Policiales

Barrio Agote

Laberinto judicial para una joven acusada de secuestro

La víctima era un muchacho de 22 años de origen oriental que fue liberado. Tres hombres fueron condenados en un juicio abreviado. La novia de uno de los acusados, que era menor cuando la señalaron como parte de una banda, fue absuelta y después condenada. Ahora decide la Cámara


La mujer acudió a la Justicia porque le pidieron que deje el lugar donde vive.

En 2014 un joven de nacionalidad china fue secuestrado frente a su madre a metros del supermercado familiar en barrio Agote. Poco después sus allegados recibieron un llamado con el pedido de rescate. Los captores pidieron 150 mil dólares. Pactaron el pago después de una negociación. Un día y medio después, cuando un familiar fue a consumarlo, la entrega se frustró ante la presencia de dos patrulleros.

Al chico lo liberaron sin cobrar el rescate. La investigación derivó en varios allanamientos y detenciones. Tres hombres quedaron vinculados al caso y la novia de uno de ellos, entonces menor de edad. Los mayores firmaron un acuerdo abreviado a 11 años de prisión por el hecho. Mientras la situación de la chica se tramitó en la Justicia de Menores. En un primer momento fu absuelta, pero la Cámara revocó la decisión y reenvió el caso a otro juez para que dicte una nueva sentencia.

La jueza María del Carmen Mussa la declaró responsable del delito de extorsión. Ahora el caso está nuevamente en la Cámara Penal  dónde se discutió en una audiencia oral y pública esa decisión. Los vocales pasaron a un cuarto intermedio para resolver el caso.

Cerca de las 22 del 18 de julio de 2014 Guan G, de 22 años salió junto a su madre del supermercado que explota su familia ubicado en San Lorenzo al 3700. A los pocos metros se le aparecieron tres hombres y una mujer que lo golpearon frente a su madre y con un arma lo obligaron a subir a un Peugeot 504. La madre denunció el secuestro en la comisaría 7°, esa misma noche y una hora y media más tarde del rapto llegó la comunicación telefónica reclamando 150 mil dólares a cambio del joven.

Durante 35 horas negociaron hasta que acordaron la entrega del dinero a cambio de la víctima. El padre del chico siguió las instrucciones de los captores por celular, lo hicieron salir de Rosario, pero por dificultades idiomáticas paró en una estación de servicio a la que llegaron dos móviles y allí la negociación se truncó.

Si bien los policías de la patrulla no estaban al tanto de lo que pasaba, los secuestradores entendieron que el padre no había cumplido y lo llamaron para insultarlo. Si bien la Policía tenía una idea del sector dónde tenían a la víctima, los captores decidieron liberarlo en Godoy y Avellaneda, sin cobrar el rescate.

A principios de agosto de ese año se hicieron allanamientos en cuatro domicilios dónde detuvieron a una chica de 18 años y a tres hombres, uno de ellos estaba con prisión domiciliaria y le secuestraron ropa y el celular de la víctima.

En marzo de 2016 tres de los detenidos llegaron a juicio oral, pero el debate se suspendió por un acuerdo abreviado al que arribaron. Juan Carlos A., Marcelo A., y Juan Carlos D. aceptaron su responsabilidad en el secuestro extorsivo del joven oriental. El acuerdo también alcanzó la fijación de una pena de 11 años de prisión para el trio.

La adolescente

J. no tenía 18 años cuando se produjo el hecho, era novia de uno de los involucrados y cayó en los allanamientos. Su caso quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores. En una primera resolución fue absuelta, pero la Cámara Penal revocó esa decisión y envió el caso a otra jueza para que dicte una nueva sentencia.

La magistrada María del Carmen Mussa declaró la responsabilidad de la mujer en el secuestro extorsivo calificado por el uso de arma de fuego y la participación de dos o más personas y robo. Fundamentó su decisión en los testimonios de la víctima y la madre que vieron a una mujer entre los captores. También el joven vio a una mujer en el lugar de cautiverio. A eso sumó escuchas telefónicas que la mencionan por el nombre de pila. Para la jueza el resultado negativo de la rueda de reconocimiento hecha por la madre de la víctima un año después, no es una prueba tajante, aseguró. También valoró que en su casa, dónde además fue detenido su pareja Juan Carlos A., se encontraron prendas de la víctima.

La apelación

La defensora oficial Estrella Galán apeló la decisión. Cuestionó la declaración de la madre de la víctima sin traductor. Destacó que no hay una descripción de su asistida y que la víctima estuvo encapuchada o vendada pero curiosamente pudo describir a la mujer. Dijo que las consideraciones de la jueza se basan en algunos fundamentos de los camaristas que revocaron la absolución. También cuestionó la supuesta contundencia de las llamadas telefónicas ya que la joven era pareja de A. Por su parte el asesor de menores, Daniel Papalardo explicó que la absolución se dio porque la jueza excluyó el 50 por ciento de la prueba recogida por la Policía y la consideró inválida. Prueba que fue reintroducida por los camaristas que revocaron la decisión y reenviaron el caso a un nuevo juez para que dicte un nuevo fallo por lo que consideró afectado el debido proceso y violado el principio de non bis in ídem, es decir no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Para el fiscal Guillermo Corbella la decisión debe confirmarse. Valoró las escuchas telefónicas y los testimonios de la madre y la víctima, que aseguró, entienden el idioma castellano. Si bien el joven estaba encapuchado pudo ver algunas secuencias y escuchar conversaciones. Ahora será el turno del tribunal de cámara a cargo de Carlos Carbone, Gustavo Salvador y Daniel Acosta que deberán resolver la suerte procesal de esta joven.

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