Ciudad

Las barreras de la ciudad

Aunque Rosario se jacta de ser accesible a todos, transitarla es una odisea para los discapacitados. La organización Sin Barreras pelea por su inclusión, pero todavía quedan muchos escollos por superar

Claudio y Daniel sufren a diario las trabas que impone la arquitectura urbana.
Claudio y Daniel sufren a diario las trabas que impone la arquitectura urbana.

En una ciudad que se jacta de ser accesible a todos, las ordenanzas y leyes no se cumplen o duermen en los despachos de las autoridades esperando a ser aprobadas. Las barreras físicas que impone el medio hacen intransitable la ciudad para una persona con discapacidad. Otras barreras son invisibles pero saltan a la vista a la hora de hacer valer uno de los derechos más dignificantes para el hombre: el trabajo.
“Rosario es una de las pocas ciudades del país que cuenta con la más amplia normativa de accesibilidad e inclusión, sólo falta que la Intendencia la ponga en práctica”, dijeron desde la organización Sin Barreras Rosario que lucha por garantizar los derechos de los discapacitados. La falta de rampas en las veredas, un transporte público accesible a todos, la inclusión laboral de personas con discapacidad y el pago de las pensiones graciables son algunas de las cuestiones que más preocupan.
Transitar libremente por la ciudad puede resultar complejo para cualquier persona, pero más aún cuando el recorrido se emprende desde una silla de ruedas. Claudio Halcovich es uno de los integrantes de Sin Barreras Rosario y desde los 15 años se moviliza en silla de ruedas producto de una meningitis que le afectó los huesos.
“Cada vez que tengo que salir de mi casa dependo de por lo menos dos personas. Una que me lleve y otra que suba la silla en lugares que no son accesibles. Cuando voy al centro más de una vez he tenido que ir por la calle. La ciudad está muy desprovista de lo que nosotros necesitamos”, explicó.
Desde la organización destacaron algunas de las falencias que más saltan a la vista. “En San Luis desde Moreno hasta Alem no hay rampas. En San Luis y Paraguay, el cordón tiene por lo menos cincuenta centímetros de alto. La rampa que está en Corrientes y San Luis está destruida. Sólo puede subir aquel que lo pueden ayudar. Lo mismo ocurre por calle Santa Fe, Rioja y San Lorenzo. El local de comida rápida de San Martín y Córdoba tiene baño adaptado pero en el primer piso”, apuntó Claudio.
Estudiar en silla de ruedas también puede resultar un dilema. Facultades y escuelas inaccesibles o donde las rampas están pero no cumplen con la pendiente adecuada constituyen otras de las barreras físicas que se imponen en la ciudad.
Claudio es usuario asiduo del transporte público y siempre depende de alguien que lo ayude a subir porque “las rampas no existen”. “El cincuenta por ciento de la flota de colectivos tanto municipal como privado tendría que tener rampas pero actualmente de los veinticinco coches que tienen rampa sólo funciona uno”, denunció Claudio. “Según me dijo un chofer no es que no anden las rampas sino que la empresa no deja utilizarlas porque se pierde mucho tiempo. Como mucho se puede llegar a tardar cinco minutos”, destacó indignado.
Otra de las alternativas es el uso de los taxis adaptados a los cuales solo unos pocos pueden acceder ya que su costo es más alto que el de un taxi común. “Por un viaje de treinta cuadras me cobraron veinte pesos”, se quejó Claudio. “Cuando se otorgaron las quinientas chapas de taxis en 2006 la ordenanza decía que el vehículo tenía que estar adaptado para personas con discapacidad. Yo todavía no vi andando ninguno por la ciudad”, manifestó.
Claudio tiene 36 años y es diseñador de páginas web y tiene echo un master en internet pero nunca tuvo la oportunidad de trabajar. Destaca que se siente “discriminado por la sociedad” y más aún a la hora de buscar trabajo. “Cuando mando un curriculum a algún lado y pongo realmente quién soy y cómo soy, directamente no tengo respuesta o me dicen que no necesitan a nadie para trabajar en ese momento”, contó.
Una realidad semejante vive Daniel Maschiarelli. Es técnico cerrajero y tiene los estudios secundarios completos pero desde hace cuatro años su vida cambió por completo cuando tuvieron que amputarle una pierna. Subsiste solamente del cobro de la pensión nacional de 530 pesos y de las ventas como vendedor ambulante.
Desde la organización apuntan que no se está cumpliendo con la ley provincial número 9.325 que establece la obligación de las empresas a ocupar personas discapacitadas en proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal.
María Angélica Escalante está en silla de ruedas producto de una poliomielitis. Cuenta que se ve obligada a andar por la calle porque “por la vereda es imposible y corro el riesgo de que me atropelle un auto”. Utiliza siempre la línea de colectivo 116 de la cual sólo dos coches tienen rampa. “Después de las 20 horas no pasa más ninguno de los dos colectivos adaptados por lo cual tengo que hacer malabares para volver a mi casa después de esa hora”, explicó.
Tramitar el pedido de una silla de ruedas a una obra social también puede resultar una odisea. “Tardan entre seis meses y un año en dártela. Gasté 800 pesos para arreglar la silla por mi cuenta porque estaba rota y nunca me los reintegraron”, contó disgustada la mujer. Hace nueve años que Angélica está haciendo el trámite para conseguir una vivienda ya que actualmente vive en el segundo piso de un Fonavi donde depende siempre de alguien que la ayude a subir y bajar.
María Eugenia Fonteñez es auxiliar bilingüe y le resta un año para terminar la tecnicatura en turismo y hotelería, pero la falta de trabajo es una de las tantas cosas con las que tiene que lidiar. La mujer tiene un 50 por ciento de discapacidad producto de una luxación en la cadera. Y no puede acceder al cobro de la pensión que exige poseer más del 75 por ciento de invalidez laboral. Tuvo la oportunidad de trabajar en un call center que “tomaba a 500 personas cada tres meses y luego renovaba la planta”, contó la mujer. Ahora subsiste gracias a la ayuda de sus padres y al dictado de clases particulares de inglés.

Querido Papá Noel

En el marco de sus múltiples actividades, durante este fin de semana, el lunes y el martes la organización Sin Barreras Rosario va a realizar la campaña denominada “Querido Papá Noel”. La misma consiste en juntar firmas en la esquina de las peatonales San Martín y Córdoba, donde se pedirá a los transeúntes tres deseos para mejorar las condiciones de accesibilidad y las posibilidades laborales en la ciudad para las personas con discapacidad.

“En los últimos diez años se nota un cambio”Desde la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad, Viviana Marchetti destacó que “aún falta mucho por hacer. Tratamos de que lo nuevo tenga la accesibilidad incorporada y de ver cómo se modifica lo que ya está construido”. “No hay ciudad en el mundo que esté ciento por ciento adaptada y Rosario está muy lejos de eso. Sin embargo en estos últimos diez años se nota un cambio”, destacó la directora del área municipal.
La dirección articula sus acciones con distintos niveles de la red de salud y con secretarías del municipio como Gobierno, Planeamiento, Obras públicas y Promoción Social. “Hay un montón de obras que si bien tienen los elementos de accesibilidad, no son los adecuados porque las rampas no tienen la pendiente adecuada. Por eso la idea es trabajar a través de cursos con el personal desde el proyectista hasta la inspección y habilitación de la obra para que ésta sea accesible a todos”, explicó la funcionaria.
El organismo trabaja para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a través de becas terapéuticas y educativas, subsidios a la capacitación laboral, compra y venta de elementos ortopédicos, confección de prótesis, subsidios para transporte especial, pases libres para el transporte urbano de pasajeros y tramitación de libre tránsito y estacionamiento. Además promueve la integración de niños con discapacidad en ámbitos recreativos y educativos.
La dirección cuenta también con una oficina de empleo donde se reciben demandas de empleo por parte de empresas y se registra a personas con discapacidad que solicitan trabajo. Actualmente son 800 los inscriptos con distintas discapacidades y diferentes niveles de formación.
“En cuanto a la salida laboral todavía existe en el imaginario social que las personas con discapacidad no van a poder. Pareciera como que la discapacidad tapara las capacidades. Por eso proponemos que a partir de su idoneidad la persona pueda entrar a un trabajo con igualdad de oportunidades”, destacó Marchetti.
La funcionaria vive en carne propia la complejidad que implica trasladarse en una silla de ruedas por la ciudad. “Los circuitos de accesibilidad no están todos completos. Pero por suerte más allá de todas estas dificultades la gente es muy solidaria. Nunca me sentí discriminada”, expresó.
Desde Inclusión de Personas con Discapacidad dijeron que se está trabajando junto con el Concejo y Servicios Públicos en un proyecto de taxis accesibles. “Estamos buscando la manera de que sean una especie de furgonetas que estén equipadas con rampas para trasladar a personas que no puedan salir de su silla de ruedas y que tenga un costo similar a lo que sale un taxi o un remís”, adelantó Marchetti.

Viviana Marchetti, funcionaria.
Viviana Marchetti, funcionaria.

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