de alquileres. Los inquilinos la necesitamos. Es un derecho que hace venimos peleando y lo vamos a lograr pese a las intenciones del gobierno y a las presiones de las cámaras inmobiliarias”, concluyó.
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