El empresario Lázaro Báez, detenido por supuesto lavado de dinero, se negó ayer a contestar preguntas ante el juez federal Sebastián Casanello, aunque presentó un escrito en el que aseguró que el dinero que personas de su entorno cuentan en el video de las cámaras de seguridad de la financiera SGI estaba destinado a la compra de un campo en Tortuguitas (Malvinas Argentinas). En tanto, el juez Casanello denegó la excarcelación de Báez, tras considerar que existe “riesgo de fuga” en función del “patrimonio abultado”, la “cantidad de vehículos y aeronaves propias” y los “lazos internacionales” del empresario patagónico.
Por el despacho que tiene Casanello en los tribunales de Comodoro Py desfilaron ayer Lázaro Báez, su hijo Martín y su contador, Daniel Pérez Gadín, también detenido en la misma causa, además de otros involucrados.
Los tres evitaron responder preguntas y presentaron escritos, en tanto que el dueño de Austral Construcciones y Pérez Gadín elevaron pedidos para ser excarcelados, negados por Casanello.
El empresario estuvo poco más de media hora en el despacho del magistrado y antes de retirarse volvió a ser esposado, tal como había ingresado al juzgado al mediodía, para ser trasladado luego al penal de máxima seguridad de Ezeiza.
Para el juez, Báez utilizó la financiera SGI para blanquear 5,1 millones de dólares, los que el empresario aseguró ayer en su escrito que eran para la compra de un campo. En el escrito que presentó ante el juez, Lázaro Báez se despegó del delito de supuesto lavado, dio detalles sobre el origen del dinero que aparece en los videos de la financiera SGI y tildó su detención de “arbitraria”.
“El solo hecho de contar dinero no lava nada. Si el dinero está «sucio» así queda y si es dinero limpio también se mantiene en esa condición”, resaltó el dueño de Austral Construcciones, que cuestionó que se haya involucrado en el caso a su hijo Martín.
Casanello imputó a Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero, ante la sospecha de que el uso de facturas truchas originó los millones que intentó hacer pasar por lícitos.
Báez y Pérez Gadin fueron trasladados al complejo penitenciario de Ezeiza, penal de máxima seguridad, donde está alojado también el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, acusado por administración fraudulenta de fondos públicos a raíz de la compra de trenes a España y Portugal. En una jornada repleta de indagatorias, el primero en ingresar a declarar fue Martín Báez, quien cuestionó la validez del video de las cámaras de seguridad de SGI y sostuvo que el dinero que se vio podría ser por la actividad empresarial que desarrolla su padre. A continuación fue indagado el contador Pérez Gadin, considerado el segundo en grado de responsabilidad en la maniobra –después de Lázaro Báez–, quien está detenido desde el martes y también presentó un escrito y rehusó contestar preguntas.
Otro de los que se negó a responder fue el empresario Walter Zanzot, presidente de la firma Top Air y principal accionista, quien explicó su presencia en la financiera SGI, al asegurar que acompañaba habitualmente a Martín Báez en sus viajes, al igual que lo hacía con otros clientes. Además, fue indagado el empresario César Fernández, ex presidente de la financiera SGI, quien aparece en las filmaciones. Por su parte, el financista Federico Elaskar, ya procesado por otros hechos, también prestó declaración indagatoria ante Casanello por otras acusaciones que no tienen que ver con los manejos presuntamente irregulares de dinero en la financiera SGI, pero sí están dentro de la gran causa sobre lavado.
Sal Lari, el polémico ex juez que defiende al empresario
Uno de los abogados que defenderá al empresario patagónico Lázaro Báez, Rafael Sal Lari, es un controversial ex juez que enfrentó numerosos juicios en su contra por su supuesta laxitud a la hora de excarcelar detenidos que luego volvieron a delinquir. Durante su carrera como magistrado, Sal Lari acumuló denuncias y pedidos de destitución por parte de familiares y víctimas de inseguridad, así como del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien finalmente en 2012 desistió de continuar con la acusación.
Uno de los casos más polémicos ocurrió en 2008 cuando dispuso la excarcelación de un delincuente que cuatro meses después fue partícipe de un robo en un domicilio particular que terminó con el asesinato del ingeniero Carlos Regis delante de su familia. También recibió fuertes críticas por haber liberado a un abusador de menores, por haber excarcelado a dos sospechosos del millonario asalto al Banco Río de Acassuso, y por haber eximido de prisión a cinco personas sospechadas de maltratar niños en un Jardín.
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