La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura escuchó este miércoles durante cuatro horas a la fiscala regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, y hará lo propio este jueves con la jefa de los fiscales de toda la provincia, María Cecilia Vranicich, por el desborde en el Ministerio Público de la Acusación desatado con la acusación de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su par Matías Edery durante una audiencia, lo que desnudó además de presuntas irregularidades rivalidades internas que interfieren en las causas penales.
Al término de la cita, en la que los legisladores de la comisión de Acuerdos hicieron preguntas a la titular del MPA en la segunda circunscripción, Iribarren hizo declaraciones. Concedió que hay una controversia en el Fiscalía Regional Rosario, que resumió en que “dos fiscales pusieron en crisis al trabajo de otro fiscal”.
El descargo
“Hicimos una exposición de cómo venimos trabajando en la Fiscalía Regional, cómo pensamos seguir trabajando, cómo afrontar esta crisis que indudablemente se está desenvolviendo y que, bueno, planteando que al mismo tiempo, más allá de los actores que puedan protagonizarla la fiscalía está trabajando en la realidad y con la seriedad que la situación de Rosario y la región amerita”, afirmó Iribarren.
Sobre la figura del informante que al parecer utilizó el fiscal Edery para garantizar la colaboración de la ex testigo protegida y hoy imputada Mariana Ortigala, y respecto de los plazos en los que se le informó de esta cuestión a los superiores, Iribarren alegó: “En primer lugar, yo no tenía los nombres de las personas, yo solamente había recibido un sobre. Es una formalidad, porque, le vuelvo a decir, son personas que brindan información. No todos los fiscales lo dicen”.
“Yo me entero a partir de la detención de Ortigala, donde Edery me informa que el nombre de esta persona estaba contenida en ese sobre y que estaba informada en ese sobre y que se resguardara para la seguridad de esta persona la información”, planteó la fiscala.
Por su parte Cattalini advirtió tras la reunión: “Hay un punto en común que todos tenemos, y que reconoce la propia fiscal regional, y es que el MPA de Rosario está en crisis y que de alguna manera lo que está pasando en la actualidad pone en crisis muchos procesos de trabajo que tienen que ser mejorados, que tienen que ser cambiados”.
“Indefectiblemente, este es un punto de inflexión en el MPA y que se requiere una conducción fuerte para llevar adelante procesos de cambio reconocidos por la propia Fiscal Regional”, aseveró, para de inmediato añadir: “Me parece que hoy es necesario tomar medidas para defender esa institución y para salvaguardar una institución que tiene que dar respuestas claras a la ciudadanía donde no se puede estar hablando de internas, donde no se puede estar hablando de diferentes bandas sino que tiene que dar mensajes concretos y para eso la fiscal regional tiene que ser muy responsable y tiene que tener una conducción muy fuerte”.
“Creo que queda claro y está a la vista que el MPA tiene una crisis que es de gravedad institucional y que requiere cambios urgentes y muy responsables”, finalizó la socialista Cattalini.
Menos contemporizador fue Fabián Bastía: “El fondo de la cuestión lo tienen los informantes. En su momento, el fiscal Edery, notificó, en el 2021, a la regional segunda a la doctora Irribarren que era interina, y le acerca determinados informantes. La fiscal no informó la lista al anterior ni al actual fiscal regional, se quedó con la información, y tampoco la compartió con otros fiscales que investigaban esa misma banda por distintos delitos” agregó el diputado radical, del sector del gobernador electo Maximiliano Pullaro.
Además, explicó Bastía que Iribarren “no elevó al fiscal general para que lo reglamente, con el agravante que esa información de los informantes sería útil para otras investigaciones”.
El caso
Edery dijo que Ortigala era su informante, una figura que en la provincia no está del todo definida legalmente. Y afirmó que se lo había comunicado a su jefa. Al mismo tiempo, reprochó a sus acusadores de poner en peligro la vida de la mujer al revelar su condición públicamente.
Con base en las conversaciones por whatsapp ventiladas durante una audiencia en el marco de la investigación de extorsiones, ataques incendiarios y balaceras contra el dueño de la cadena de agencias de quinielas El Califa, Socca y Moreno denunciaron penalmente a Edery por “encubrimiento”.
Es por el intercambio de información sensible con Ortigala, señalada como testaferro de la banda Los Monos y antes testigo clave para la condena a perpetua del narco Esteban Alvarado. También, por no remitir a sus pares datos relevantes para otras causas surgidos de las conversaciones con la mujer.
Aunque al principio el tratamiento del tema quedó dentro del MPA, luego el Auditor General del organismo, Leandro Mai, decidió inhibirse con el argumento de que las faltas que le adjudican haber cometido a Edery son graves y exceden sus facultades de intervención. El funcionario expuso esas razones el miércoles de la semana pasada en la Legislatura, y entonces la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionela Catallini, anunció que el cuerpo iba a convocar a las jefas de fiscales Iribarren y Vranicich.
La fiscal general está citada para este jueves. En principio, los legisladores no le asignan una responsabilidad directa por la situación de la regional Rosario, como sí lo hacen con Iribarren. Incluso, le conceden la rápida reacción mostrada al ordenar el “monitoreo” –virtual intervención– por 90 días de tres áreas clave de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción: la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos que encabezaba Edery, el Equipo de Trabajo para el Abordaje de Balaceras y la Unidad de Homicidios Dolosos por “la situación de gravedad institucional que está atravesando” el organismo. También, le reconocen haberle pedido a Iribarren que a los tres fiscales involucrados en las denuncias cruzadas los aparte de las causas en las que pueda sospecharse falta de objetividad. Sin embargo, insisten en que la fiscal general es la cabeza institucional del organismo santafesino puesto en entredicho, y quieren que informe sobre su situación.
Una vez que escuchen a Vranicich, los senadores y diputados de la Comisión de Acuerdos decidirán si intervienen y en ese caso inician un proceso disciplinario contra Edery y su jefa regional.
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