Legisladores de la Comisión Bicameral de Acuerdos presentaron este miércoles un nuevo recurso legal ante la Cámara Laboral de Rosario para pedir que se permita avanzar con la investigación referida a supuestas “faltas graves” cometidas por el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain. El objetivo de los legisladores opositores es suspenderlo por seis meses de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), algo que desestimó en primera instancia la Justicia provincial.
La semana pasada, la jueza rosarina Paula Calace Vigo hizo lugar a una acción de amparo contra la provincia de Santa Fe presentada por Sain, a través de la cual solicitó que se declare inconstitucional la aplicación retroactiva de la ley 14.016 que establece incompatibilidades para que funcionarios del Poder Ejecutivo ocupen luego cargos en la Justicia. En su fallo, la magistrada le ordenó a la Bicameral archivar la investigación sobre Sain, justo un día antes de la sesión conjunta en la que se iba a votar su suspensión temporal del MPA con una rebaja salarial del 50%.
Este miércoles el diputado provincial de la UCR Fabián Bastía, presidente de la Comisión Bicameral, volvió a la Justicia después de que Calace Vigo rechazara la primera apelación presentada el viernes pasado por el legislador. En su rol de presidente de la Bicameral Bastía capitanea el intento de la oposición de avanzar con el proceso disciplinario en contra de Sain por supuestas faltas graves cometidas durante su gestión como ministro de Seguridad.
La jueza Calace Vigo ya rechazó un primer planteo presentado por Bastía, en nombre de la Bicameral, con el argumento de que el diputado no tiene “legitimación procesal” para participar del proceso contra Sain. En respuesta, Bastía presentó un recurso de queja para que un camarista del fuero laboral resuelva la cuestión. Además, anticipó que ingresará un pedido en la Corte Suprema de la provincia sobre el conflicto de poderes que se desató entre la Legislatura y el MPA por los procesos disciplinarios contra los fiscales.
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