La diputada nacional por el Frente de Todos, Fernanda Vallejos, encabezó un panel internacional a distancia, donde legisladores y legisladoras de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú expusieron sobre la necesidad de un aporte extraordinario de las grandes fortunas para afrontar la crisis por la pandemia. La legisladora alertó que “existen no menos de 235 mil millones de dólares en el exterior que no se encuentran declarados en el país” y no tributan al fisco.
La pandemia del Covid-19 provocó una crisis económica sin precedentes y expuso con mayor crudeza la desigualdad en América Latina. Sus Estados cuentan con un acotado margen para obtener fondos por los elevados niveles de evasión y fuga de capitales. Frente a esta situación, se impuso en el debate económico la necesidad de gravar las grandes riquezas para volcar esos recursos en los sistemas de salud y en la recuperación económica.
Los distintos casos de este tipo de impuesto centralizaron el debate del foro a distancia sobre “¿Quién paga la crisis del Covid-19? La urgente necesidad de gravar la riqueza”, en el que participaron legisladores y legisladoras de varios países de Latinoamérica.
Vallejos expuso el ejemplo del aporte extraordinario por única vez impulsado por el bloque Frente de Todos en el Congreso, que permitiría recaudar entre 3.000 y 4.000 millones. “Las grandes fortunas están lejos de contribuir en relación con su efectiva capacidad económica. El enorme esfuerzo colectivo que implica hacer frente a la crisis del coronavirus, requiere de la construcción de consensos en base a valores de solidaridad y de esfuerzo compartido, lo que supone la necesidad de que cada quien contribuya según su capacidad”, argumentó.
Un sistema tributario más equitativo
“Según los registros de la administración fiscal, para 2017 (últimos disponibles), del total de la riqueza declarada por residentes (aproximadamente 1 millón de personas), el 40% se encuentra fuera de la Argentina, mientras entre los más ricos (aprox 15.000 personas) ese porcentaje se eleva al 80%, pero al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados, no habían sido reconocidos ante el fisco argentino”, explicó Vallejos.
A partir de ese cálculo, estimó que “si proyectamos esa relación para 2019, podemos afirmar que existen no menos de 235.000 millones de dólares en el exterior que no se encuentran declarados en el país”.
Frente a este panorama, la diputada subrayó la importancia de “mejorar la progresividad tributaria”, ya que existe una “asimetría entre quienes evaden sus obligaciones tributarias y quienes, sin tener altos ingresos ni patrimonios, pagan los impuestos más regresivos, como IVA o Ingresos Brutos”. En este marco, abogó por ampliar la base imponible, esto implica que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos argentinos tributen en el país sobre el 100% de sus patrimonios.
Por otra parte recordó los cambios regresivos que tuvieron lugar durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. “En lo que refiere a la evolución reciente de la matriz tributaria argentina, durante el gobierno de Cambiemos, los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, los muy progresivos retrocedieron 1,4 y los progresivos, cayeron 1,3 puntos”, precisó.
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Encuentro latinoamericano
Junto a la presidenta de la comisión de Finanzas de Diputados de la Argentina, vía Zoom y Facebook Live hablaron también Rocío Silva Santisteban, congresista de Perú; Juan Luis Castro, senador de Colombia; Pabel Muñoz, asambleísta de Ecuador; Alan Fairlie, parlamentario de Perú; y Adrián Falco, secretario de la Fundación SES, quien ofició de moderador.
La actividad de este viernes fue el quinto foro de una serie de encuentros de congresistas de América Latina realizados en el último tiempo. Fue organizada por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Proyecto Económico, la Fundación SES, la Coalición por la Transparencia financiera (FTC) y el parlamentario andino Alan Fairlie Reinoso.
En medio de las carencias económicas de los gobiernos para evitar los colapsos de los sistemas de salud y la pérdida de millones de fuentes laborales, los y las congresistas coincidieron en que los ingresos fiscales de sus Estados pierden considerable poder recaudatorio por la acumulación de las riquezas offshore de los sectores más concentrados. En un año en el que la contracción de la actividad económica en la región será la peor de la historia -caerá -5,3% en 2020, según la CEPAL-, se vuelve acuciante, enfatizaron, que los Estados activen mecanismos para gravar esas grandes riquezas para mitigar los efectos del aislamiento por la pandemia.
Los puntos centrales del panel giraron en torno al rechazo del pensamiento neoliberal al impuesto a la riqueza porque implica, según las usinas liberales, menor inversión y trabajo. Aquí, los congresistas destacaron que el gravamen alcanza a personas físicas y no a empresas. También, consideraron que existe margen en la región para aplicarlo. En 2018 la recaudación en América Latina era de apenas el 23,1% del PBI mientras que para los países de la OCDE ese guarismo llegaba al 34,3% o al 40,3% para la Unión Europea, según datos de ese organismo.
Los casos latinoamericanos
Los congresistas resaltaron los altos niveles de desigualdad en América Latina y la necesidad de generar una política fiscal común para gravar a las grandes fortunas con el fin de revertir esa déficit social, sobre todo en la actual situación extraordinaria por el Covid-19.
Juan Luis Castro, senador colombiano por el Partido Alianza Verde, explicó que el impuesto al patrimonio aprobado en 2018 en su país grava a personas naturales con patrimonios líquidos igual o superior a 1.300.000 de dólares, e incluye tanto los bienes que posean en Colombia como en el exterior. Esperan recaudar 863 millones de dólares. Sin embargo, consideró que el principal problema en la implementación, como regla general, es el “uso de offshore en paraísos fiscales como vehículo para esconder las fortunas y aminorar las cargas tributarias”.
El senador del país caribeño indicó que “se necesita un impuesto progresivo, a mayor capacidad de pago, mayor tarifa efectiva”. “Un impuesto directo que permita conseguir liquidez rápidamente”, acentuó.
Por Ecuador, uno de los países de la región donde la pandemia hizo más estragos sanitarios, el asambleísta por la bancada Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz trazó una serie de medidas a adoptar para fortalecer la capacidad fiscal en el marco de la crisis por la pandemia, comunes a lo largo del debate. “La condonación de la deuda con organismos multilaterales, impuesto a los patrimonios más millonarios, mayor carga sobre dinámicas especulativas, enfrentar fuga de divisas y combatir guaridas fiscales”, señaló.
Muñoz agregó que “la crisis está acentuada por el proceso de creciente acumulación de la riqueza en pocas manos en América Latina”, en el marco de “una restauración conservadora desde 2014, con el regreso del neoliberalismo que no tiene ninguna propuesta programática novedosa más que desempolvar el Consenso de Washington de 1989”.
Por su parte Rocío Silva Santisteban, congresista de Perú, otro país donde la pandemia impactó fuertemente, pidió “coordinar políticas fiscales entre los países porque los paraísos fiscales permiten los altos niveles de desigualdad, que son vergonzosos”. Añadió que para afrontar esta situación extraordinaria sanitaria y económica en su país, su espacio presentó tres propuestas. Un proyecto de impuesto a las riquezas, un bono universal y un programa para financiar los comedores escolares. Sobre todo, ante la “profunda desigualdad” en el país andino, cuestionó.
Por último, el parlamentario andino Alan Fairlie explicó el proyecto de marco normativo para promover la justicia fiscal en la Región Andina. “Está orientado a fortalecer los sistemas tributarios, buscando mejorar la progresividad fiscal de estos, así como la eficiencia en el gasto tributario con el fin de promover el crecimiento sostenible tanto a nivel económico como social y ambiental que permita cerrar la brecha de desigualdad existente en la región”, analizó.
Fairile concluyó: “No alcanza un impuesto a la riqueza sin combatir la evasión y la elusión fiscal. No somos destinatarios de inversiones, somos exportadores de capital”.
