¿Basura cero? Primero fueron los ambientalistas que pusieron el grito en el cielo por el decreto 591 que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y varios de sus ministros y que habilita la importación de basura y residuos de otros países para ser reutilizados en la Argentina, algo que estaba expresamente prohibido desde 1991 cuando se sancionó ley de Residuos Peligrosos.
La nueva norma flexibiliza las restricciones para el ingreso de “desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrios”, entre otros, sin necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental como se exigía anteriormente.
En paralelo y con graves alertas, las cooperativas de reciclado expusieron en un documento que el decreto sobre importación de residuos peligrosos, convertirá a la Argentina en “el basurero del mundo”, mientras que desde el gobierno negaron todo riesgo asegurando que la norma “no afectará a los trabajadores” y establece “más controles de calidad”.
Sin embargo, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), rechazó la modificación y dijo estar “preocupada ante la falta de controles y políticas públicas que permitan el desarrollo de la gestión de residuos y reciclado”.
“Hasta ahora para importar residuos se debía pedir una autorización ante la Secretaría de Ambiente que certificara sus condiciones. Con la nueva normativa se quita ese control a materiales reciclables como cartón, papel y plásticos, permitiendo su importación indiscriminada”, denunció en un comunicado.
Para la Conarcoop, el nuevo decreto “excluye y niega la realidad social que atraviesan más de 150.000 cartoneros que trabajan en las calles y desplaza a las cooperativas de reciclado y sus asociados”.
En este marco, Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop, señaló: “Nos parece un despropósito que se traigan residuos de otras naciones, que incluso pueden venir mezclados con otros que acá no podemos tratar, como las pilas. Expresamos nuestra extrema preocupación por la seguridad ambiental del país, así como también por la exclusión de los sectores más vulnerables”.
En la misma sintonía se manifestaron desde la Cooperativa de Reciclado RGP (Reciclado General de Plástico) enmarcada en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), señalando su “más absoluto repudio al decreto 591/2019, firmado por el presidente Mauricio Macri, mediante el cual modificó la ley de Residuos Peligrosos y se permitirá la importación de residuos sin certificado de inocuidad”.
El documento unificado plante sin ambigüedades que el decreto es inconstitucinal: “Atenta contra la salud de nuestro pueblo, provoca la contaminación de nuestro suelo y perjudica la generación de reciclables de nuestro propio territorio”.
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