Veintitrés personas, entre ellas varios integrantes de la familia del capo narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, fueron condenados este jueves a penas de entre 5 y 7 años de cárcel, acusados de haber lavado dinero proveniente del tráfico de drogas, tras un juicio oral en el que además se ordenó el decomiso de sus bienes por el triple de lo que supuestamente lavaron, que se calcula en alrededor de ocho millones de dólares.
Fuentes judiciales aseguraron que la condena del juicio que comenzó hace más de un año fue impuesta por el juez federal de La Plata, Nelson Jarazo, integrante del Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 platense, y la pena más alta de 7 años de prisión la recibieron dos de los hijos de Álvarez Meyendorff, los hermanos Mauricio y Sebastián Álvarez Sarría.
Otro de los imputados que recibió la condena de 7 años de prisión efectiva fue María Francisca García Fernández, quien fue considerada la primera contadora que la organización tuvo en la Argentina.
En tanto que el resto de los imputados, entre ellos la esposa, la madre, dos nueras, un hermano y un sobrino de Álvarez Meyendorff, fueron condenados a la pena de cinco años de cárcel, acusadas de lavar dinero proveniente de la venta de drogas mediante la creación de empresas, compra de campos, autos exclusivos y propiedades, especialmente en barrios cerrados, como Nordelta.
El capo narco había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en marzo de 2011 cuando regresaba junto con algunos de sus familiares de unas vacaciones en Tahití, y dos años más tarde fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por importación de cocaína.
En el fallo de este jueves, el magistrado dispuso también que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 21 de febrero de 2020, fecha en la que además quedará acreditada la cantidad de dinero que blanqueó la banda.
Pese a ello, en el veredicto de este jueves dispuso que decomisen todos los bienes producto del lavado de activos del narcotráfico, entre ellos un campo en Chivilcoy y dos propiedades en la ciudad de Buenos Aires.
La fuente judicial consultada precisó que en el juicio, en el que la Unidad de Información Financiera (UIF) actuó como querellante, el juez dispuso absolver a tres acusados.
La organización fue desbaratada en abril de 2012 en un operativo conocido como Luis XV, en el que se secuestraron 253 kilos de cocaína escondidos en muebles de estilo que iban a ser enviados a Europa y Estados Unidos y estaban en dos galpones de la localidad bonaerense de Lanús.
Casi un año antes, en junio de 2011, se habían descubierto 444 kilos de cocaína en el velero Traful, que había partido desde el puerto bonaerense de Berisso rumbo a Uruguay, pero sus tripulantes debieron abandonar por un desperfecto.
En ambos casos, se consideró que la banda era liderada por Álvarez Meyendorff (54).
En julio del 2016, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata condenó a penas de entre 4 y 14 años de prisión a 9 de los 21 imputados que hubo por ambos operativos y también se ordenó el decomiso de dos veleros en los que se transportaba la droga como así también de vehículos y propiedades.
Las condenas más altas las recibieron los tripulantes del velero en el que fue hallado el mayor de los cargamentos de cocaína.
Meyendorff y Luis Medina
El narco colombiano tuvo vínculos con Rosario, según documentó una investigación de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y difundió la periodista Virginia Messi, autora del libro Narcolandia, en Clarín. Luis Medina, el narco rosarino ultimado en el acceso sur en diciembre de 2013 junto con su pareja Justina Pérez Castelli, supo vivir en un country de la localidad bonaerense de Pilar, donde era vecino de otro célebre colombiano, Jesús Antonio Yepes Gaviria, que incluso estuvo bajo sospecha por su homicidio.
De acuerdo con la investigación de Arroyo Salgado, un financista mexicano llamado Diego Filo –quien vivía en el barrio Portezuelo de Nordelta– fue secuestrado para que pagara una deuda que tenía con la consuegra de Álvarez Meyendorff, al parecer por hombres de la banda de Luis Medina, quien supo ser socio del ahora en boga Esteban Alvarado y que, según sospecha la Fiscalía, pudo ser asesinado a instancias de este sindicado narco.
En la pesquisa de Arroyo Salgado hubo seis decenas de llamados de parte de los secuestradores a un celular radicado en Rosario. Según consta en la causa, finalmente los captores cobraron el medio millón de dólares que la víctima del secuestro extorsivo le había sacado a la consuegra del narco.
Los nombres de ambos también se juntaron en un pedido de imputación radicado en mayo de 2014 por el fiscal federal Eduardo Taiano, a instancias de los legisladores Ernesto Sanz, Martín Lousteau y Fernando Sánchez, contra el jefe de la Unidad de Información Financiera (UFI), José Sbatalla, por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario, por su “manifiesta inacción” ante narcos como Álvarez Meyendorff, Medina o Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre.
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