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Firma vaciada

Lesa humanidad: la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ofrece testimonio en la causa Vicentin

José Schulman, titular de este organismo de DDHH, quiere declarar ante la Justicia federal por los casos de detención ilegal durante la última dictadura, ya que compartió cautiverio con otros trabajadores de la empresa de Avellaneda, que apuntan a la patronal por connivencia con la represión


La Liga Argentina por los Derechos del Hombre le ofreció a la Justicia Federal de Reconquista, Santa Fe, el testimonio de su titular, José Schulman, quien compartió cautiverio con los trabajadores de la empresa Vicentin que fueron secuestrados durante la última dictadura cívico-militar.

El organismo de derechos humanos solicitó ser querellante en la investigación que se sigue por los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos contra empleados de la aceitera que tenían actividad gremial.

“Estuve cautivo con (Oscar) Zarza, (Efrén) Venturini y otros trabajadores más que fueron secuestrados en la empresa en noviembre de 1976. Permanecimos en el centro clandestino de la Comisaría Cuarta de Santa Fe, en el Centro de Infantería Reforzada, y por último en la cárcel de Coronda”, señaló Schulman en diálogo con la agencia de noticias estatal Télam.

Además, la Liga por los Derechos del Hombre quiere presentar el testimonio del diputado provincial Carlos Del Frade como “testigo de concepto”, ya que realizó numerosas investigaciones sobre el desarrollo económico de la provincia y la complicidad empresarial con la dictadura iniciada en 1976.

Según la presentación de este organismo, entre 2 y el 4 de noviembre de 1976 las fuerzas represivas secuestraron en la localidad de Avellaneda, en Santa Fe, a los trabajadores Efrén Venturini, Adelqui Gavirondo, Estanislao Zunini, Eldo Zorat, Oscar Zarza, Oscar Ortiz y Aníbal Gall, entre otros.

Todos ellos tenían actividad gremial en la empresa y en la presentación se pide investigar la participación que tuvo en los hechos un jefe de personal de la empresa de apellido Tonietti, quien habría “marcado” a los trabajadores que fueron secuestrados.

Zarza, Gall y Ortiz habían sido secuestrados en enero de 1976, antes del comienzo de la dictadura, y habrían sido sindicados por un capataz de la empresa conocido como Sapo, se apellidaba Vicentin, pero que no tenía relación con la familia que es propietaria de la aceitera.

En esa oportunidad, Zarza y Ortiz recuperaron la libertad a los pocos días, pero Gall estuvo en presión y a disposición del Poder Ejecutivo hasta el final de la dictadura, de acuerdo a lo que se detalla en la presentación de la Liga.

Zarza se presentó el mes pasado ante la Fiscalía Federal de Reconquista, encabezada por Roberto Salum, para denunciar los dos secuestros que padeció en los años 70.

A partir de su testimonio, la Fiscalía inició una investigación que sería complementaria de la causa 050, en la cual se comprobó la existencia de un circuito represivo que comprendía la III Brigada Aérea de Recoquista, los centros clandestinos de detención que se ubican en la capital de Santa Fe y la cárceles de Coronda, Devoto y los penales del sur del país, donde los detenidos terminaban “blanqueados”.

Ese expediente fue instruido por Salum y terminó con un juicio en el que resultaron sentenciados en 2013 el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos de la Fuerza Aérea, y los policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Eduardo Luque.

En sede judicial, Zarza contó que el 2 de noviembre de 1976, las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en Vicentin.

En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, que llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo.

Zarza indicó que tras su secuestro fue trasladado a la III Brigada Aérea, donde recibió “golpes y patadas” por parte de sus captores.

Luego fue trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención.

Zarza terminó “legalizado” en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y desde allí recuperó su libertad en la navidad de 1978.

La Fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación.

La Federación Aceitera, gremio de trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.

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