La escalada verbal diplomática con el Reino Unido por la cuestión Malvinas tiene múltiples razones, incluida la de su uso como pantalla, pero sirvió para despabilar a un reclamo que se había sedentarizado por la nula posibilidad de éxito inmediato.
El gobierno ya había preparado una batería de acciones hace cinco años para el cumplimiento de los 25 años de la Guerra de Malvinas, pero parece haber logrado mayor repercusión internacional ahora que están por cumplirse 30.
La nueva ola de exploración petrolera iniciada hace exactamente dos años de forma unilateral por el Reino Unido –la anterior fue a fines de los 90 sin resultados– actuó como reactivo sobre el real valor de las islas: su riqueza natural, pese a que hasta ahora tampoco hubo grandes hallazgos de yacimientos.
Desde entonces, la administración de Cristina Kirchner intentó dar golpes de efecto y los británicos hicieron su aporte con el envío del príncipe Guillermo recién casado en misión militar, junto con el incesante despliegue armamentista en el Atlántico Sur.
Los eventos que refrescarán el reclamo argentino este año de aniversario redondo no se agotan allí: primero vendrán las fechas clave de la Guerra –la recuperación el 2 de abril, el hundimiento del Crucero General Belgrano el 2 de mayo y la rendición el 14 de junio– y las sesiones de las Naciones Unidas del Comité de Descolonización, en junio y la Asamblea General en septiembre, cuando la presidenta lo pone como eje de su discurso.
Además, a partir del 27 de julio y hasta el 12 de agosto se disputarán los Juegos Olímpicos en Londres y la Casa Rosada ya está preparando distintas actividades para darle difusión a la disputa en la misma capital inglesa, adonde se instalará la nueva embajadora Alicia Castro con esa primera misión.
Los debates
A tono con la amplificación del reclamo, es probable que la mandataria también participe de la sesión del Comité Especial de Descolonización en la que anualmente se adopta una resolución por consenso que reconoce la disputa de soberanía sobre una situación “colonial especial y particular” en Malvinas e insta a las partes a reanudar las negociaciones “lo antes posible”.
En la misma sesión algún representante de las islas protesta porque no se tiene en cuenta el deseo de los kelpers y su presunto derecho a la autodeterminación, como establece la Carta de las Naciones Unidas. La Argentina responde que ese derecho no se ajusta a esa población porque es trasplantada –británica por nacimiento u origen– y los argentinos fueron expulsados en 1833, luego de que fuera territorio de la colonia española hasta 1810.
Ante esa discusión trabada por el poder de veto que ejerce el Reino Unido en el Consejo de Seguridad de la ONU, se escribió mucho sobre la especulación de apelar a la cuestión Malvinas en momentos en que la economía soporta un ajuste o cuellos de botella energéticos –este mismo análisis semanal podría estar abocado a otra cuestión coyuntural–, pero también es cierto que los Kirchner dieron impulso a la causa desde 2003.
En ese lapso lograron algunos avances en el plano diplomático como el apoyo monolítico de Latinoamérica y el pronunciamiento explícito de Estados Unidos a favor del diálogo bilateral. También obtuvieron respaldos en el Caribe, más allá de sus lazos históricos con el Reino Unido.
Otro de los grandes debates de estos días interpela si es apropiada la diplomacia hostil actual o si conviene seducir a los 3.140 kelpers, usados por Londres como escudo para no negociar.
Esta última vía amistosa ya fue usada por el gobierno de Carlos Menem y dio nulo resultado. Quizá la máxima sindical vandorista de golpear para negociar termine dando frutos en algún momento.
También España flexibilizó su postura hacia los habitantes del Peñón de Gibraltar, como pidió Londres, pero no obtuvo avances en su reclamo. Gibraltar es la última colonia que existe en Europa.
En ese marco, los reclamos que reactivó la administración de Mariano Rajoy contribuirán a la causa Malvinas y mostrarán algunas contradicciones: Europa aceptó incluir a las Malvinas como territorio británico de Ultramar en el Tratado de Lisboa, pero no reconoce como británico a Gibraltar.
Chile y la Antártida
Se especulaba con que el gobierno anunciaría esta semana el bloqueo al vuelo de Lan que une semanalmente a las islas con Punta Arenas y dos veces al mes con Río Gallegos, pero finalmente se anticipó la denuncia por la militarización del Atlántico Sur ante distintos órganos de Naciones Unidas. En resumidas cuentas seguimos siendo víctimas y no victimarios.
Si bien esa medida de aislamiento está latente, quizá quede en una amenaza: el presidente chileno Sebastián Piñera le pidió expresamente a Cristina Kirchner que no la implementara porque iba a afectar a los 300 chilenos que viven en las islas.
Chile configura una cuestión sensible. Además de que el régimen de Augusto Pinochet dio apoyo a las fuerzas británicas en 1982 todavía hay un gran sector político y de la sociedad que reclama no inmiscuirse en Malvinas y preservar las relaciones con Londres.
No obstante, hay factores que lo unen al reclamo argentino. El embajador argentino, Ginés González García, lo acaba de hacer explícito en una entrevista con el diario La Tercera, al señalar que el actual estado de cosas permitiría avanzar en una reclamación del Reino Unido sobre territorio antártico, tema congelado por tratados internacionales.
Gran Bretaña reclama todo el sector que pretende la Argentina en la Antártida y prácticamente todo el que juzga propio Chile, que en buena parte también se superponen entre sí.
A partir de su administración en Malvinas, el 11 de mayo de 2009 el Reino Unido pidió en la ONU que se le amplíe el derecho de zona económica exclusiva de 200 a 350 millas náuticas ante la Convención sobre Derechos del Mar (Convemar) y se reservó el derecho a reclamar por Antártida en el futuro.
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