Arlen Buchara
Después de la media sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) un médico anestesista del Hospital de la Madre y el Niño de la Rioja publicó en Facebook que cuando él estuviera de guardia los abortos iban a ser sin anestesia. La frase en la que apelaba a la tortura le costó el cargo, pero fue el puntapié de una campaña de médicos en contra de la legalización del aborto bajo el hashtag “No cuenten conmigo”. La contratara no se hizo esperar. Bajo la consigna “Contá con nosotrxs” más de mil trabajadores de la salud de todo el país salieron a apoyar la ley que discute el Senado y que llegará el reciento el 8 de agosto. La campaña que circula en las redes no es una acción aislada. Es parte del trabajo de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que reúne a médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que garantizan abortos no punibles en el sistema de salud pública. La red surgió hace cuatro años para mostrar el trabajo que hacen todos los días en contra de lo que consideran es un modo hegemónico de practicar medicina y que está centrado en las convicciones religiosas y morales por encima de la decisión de las mujeres.
Trayectoria
La red nació el 28 de septiembre de 2014, en el Día de Acción Contra la Violencia de Género, cuando los profesionales de salud de todo el país llegaron al Congreso Nacional para apoyar a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que desde hace 13 años impulsa la lucha por la práctica en Argentina con el pañuelo verde como insignia. El 28 de mayo de 2015, el Día Internacional de Acción por la salud de las Mujeres, lanzaron un manifiesto que en el primer párrafo decía: “Somos quienes hacemos la atención directa, cara a cara, en cada territorio de nuestro país: en los centros de atención primaria de la salud, en los hospitales y en las giras médicas. Somos el eslabón más concreto de la política pública. Estamos donde las leyes y los programas de salud se convierten en derechos para las personas o, en el otro extremo, se vulneran. Atendemos la salud de las mujeres: las acompañamos en la niñez, la adolescencia, la adultez. Las atendemos en sus embarazos, sus partos, el cuidado de sus hijos, cuando quieren usar algún método anticonceptivo; también cuando se enfrentan a un cáncer de mama, cuando son víctimas de la violencia de género, cuando desean pero no pueden quedar embarazadas, cuando se encuentran frente a un embarazo no buscado y cuando deciden abortar. Nuestra posición es siempre la misma: respetamos la decisión de cada mujer promoviendo el cuidado de su salud en cada momento de su vida”.
María Paula Botta trabaja en el centro de salud Santa María Josefa Rosselló de barrio Godoy y en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario (Cemar). Es una de los 40 integrantes de la red en Rosario y explicó a El Ciudadano que la agrupación surgió para sacar los abortos del clóset y mostrar que existen profesionales que garantizan las ILE en la salud pública. “Apoyamos el proyecto de la campaña porque nos toca de cerca la atención de las mujeres que quieren abortar. Pedimos la legalización hasta la semana 14 y que después de mantengan las causales actuales porque los pedidos del segundo trimestre son de las mujeres más vulnerables socialmente”, contó.
En Rosario los integrantes de la Red trabajan en la salud pública y son parte de una experiencia inédita en Argentina en garantizar la Interrupción Legal del Embarazado (ILE), permitida bajo las causales de violación y riesgo de salud de la mujer. Desde 2012 la ciudad no registra muertes de mujeres por abortos clandestinos gracias a la aplicación de los protocolos ILE elaborados por el Ministerio de Salud nacional a los que sólo un tercio de las provincias adhirió. La clave de la ciudad, al menos en el sector público, fue aplicar un criterio de respeto de la decisión de la mujer y pensar al profesional como alguien que acompaña. De acuerdo con la Municipalidad de Rosario, por año se hacen entre 500 y 600 abortos, una cifra estable desde hace más de una década. Las técnicas usadas son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS): el misoprostol y la Aspiración Manual Endouterina (Ameu). La utilización de estos métodos es un avance en la eliminación del legrado, el más usado actualmente en todo el país tanto hospitales como sanatorios y que la OMS recomienda dejar desde 2002 porque requiere internación y anestesia.
Según Botta, la red en Rosario se formó de la mano de las Socorristas en Red, la organización de mujeres que en todo el país da contención e información a quienes deciden abortar. “Con las socorristas nos relacionamos en 2012 cuando nos pidieron ayuda y conocimientos médicos para los acompañamientos que hacían fuera del sistema de salud. A partir de ese vínculo las mujeres conocieron que en la salud pública podían ser atendidas”, agregó la médica.
Uno de los reclamos de la red apunta a los ministerios de las provincias para que se hagan cargo de la implementación de métodos seguros para los abortos no punibles. “El raspaje debe ser desterrado porque es una práctica antigua que trae complicaciones y es el método que más usan los tocoginecólogos”, explicó Botta. También piden la regulación de la objeción de conciencia. “Tiene que ser de la forma más justa para que las mujeres no sufran violencia en los centros de salud por parte de los médicos. Lo tienen que regular los ministerios de salud con registros fáciles de consultar y no pueden ser una nota al director del hospital”, opinó la médica.
La provincia de Santa Fe cuenta desde hace seis años con ese listado. Hay 777 profesionales de la salud privada y pública registrados que dicen “no” al aborto y a prácticas anticonceptivas que van desde una ligadura tubaria, recetar la píldora del día después, recomendar usar preservativos o hacer una vasectomía. Representan el 10 por ciento de los profesionales del sistema público, estimado en casi 8 mil hombres y mujeres.
La ley en debate
Durante el debate en el plenario de comisiones de comisiones de Diputados desfilaron por el atril de expositores decenas de profesionales de la salud a favor y en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La mayoría de las voces antiabortistas llegó en representación sanatorios, clínicas y universidades privadas. Muchas de ellas, son confesionales. Los médicos de este sector plantaron la bandera de la objeción de conciencia y se pararon desde la defensa de la vida desde la concepción. Incluso centraron el debate en volver cien años en la legislación argentina, planteando la penalización en casos de violación y riesgo de salud. Para defender el punto de vista usaron imágenes de técnicas de aborto en desuso para graficar el supuesto sufrimiento del embrión. También centraron las reflexiones en que una de las consecuencias más graves de la práctica era el síndrome posaborto, una enfermedad inexistente para la OMS.
En la vereda opuesta, los médicos de la salud pública hablaron desde la experiencia en la aplicación de los protocolos. Pidieron el aborto legal para trabajar con un marco regulatorio unificado en todo el país que impida las persecuciones ideológicas de las que hoy son blanco. Dijeron que es necesaria la producción pública de misoprostol y la aprobación de la misoprostona por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). También explicaron que el mayor trauma está en la clandestinidad de la práctica. Además, desmitificaron que la práctica del aborto legal implique costos más elevados que los que actualmente vale la atención de las consecuencias de los abortos clandestinos. Por año el sistema de salud pública nacional registra 50 mil internaciones de mujeres que llegan a los hospitales con abortos y desde el comienzo de la democracia se registraron más de 3 mil muertes.
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