La Guardia Urbana Municipal (GUM) puso en la mira a nueve talleres que se dedican a la reparación de motos y que presentan ciertas irregularidades. Por tal motivo, esta semana llevará a la Justicia provincial una presentación detallada para informar acerca de los locales que funcionan al borde de la ley.
Los talleres en cuestión son nueve, en su mayoría se encuentran en la zona sur y sudoeste de la ciudad, y funcionan exclusivamente en la atención de motovehículos. “No tienen la habilitación correspondiente, por lo que infringen el artículo 61 del Código Provincial de Faltas. Presumimos que pueden tener motos de procedencia dudosa o, en algunos casos, las preparan para correr picadas”, expresó Mariano Savia, director de la GUM.
La iniciativa está impulsada a raíz de los diversos operativos que se vienen realizando en los últimos meses en estos “comercios”, 25 de los cuales fueron clausurados por falta de habilitación.
“Tenemos un mapa de fiscalización que incluye a alrededor de 40 talleres. Controlamos que tengan las habilitaciones correspondientes para funcionar como corresponde”, señaló Savia, quien además contó que durante las inspecciones “se advirtió a los talleristas que se abstengan de recibir motos sin patente”. Con esa medida, según el jefe de la GUM, se busca “por un lado desalentar conductas de carácter delictivo; por el otro, proteger a los propios comerciantes para evitar que, llegado el caso, queden como encubridores por tener en su taller una moto que fue utilizada en un ilícito”.
Las motos se encuentran desde hace tiempo en el ojo de la tormenta porque, en muchos casos, son utilizadas para cometer robos tipo “salideras” bancarias. Hace unos meses, el concejal Jorge Boasso presentó un proyecto que levantó polvareda cuando propuso que se prohibiera el ingreso al microcento de motos con dos personas a bordo.
“Queremos evitar la proliferación de talleres no habilitados, que queden fuera del mapa de fiscalización, porque se prestan a que puedan entrar en el circuito ilegal. Puede que luego se produzca la venta de las partes para ser ubicadas como repuestos, tal como sucede en el caso de los automóviles”, señaló Savia, quien se encargó de diferenciar los locales que funcionan “con un fin propiamente delictivo” de aquellos que son simples “economías informales”.
“En los operativos nos hemos encontrado con talleres que, por las características y los elementos reunidos, dejan la impresión de funcionar con un fin delictivo, y para el que tienen todo un circuito montado. Pero también hay casos que son propios de una economía informal, de alguien que en el garaje de su casa instala un taller para generar recursos”, describió el director de la GUM.
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