Política

Trama expuesta

Lawfare: la corrupción en la Justicia argentina avanza a lo más alto

Las evidencias de participación en operativos y maniobras de organismos de seguridad para acusar y detener personas sin pruebas, armar causas, espionaje, extorsión, sobornos y otros delitos dan muestra de que se ha socavado el estado de derecho


Juan Guahán (*) / Rubén Armendáriz (**)

Las evidencias de participación en operativos y maniobras de organismos de seguridad, para acusar y detener personas sin pruebas, armar causas, espionaje, extorsión, sobornos y otros delitos que violan normas jurídicas, demuestran la corrupción en la Justicia argentina, que prácticamente ha hecho desaparecer el estado de derecho, siguiendo –ahora– los lineamientos del gobierno de Mauricio Macri.

Los temas sobre corrupción que inundan los despachos de los Tribunales federales argentinos, con sede en la Capital Federal, ahora se han extendido a su semejante de Dolores (provincia de Buenos Aires).

Más allá que la Justicia no debe tener color partidario, es público y notorio que la Justicia federal asentada en territorio capitalino está más cerca del actual gobierno y que el juez federal de Dolores tiene simpatías por el cristinismo.

Estamos llegando a los puntos más altos de una disputa judicial. Diversas causas, los “cuadernos…” (de la supuesta corrupción durante los gobiernos kirchneristas, caballito de la campaña electoral por la reelección de Macri) entre ellas, trajeron a la Justicia el pasado kirchnerista y le dieron –al gobierno– la apoyatura para sus campañas contra aquella corrupción.

Era obvio que los kirchneristas no se iban a quedar quietos y además de cuestionar las políticas económicas del gobierno y sus nefastos efectos sobre la población le dedicarían tiempo y esfuerzos para amortiguar o anular los efectos de aquella campaña judicial propiciada por el macrismo.

En ese camino vino la causa contra el fiscal Carlos Stornelli, quien lleva adelante el tema de los “cuadernos…” y otras denuncias sobre el pasado kirchnerista. Parece que la Justicia federal de Dolores encontró pruebas suficientes que le permiten llamar a indagatoria a dicho fiscal. Eso ocurriría el mañana 7 de marzo.

No cabe duda que los intereses del gobierno apuntan a que ese expediente termine en Comodoro Py y se están moviendo en esa dirección. No sea cosa que el juez de Dolores ordene el procesamiento con detención del “fiscal justiciero”.

Jueces y abogados que defienden a funcionarios, empresarios, dirigentes gremiales y sociales, detenidos ilegalmente, denunciaron la gravedad que se vive a raíz de las revelaciones que surgen de la documentación incautada al agente de inteligencia y falso abogado Marcelo D’Alessio, en la que se advierte un accionar “mafioso” que “denigra a la Justicia e involucra a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas de medios como el Grupo Clarín”, ligados al gobierno.

Las evidencias muestran la participación en “operativos y maniobras”, para acusar y detener personas sin pruebas, armar causas, espionaje, extorsión y otros delitos que violan normas jurídicas y “han hecho desaparecer el estado de derecho” bajo los lineamientos del gobierno actual.

Además, denunciaron las amenazas y “control” mediante el uso de informes de inteligencia, que comprometen a “asesores” y personal de la DEA y otras agencias estadunidenses e israelíes en maniobras delictivas, de las que surge la forma en que presionaron a diversas personas y las obligaron a mentir.

Todo al estilo de juez brasileño Sergio Moro, el del Lava Jato, que con el apoyo de los servicios de inteligencia y la corrupción judicial logró la presión del ex presidente Lula da Silva y su exclusión de la contienda electoral, para ser premiado con el ministerio de Justicia por el presidente ultraconservador Jair Bolsonaro.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien tomó esta difícil causa de la extorsión a un empresario por parte del fiscal Carlos Stornelli, recabó mucha información, que enloda a la justicia ligada al gobierno de Macri en acciones que son comparadas con la forma en que se actuaba durante la pasada dictadura militar (19761983).

Por el otro lado siguen avanzando las causas contra los kirchneristas y en mayo comenzaría el gran show de los juicios plenarios a la ex presidenta. Allí asistiremos a brillantes alegatos de Cristina Fernández de Kirchner, aseguran que serán al estilo del “Yo acuso” de Émile Zola, en el “caso Dreyfus”, la famosa defensa de un oficial judío acusado de traición (Francia, 1898).

Los propios festejarán ese alegato, seguramente brillante, como una nueva prueba de la capacidad de su jefa. Los opositores se regocijarán al verla sentada en el banquillo de los acusados. Asistiremos a un discurso chispeante versus una imagen que durará varios días donde desfilarán decenas de testigos colocando sobre la mesa las podredumbres del poder. Es difícil adelantarse a los resultados prácticos, léase impacto electoral, de esa contradictoria situación.

Este avance de las causas no excluye que tiempo después, por la vía de algunas nulidades o el retorno a la inacción judicial u otros mecanismos, estas causas vuelvan a fojas cero y el mundo siga andando…

Para terminar, es bueno recordar que esas contradicciones entre discursos y realidades no son nuevas, se actualizan y crecen cada vez que ingresamos en las campañas electorales. La apertura de un nuevo período legislativo, por parte del presidente Mauricio Macri, el viernes pasado, fue una muestra de ello.

Con una inusual vehemencia, con un discurso vibrante –que muy posiblemente emocionó a sus adherentes más fieles– no tuvo empacho en leer un texto tan ajeno a cuestiones sustanciales de la realidad que cabía preguntarse: ¿de qué país hablaba…?

(*) Analista político y dirigente social

(**) Periodista y polítólogo

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (www.estrategia.la)

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