La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un nuevo organismo que dispondrá de los objetos secuestrados por la Justicia Penal y gestionará que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización, quedó inaugurada este viernes en la localidad de Alvear. Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro participaron del lanzamiento.
“El objetivo de este cambio en el sistema –una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darle a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en hospitales o escuelas, por ejemplo, detallaron desde el gobierno de Santa Fe.
Al respecto, Silberstein expresó: “Aquí cumplimos un objetivo contextuado en un programa político conducido por el gobernador Miguel Lifschitz”.
“A nivel nacional –continuó Silberstein– se debate la extinción de dominio por parte de los bienes que provienen del delito, pero Santa Fe no espera esa norma y aprueba una ley por la cual, después de seis meses, los bienes se rematan para que la sociedad reciba lo producido. Es un sustituto eficiente –mientras aguardamos la ley nacional– y para todos los delitos, como parte de un proyecto político alternativo en el país”.
Pullaro calificó la inauguración de la agencia como “un paso importantísimo, uno de los más importantes que hemos dado como Estado provincial en la pelea contra el delito organizado”.
El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende el nuevo organismo, explicó: “La agencia, que ya está funcionando en la práctica, busca atacar al crimen donde más le duele, es decir, en lo económico. Todos los bienes utilizados o adquiridos producto de delitos provinciales serán decomisados por el Poder Judicial y se ponen a disposición de la provincia, en algunos casos los subastaremos y en otros los vamos a destinar a políticas sociales concretas o asignar a organizaciones sociales”.
Figueroa Escauriza detalló que “hay computadoras incautadas en el marco de causas por juego clandestino, tenemos unos 80 autos de alta gama, 150 celulares, 60 computadoras, dos desarmaderos decomisados que representan 500 mil piezas. Estamos buscando compactarlas y aprovecharlas”. El funcionario subrayó que “por sus características y funciones encomendadas, la Aprad no tiene antecedentes en el país, incluso se escrituraron cuatro inmuebles expropiados a una red de prostitución en la ciudad de Melincué. Esas propiedades, valuadas en dos millones de pesos, pasaron a manos del Poder Ejecutivo hace un mes y serán utilizadas con fines sociales”.
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