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Ladrillos en la picota

Por Guillermo Correa.- El Concejo quiere saber cuántos permisos de demolición y edificación se tramitaron en los últimos meses en Arroyito, Alberdi y otros barrios para determinar si existe especulación inmobiliaria.


Pocas veces un proyecto tan liso generó un debate tan áspero. En lo que surgió como una antesala del debate central sobre la regulación del llamado segundo anillo perimetral –que determinará cómo, dónde y hasta qué alturas se podrá construir fuera del centro, más específicamente en zonas que pasaron a estar a la cabeza del interés inmobiliario– el Concejo Municipal aprobó ayer un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo remita datos sobre todos los permisos de demolición, edificación y visación tramitados desde noviembre de 2011 hasta ahora. La información resulta clave para el tratamiento el proyecto oficial ya enviado al Legislativo, en razón de que vecinos de distintas zonas como Echesortu, Alberdi y Arroyito vienen denunciando un literal desembarco de constructoras, con proyectos –incluso de capitales que no son de Rosario– de construcción en altura que no sólo alterarían las tradicionales fisonomías de esos sectores sino que –sostienen– podrían producir el colapso de los servicios públicos, entre ellos el abastecimiento de electricidad, gas y agua y la descarga de efluentes. Los proyectos, dicen los vecinos, cambiarían por completo lo que otrora eran históricas barriadas obreras y de casas bajas, y también emprendimientos montados después para familias de clase media que huyeron del casco céntrico en busca de hábitos más tranquilos, y ahora temen que lo que dejaron atrás se les venga encima.

Aunque fue aprobado por unanimidad, el pedido de informes generó fuerte debate y duros cruces entre oficialismo y oposición en el recinto. Es que el proyecto presentado por el edil de Encuentro por Rosario Diego Giuliano, su compañero de bloque Osvaldo Miatello, y el socialista auténtico Alberto Cortés suplanta, de algún modo, otro que no prosperó: en aquel los concejales del Partido del Progreso Social Héctor Cavallero y María Fernanda Gigliani reclamaban que directamente se suspendiera todo trámite relacionado con obras en el segundo anillo perimetral hasta que el Legislativo aprobara la regulación. Pero la idea no fue precisamente vista con agrado por el socialismo: quedó en el camino, lo que le añadió más pimienta al debate.

La pulseada verbal de ayer incluyó, en uno de sus tramos, el señalamiento del jefe del bloque Socialista a la oposición por “no debatir” el Plan Urbano para la ciudad, cuyo proyecto giró el Ejecutivo cuando el ahora senador Miguel Lifschitz promediaba su segundo mandato como intendente. Y el obvio retruque desde la oposición recordando la predisposición a discutir “a fondo” un plan para la ciudad abriendo cada parte y no “un proyecto en lata” al que sólo se le puede dar un sí o un no.

Pero más allá de la puja, probablemente un anticipo de cómo será el debate del proyecto para el segundo anillo perimetral –que fija límites de 10 metros para construcciones en altura en manzanas “interiores” pero abre el juego en las avenidas y corredores que las delimitan– el pedido que se aprobó ayer busca un efecto de monitoreo de qué es lo que está ocurriendo a nivel de “papeles” en vastas zonas de la ciudad, incluidos los barrios Sarmiento, Las Malvinas, Fisherton, Aldea y Hostal del Sol, además de los ya citados.

Ocurre que los permisos de demolición, edificación y también de “visación previa” –en el que interviene el Colegio de Arquitectos– generan derechos adquiridos, es decir que, al preceder al tratamiento de la nueva normativa, no tienen por qué ajustarse a ella, y quedan regidos por el viejo reglamento de edificación. Por ello, la sospecha de los denunciantes es que el trámite municipal opera no ya como el paso que debe cumplir un vecino que quiere ampliar su casa sino como una suerte de “reserva” por parte de poderosos intereses inmobiliarios, que se aseguran así 5 años para llevar adelante un emprendimiento.

Con todo, según el justicialista Giuliano, autor del proyecto, las sospechas quedarán confirmadas o descartadas cuando el Palacio de los Leones remita al Palacio Vasallo los informes, con lo que quedará develado si de un tiempo a esta parte –en un período de “transición normativa”–, los pedidos de permiso aumentaron en cantidad o se concentran en un mismo interesado, lo que podría generar casos de “abuso de derecho”.

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