La jueza distrital del estado norteamericano de Arizona Susan Bolton emitió ayer una orden preliminar que suspende temporalmente los artículos más polémicos de la ley SB 1.070, conocida como “ley Arizona”, que criminaliza la inmigración ilegal, pero la norma aún sigue vigente. La magistrada tomó esta decisión para “prevenir que varias secciones” de la polémica legislación migratoria se conviertan en ley, “por lo menos hasta que las Cortes tengan la oportunidad de escuchar el caso completo”.
Bolton basó su decisión en la consideración de que varios de los artículos contenidos en la norma “perjudican a extranjeros legalmente residentes en Estados Unidos, incluso a ciudadanos norteamericanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado”.
En consecuencia, si bien la ley entrará en vigencia hoy, no lo podrán hacer algunas partes clave de la misma, según señaló el diario La República de Arizona en su versión digital.
Entre las secciones bloqueadas figura la que habilita a la Policía a determinar el estatus migratorio de una persona detenida en la calle, presa o arrestada si hay sospechas razonables de que están ilegalmente en el país.
La jueza también paralizó otros artículos controvertidos como el que acelera los procesos de deportación, tipifica como delito el hecho de no portar documentos, y deja vigentes únicamente aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a quienes den trabajo a inmigrantes ilegales reclutados en las calles y el que crea los mecanismos de reclamo en el caso de que alguien se sienta víctima de discriminación racial.
Junto con la decisión de la jueza se renovó la esperanza de las personas que desde hace días permanecen en vigilia contra la norma en el centro de la capital de Arizona, Phoenix.
Tras conocerse la medida, la directora ejecutiva de la organización Promesa Arizona (PAZ), Petra Falcón, comentó a la agencia Télam que la comunidad latina se encuentra “muy feliz con el triunfo, con la victoria” de conseguir que parte de la ley no entre en vigor. Bolton debió decidir sobre un total de siete demandas recibidas de distintas organizaciones civiles e incluso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que consideró que al adoptar la legislación Arizona “cruzó el límite de lo constitucional”.
Desde que la gobernadora Jan Brewer aprobó la SB 1.070 el 23 de abril último, los actos de discriminación hacia la comunidad hispana comenzaron a profundizarse. Esto llevó a que, motivada por el temor a ser foco de agresiones y persecuciones, una parte de la población latina comenzara a migrar hacia otros estados o hacia el país fronterizo de México.
“La comunidad cambió mucho”, y eso se puede ver “en los negocios cerrados, en las calles más vacías y hasta en algunas iglesias que no están tan llenas”, comentó Falcón. Como la decisión de Bolton no declara la inconstitucionalidad de la ley sino sólo bloquea algunos artículos, los esfuerzos de las organizaciones civiles para lograr que sea derogada continuarán hoy con una procesión hasta la catedral local y con la vigilia en el capitolio que mantienen desde hace días.
Con estas manifestaciones que se espera sean masivas, buscarán “mandarle un mensaje al presidente (Barack Obama) para que empiece a trabajar en una reforma migratoria”.
Mientras tanto, desde PAZ y otras agrupaciones ya se encuentran trabajando en el próximo paso, que será armar una campaña para que los 47 millones de latinos que viven en Estados Unidos hagan oír su voz en las urnas en las próximas elecciones.
Para los analistas políticos demócratas, el momento en el cual la ley salió a la luz no es casual sino coincidente con las elecciones parlamentarias que el 2 de noviembre podrían poner en riesgo el control de la mayoría en el Congreso, hoy en manos del oficialismo.
Con el 57 por ciento de los estadounidenses de acuerdo en la manera que la norma aborda el tema de la inmigración ilegal (según CBS News), los republicanos lograron con la ley Arizona convertir al bastión demócrata de la reforma migratoria en uno de los ejes centrales del debate a nivel doméstico.
Ahora, será el partido gobernante el que deberá contrarrestar las consecuencias para no perder el apoyo a nivel nacional, así como el voto relevante de los casi diez millones de hispanos que en 2008 acompañaron en la victoria de Barack Obama hacia la Casa Blanca.
A partir de ahora, tanto los que consideran la ley inconstitucional como el gobierno de Arizona pueden apelar la decisión y llevarla al circuito noveno del sistema de apelaciones. De no encontrar respuesta allí, las acciones podrían escalar a la Corte Suprema de Justicia.
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