Tres rosarinos –dos mujeres y un hombre– quedaron en libertad en la causa que investiga el fiscal Gustavo Ponce Asahad por las amenazas que sufrieron a traves de Whatsapp cientos de referentes de derechos humanos y sociales. En tanto, dos personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentra un policía federal, permanecerán detenidas y se prevé la imputación por el delito de amenazas calificadas. Sobre el trío local, Beatriz L., Candela O. y Lisandro C., el funcionario dijo este viernes: “No había elementos suficientes para sustentar la imputación. Sin perjuicio de lo cual han quedado a disposición de la fiscalía”.
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Inteligencia proimpunidad
En conferencia de prensa hoy por la mañana el fiscal planteó que “se ha utilizado cierto grado de inteligencia, lo cual para nosotros es un acto de extrema gravedad. La inteligencia debe ser legal dentro de los márgenes que impone el Estado constitucional de derecho. Esto es, que la inteligencia la realiza el Estado”.
“No puedo asegurar que son grupos organizados a priori. Pero llama la atención la mecánica que han utilizado y cierto grado de inteligencia, lo cual para nosotros es un hecho de extrema gravedad, ya que la inteligencia debe ser legal dentro de los márgenes que impone el estado constitucional de derechos”, planteó el fiscal sobre esta probable organización proimpunidad.
El fiscal abundó sobre este concepto: “Es indudable que hay una tarea de inteligencia, porque se han creado grupos de Whatsapp a los cuales se han agregado números de personas que tienen que ver tanto en su calidad de denunciantes o querellantes de delitos de lesa humanidad; se han agregado funcionarios o magistrados del fuero federal que intervienen en esas causas que tramitan en la ciudad de Rosario, y también a dirigentes políticos, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, concejales mandatos cumplidos y funcionarios de esferas de la provincia”, enumeró.
Uno de los datos puntuales que permitió la identificación de los detenidos fue, precisamente, la titularidad de una de las líneas. “Los allanamientos en territorio bonaerense se realizaron porque se identificó al titular de la línea de desde la la cual partieron las amenazas calificadas que cercenaron la libertad y los derechos de las personas amenazadas. Dimos con el lugar, con el titular de la línea y secuestramos los teléfonos”, describió Asahad.
El jueves, cinco personas, entre ellas un agente de la Policía Federal, fueron detenidas este jueves en diferentes allanamientos realizados en Rosario y Gran Buenos Aires, en el marco de la investigación por las amenazas que sufrieron cientos de referentes de derechos humanos y sociales. El hostigamiento fue a través de Whatsapp, una modalidad que recrudeció después de la marcha del 24 de marzo.
Uno de los allanamientos realizados por la PDI en conjunto con la Policía Federal se realizó en la zona de Pablo Podestá, localidad de 3 de Febrero del Gran Buenos Aires, donde se detuvo a Lucas S., quien se desempeña como agente de policía federal. El otro operativo fue en la localidad de Ensenada, donde se detuvo a Teresa C.
En Rosario, el saldo de los allanamientos fue de tres personas demoradas: Lisandro C. (en allanamiento de calle Blanco Escalada), Beatriz L. (Pasaje Gould al 800), y Candela O. (calle Marco Polo al 400). En los tres domicilios allanados se secuestró material informático, celulares, notebook, CPU y pendrives que fueron enviados a peritar. El fiscal ordenó los operativos luego de analizar la portabilidad numérica, titularidad de líneas y posicionamiento geográfico de antenas de los teléfonos de donde provenían las amenazas. Este trío ya recuperó la libertad, aunque continúa a disposición de la Fiscalía.
