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Fuero de familia

Las parejas se rompen, pero no siempre hay dinero para enfrentar un divorcio

Si bien las estadísticas no reflejan las rupturas y conflictos familiares que trajo la pandemia, trámites vinculados a cuestiones de familia como alimentos, restricciones o atribución del hogar, marcaron una tendencia al aumento de casos que no son formalizados en un divorcio


La pandemia no sólo afectó la salud de los rosarinos, sino que movilizó en muchos aspectos. El cimbronazo económico, las emociones, el replanteo de las relaciones sentimentales, los desencuentros diarios y la violencia familiar y de género no escaparon a esta ola. En el primer semestre de este año se produjeron 823 trámites de divorcio en Rosario. El número no significa demasiado en relación a otros años, ya que iniciarlo implica un gasto importante para economías familiares enflaquecidas, pero en otros trámites vinculados a cuestiones de familia se muestra otro panorama. Pedidos de régimen comunicacional, alimentos, restricciones de acercamiento o exclusiones del hogar, atribución del hogar conyugal, registraron un aumento de la litigiosidad en el fuero de familia que se tradujeron en rupturas de parejas que no se formalizaron en un divorcio.

La jueza de familia Andréa Brunetti contó a El Ciudadano que con el inicio de la pandemia y las severas restricciones que se establecieron durante el 2020 se generaron rupturas de parejas que no se vieron trasladados en los números, pero que generaron un gran aumento de la litigiosidad. Muchas parejas, al no poder hacer frente a un divorcio, optaron por otras instancias judiciales como pedidos de régimen comunicacional, de alimentos, tanto en parejas que han convivido en matrimonios que se han separado o padres que no han convivido nunca. También por requerimientos de regímenes comunicaciones porque con las restricciones se hizo difícil ver a los hijos y también denuncias por violencia de género. Un trámite que aumentó mucho fue la atribución del hogar conyugal o convivencial.

La jueza explico que hay que partir de la base de que las personas se casan menos, el matrimonio ya no era una institución a la que acudían las parejas, explicó. Muchas buscan formalizar a través de uniones convivenciales con y sin registro o uniones de hecho. Durante el 2020, con la pandemia, la situación fue otra. La estadística de divorcio durante el año pasado no puede tenerse como una referencia porque los Tribunales no funcionaron para este tipo de trámites por varios meses y luego se habilitaron los divorcios por mutuo acuerdo. El otro dato que destacó es que las personas no tenían dinero para enfrentar un trámite de divorcio y se vio restringida en la posibilidad económica.

En cuanto a los trámites vinculados al reclamo de alimentos para los hijos, la magistrada contó que es una situación que viene complicada desde antes de la pandemia donde ya había pedidos de incumplimiento de cuota alimentaria, “incumplidores tuvimos siempre y fue un número considerable”, aseguró.

Según datos oficiales al 9 de junio hubo 1182 reclamos judiciales por alimentos, en 2020 ese número llego a 1902 y en 2019 a 2938. En cuanto al pedido de debida comunicación se presentaron 298 solicitudes en este año, 532 en 2020 y 940 el año anterior.

Agregó que hubo muchas rupturas de uniones convivenciales registradas y no registradas. Hay muchas cuestiones vinculadas a los bienes de estas uniones, por ejemplo reclamos de enriquecimientos sin causa, de compensación económica. Una constante es que muchos reclamos son de mujeres “porque seguimos teniendo estructuras patriarcales”. A modo de ejemplo contó que una pareja convive y los esfuerzos son comunes. “Compran un terreno, construyen y en muchas ocasiones la mujer contribuye con aportes porque por ejemplo hace tareas en el hogar, todavía existen esas estructuras”.

La pandemia también puso sobre el tapete el sobreesfuerzo de la mujer que trabaja, afuera o a través del teletrabajo, y se ocupa del hogar. Si bien la perspectiva de género es internacional y estatal, producto de la pandemia se vieron muchos casos donde se advierten desigualdades estructurales. Lo que obliga a resolver un reclamo judicial con perspectiva de genero: “hay que decir cuales son esas desigualdades sobre todo en las cuestiones patrimoniales”.

Si hay una convivencia, la pauta es la separación de bienes salvo pacto de ganacialidad, explico. “Hay una deficiencia en esto, no se falla en todos los casos con perspectiva de género”. La magistrada ejemplificó: “Si el terreno se compró por boleto de compra venta, la mujer contribuyó con la construcción y eso no está en ningún lado. Esto lleva a producir la prueba que lo acredite y requerir una contribución económica — algo que fue incorporado con la reforma del Código Civil y Comercial en 2015 —y tenés un plazo de 6 meses para hacerlo”. La jueza contó que el tema se complejiza cuando la relación se rompe por una cuestión de violencia familiar porque el plazo para pedir la compensación es muy corto. Allí surge la obligación de evaluar el caso con perspectiva de género y dejar de lado el plazo judicial, dijo. “En la práctica se advierte que no son aplicables estos plazos, no es lo mismo estar casada donde el plazo corre desde el divorcio. En la convivencia el plazo corre desde que él o ella se retiraron del hogar”.

Otro de los reclamos patrimoniales en uniones convivenciales es el enriquecimiento sin causa, si bien es una institución que ya se veía en las separaciones, hoy se tramita mucho más. A lo que sumó la importancia del artículo 660 del Código Civil y Comercial que para la magistrada es la única norma que tiene perspectiva de género. Esta norma reconoce el valor económico de las tareas cotidianas de cuidado personal de un hijo, lo que constituye un aporte a su manutención.

Violencia de género y de familia

La jueza explicó que los casos de violencia tampoco se reflejan en los números. Hasta principios de 2021 se hicieron 3.184 presentaciones, mientras que en 2020 el número fue 6.573 y en 2019 las denuncias fueron 9.124. Brunelli contó que la disminución en el número no implica que no hubo violencia “hubo un montón pero las víctimas no podían denunciar”. Contó que los casos son más virulentos y muchos terminan en el fuero penal.

A esto sumó que las denuncias dejaron de archivarse y con el nuevo sistema penal acusatorio tienen curso, se creo una unidad especializada. Explicó que casi el 50 por ciento de las causas que ingresan al juzgado son violencia familiar y en el 90 por ciento son violencia de género. “Rosario siempre fue ejemplo respecto a la manera en que se trabajo la cuestión de violencia familiar, incluso en relación a Santa Fe”.

Recordó que en 2011 se creó el juzgado al que pertenece porque había 4 mil causas por Tribunal, hoy el número llega a 6 mil, relató. En la ciudad hay 12 jueces de familia que “estamos predispuestos a brindar un mejor sistema de justicia, es una constante y todos trabajamos para eso. Todo tienen la misma visión, facilitar, solucionar el caso”.

 

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