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Profesionales en banda

Letrados cuestionan resolución de la jueza

Carbone y Piercechi sostienen que deberían haber quedado en libertad.


La decisión de la jueza Mónica Lamperti de excarcelar a sólo dos de los acusados de la megaestafa generó polémica, ya que en una extensa audiencia de más de 15 horas los abogados defensores discutieron la calificación que le cabe a los 11 acusados, sobre todo la de asociación ilícita, ya que es la única que permitiría avalar las detenciones.

Ignacio Carbone, abogado de Jonatan Zárate, se manifestó sorprendido tras la maratónica audiencia porque “todo lo que se dijo en la prensa no se condice con lo presentado”. Y sostuvo que la Fiscalía acusa una asociación ilícita, pero no cuenta con elementos para acreditarla. “Lo que está planteado es una o varias estafas, pero no se logra establecer una asociación ilícita o un lavado de dinero del narcotráfico como se planteó”, aseveró. “En el caso de Zárate, no tiene contacto con el resto de los acusados. Lo único que queda claro es que la asociación ilícita permitiría que queden presos, en un análisis muy fino ya que ninguno tiene antecedentes. La figura era clara para rechazarla y ahora es la Cámara la que tiene que corregirla”, agregó.

Para Carbone, los argumentos de la prisión preventiva son inentendibles. “A los ricos no los dejan libres porque como tienen plata y le afectaron el honor se pueden fugar. Y a mi cliente, porque como es pobre no tienen nada que perder”, agregó.

Marcelo Piercechi es abogado del escribano Eduardo Torres y consideró que la resolución de la jueza no se comparece con la calificación legal para su defendido y el resto de las personas que quedaron con prisión preventiva. “Mi defendido no tiene antecedentes, le correspondería una pena en suspenso. Tiene 60 años, su familia instalada en la ciudad, no podría fugarse”, sostuvo Piercechi. “También es discutible la calificación legal, es decir la asociación ilícita. Ya me había parecido desproporcionada la detención.

“Han hecho una causa mediática, el Estado ha provocado una causa mediática por los misma declaraciones de funcionarios. Es muy sorpresivo que cuando sacan a uno de los detenidos de su edificio (en referencia a Leandro Pérez) le hagan una nota, es muy sugestivo”.

Por su parte, el fiscal Sebastián Narvaja sostuvo: “Yo creo que en el caso del señor (Pablo) Abdala, imagino porque no tengo los fundamentos, es probable que se haya tenido en cuenta el hecho de que estaba afuera del país y volvió, y en el caso del escribano Kurtzmenan habrá tenido en cuenta otras cuestiones”. Y destacó además que las escuchas telefónicas fueron vitales para dilucidar la maniobra ilegal denunciada, pero no más que otras medidas probatorias llevadas adelante por la Fiscalía.

Del Frade pide explicaciones

El diputado Carlos Del Frade presentó un pedido de informes sobre la megaestafa inmobiliaria. Plantea  “potenciales puntos en común” con la causa conocida como Colegio de Escribanos de la ciudad de Santa Fe “a partir de las actuaciones producidas en el seno del Registro General de la Propiedad y el Servicio de Catastro e Información Territorial”. El caso mencionado, iniciado en 2011, se refiere al hecho de que 120 inmuebles fueron transferidos mediante maniobras fraudulentas y escrituras falsificadas.

Del Frade solicita al Ejecutivo que informe: si se detectaron actividades irregulares en el ámbito del Registro de la Propiedad y en Catastro; si la Fiscalía de Estado, constituida como querellante en la causa del Colegio de Escribanos de Santa Fe, informó las irregularidades y qué medidas se tomaron para corregir y prevenir eventuales nuevas maniobras lesivas; si la Fiscalía de Estado tiene una lista de empleados y/o funcionarios imputados del Registro de la Propiedad y de Catastro; y si existe un inventario de los bienes inmuebles de terceros afectados por las maniobras de los profesionales comprometidos.

También pregunta “qué decisiones tomaron al respecto y qué instrucciones dictaron de índole política administrativa”, en especial en el Registro de la Propiedad, los ex ministros de Justicia Héctor Superti y Juan Lewis, defensores de tres de los imputados en la megaestafa.

Empleada del Registro

Matías Figueroa, director del Registro de la Propiedad, informó ayer que fue desplazada de sus tareas una empleada de la mesa de entradas de esta repartición que aparece mencionada en una escucha telefónica entre dos de los imputados en la megaestafa inmobiliaria. “En base al sumario que iniciamos preventivamente trasladamos a un empleado del Registro para poder seguir con las investigaciones”, detalló a LT3. Un día antes el mismo funcionario había dicho que el sumario no es sobre un trabajador en particular.

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