Ana Laura Píccolo
Dos cosas tienen en común los nombres de ocho jóvenes que ayer a la mañana podían leerse en tumbas de cartón montadas en la vereda de Montevideo 2268. Todos están muertos. Y todos fueron víctimas de gatillo fácil. Así lo denunciaron familiares y organizaciones sociales frente a la Fiscalía de Homicidios, donde plantaron un cementerio simbólico para cuestionar otra triste coincidencia. Que ninguno de los presuntos uniformados que gatillaron contra sus seres queridos está condenado y que en su mayoría se encuentran en libertad.
“Venimos a pedir explicaciones porque las causas no avanzan. Queremos saber por qué no nos atienden. Por qué los fiscales no están de nuestro lado, que somos las víctimas, y por qué están del lado de la Policía”, dijeron madres, esposas y hermanas de chicos asesinados en presuntas ejecuciones sumarias.
“Queremos mostrarles a los fiscales qué es lo que hacemos todas las semanas: ir al cementerio a llorarle a nuestros muertos”, dijo la hermana de Jonatan Herrera, el pibe de 23 años asesinado a tiros en enero de 2015 mientras lavaba el auto en la puerta de su casa de Tablada.
“Queremos que los fiscales no trabajen para la Policía, porque nosotros somos las víctimas. A nosotros nos hicieron daño, nos quitaron a nuestros hijos. Y ellos no están trabajando para nosotros, están trabajando para la Policía y para el Estado. Es una burla a nuestro dolor”, reafirmó María Elena, mamá de Jonatan, quien junto a familiares de otros pibes asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad y organizaciones sociales conformaron la Multisectorial contra la violencia institucional.
Para Analía Abreuu, una de las abogadas de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, la Multisectorial es indispensable para poder avanzar en las causas donde hay policías involucrados. “Sin esa herramienta colectiva sería imposible garantizar el respeto de los derechos de las víctimas e incluso nuestros propios derechos como profesionales”, aseguró tras explicar que la mayoría de las veces, aunque la evidencia existente sea clara, no se llega a sentencias condenatorias porque sus reclamos directamente son desoídos por parte de los fiscales.
“Es difícil pensar en un sistema claro si a la hora de juzgar a policías no se discuten situaciones de otro tipo de democratización. Hoy, la Policía es una herramienta de la Fiscalía y son los mismos policías los que realizan las diligencias”, dijo la abogada que lamentó: “La búsqueda de Justicia por parte de pibes de sectores populares se limita un montón. Son pibes a los que se los privó de un montón de cosas toda su vida. Y al momento de su muerte también se los priva de tener una investigación genuina”.
En el reclamo de Justicia estuvieron presentes familiares de Maximiliano Zamudio, de 16 años, asesinado en mayo de 2015 frente a su casa de Tablada por un prefecto que le disparó en la cabeza. De Carlos Godoy, de 25, asesinado el mismo mes a tiros en Empalme Graneros por policías que lo trataron de ladrón, pese a que en los bolsillos tenía el documento y último recibo de sueldo. De Alejandro Ponce, de 23, quien apareció flotando en el Paraná en noviembre de 2015 luego de que policías lo acusaran de robar un celular y una vez en el agua lo agredieron a cascotazos, según denunció su madre. De Jonatan Ojeda, de 17, asesinado de un disparo en la cara en la puerta de su casa de Tiro Suizo por un policía que era vecino y que está denunciado por apremios ilegales. También estuvieron presentes allegados a Franco Casco y Gerardo Pichón Escobar, cuyos cadáveres también aparecieron flotando en el Paraná luego de ser detenidos y las causas tramitan en el fuero Federal caratuladas como desaparición forzada de persona. La triste nómina la completa Brandon Cardozo, de 16 años y muerto en enero pasado en una fiesta en el barrio Las Delicias en la que disparó un policía.
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