La máxima autoridad de la comunicación audiovisual del país –reemplazará al actual Comité Federal de Radiodifusión– sentará a un rosarino entre las siete disputadas poltronas: el lugar quedó para el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Eduardo Seminara, licenciado en Comunicación Social. Según establece la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la regulación de la radio y televisión pública, privada y comunitaria del país será ejercida por un directorio de siete miembros: dos son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres del Congreso –uno de la mayoría o primera minoría, y otros dos por la segunda y tercera minoría– y los últimos dos directores surgen del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Uno de ellos será el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. El segundo, que según la ley debía tener un perfil específico –la ley aprobada lo define como “un académico representante de las facultades o carreras de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación o Periodismo de universidades nacionales”– es precisamente el “Vado”, como lo conocen a Seminara.
La noticia se conoció ayer, a la par que se puso en marcha el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, cuya conformación, en los hechos, significa la entrada en vigencia de la flamante ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada ya en la madrugada del sábado 10 de octubre en el Senado por 44 votos a favor y 24 en contra, tras un debate que se extendió por casi 20 horas.
El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual es una suerte de “Parlamento” de 38 integrantes, en el que están representados provincias, empresas, medios comunitarios, gremios, carreras de Comunicación, entre otros sectores afines.
Según establece el texto de la norma allí disponen de un lugar las provincias y la ciudad de Buenos Aires; tres “los representantes por las entidades que agrupen a los prestadores privados de carácter comercial”; otros tres “las entidades que agrupen a los prestadores sin fines de lucro” , uno “las emisoras de las universidades nacionales” como la rosarina Radio Universidad; uno “las universidades nacionales que tengan facultades o carreras de Comunicación; uno “los medios públicos de todos los ámbitos y jurisdicciones”; uno “las sociedades gestoras de derechos” –el caso de Sadaic–; uno “los Pueblos Originarios reconocidos ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai)” y tres “las entidades sindicales de los trabajadores de los medios de comunicación.
Entre estos tres últimos lugares –que en realidad corresponden al inciso “g”– también ocupa una suplencia –en rigor la titularidad es compartida en forma rotativa con la Asociación Argentina de Actores– alguien de la ciudad: es la secretaria Gremial del Sindicato de Prensa Rosario, Stella Maris Hernández.
El Consejo Federal tiene atribuciones que no son menores, como la potestad para remover a directores de la autoridad de aplicación y vetar licencias de radio y televisión. Y a su cargo quedó nada menos que del presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (Farco), Néstor Busso, que además es el coordinador de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, el colectivo de 363 organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, entre otras, que un lustro atrás elaboró y elevó los “21 puntos para una radiodifusión democrática”.
Lo que entonces era un anhelo –derogar y reemplazar el decreto-ley 22.585, heredado de la última dictadura militar y puesto en vigencia en 1980 por Jorge Rafael Videla– se transformó en la piedra basal del anteproyecto presentado por la presidenta Cristina Fernández el 18 de marzo de este año. Debatido y –modificado– durante los meses siguientes en decenas de foros públicos y abiertos de todo el país, la iniciativa terminó siendo la ley que se puso en marcha ayer.
La embajada de EEUU felicita
La embajadora de Estados Unidos, Vilma Socorro Martínez, se reunió ayer con el presidente provisional del Senado, José Pampuro, y lo felicitó por la aprobación de la ley que elimina del Código Penal de los delitos de calumnias e injurias. “Quitar estas figuras penales es un gran avance para la libertad de expresión porque los ciudadanos no deben correr el riesgo de penas privativas de la libertad por cosas que hayan dicho”, advirtió Martínez al término del encuentro. Además, le ofreció a Pampuro estrechar las relaciones entre los Congresos de ambos países para cooperar mutuamente en temas de interés común. “Un sólido rol del Poder Legislativo siempre redundará en beneficio de la democracia, por eso nuestro interés en apoyar toda iniciativa que tienda a su fortalecimiento”, señaló la embajadora norteamericana.
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