En una revisión de medida cautelar dictada en una investigación por hecho de robo calificado con arma y cometido en poblado y en banda, amenazas, daños y violación de medidas adoptadas por la autoridad para impedir la propagación de una epidemia se discutió la competencia provincial en este último delito. Un tribunal de primera instancia se declaró incompetente para entender en la violación al aislamiento social y obligatorio pero la Fiscalía apeló el decisorio. El camarista Javier Beltramone concluyó que no hay duda que la competencia, al menos en la emergencia por coronavirus, es provincial, ya que cada provincia y municipios conocen y saben con mayor precisión cuál es el cuadro de situación sanitaria del lugar y dictan leyes, decretos y ordenanzas en ese sentido, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional. Con este fundamento revocó la decisión, declaró que es un delito de competencia provincial y, para el caso que concurren todos los elementos para que el delito de se considere federal, el Ministerio Público de la Acusación deberá anoticiar a la Justicia federal.
Beltramone detalló que el delito de violación a las medidas adoptadas por la autoridad para evitar la propagación de una epidemia no tiene una ley especial del Congreso de la Nación que determine la competencia federal. El bien protegido es la salud pública, y la sanción del delito tiene por objeto impedir aquellas acciones u omisiones dolosas que puedan producir la introducción o propagación de una epidemia. Aclara que no de cualquier forma, sino exclusivamente a través de la violación de normas impuestas por la autoridad competente.
El camarista entiende que al ser un “tipo penal en blanco” sin duda existe un delito de competencia provincial en lo general y sólo en algunos casos federal. Así lo entendió el Poder Ejecutivo Nacional al reglamentar el decreto de necesidad y urgencia Nº 297/20, dictado por el presidente Alberto Fernández, “cuando establece el control de las medidas dispuestas con coordinación y en forma concurrente con jurisdicción de las provincias, de la ciudad autónoma de Buenos Aries y los municipios”, dijo.
Recordó que la provincia de Chaco, que ingresó en cuarentena obligatoria a partir del 19 de marzo y ordenó el cierre de sus fronteras para controlar la trasmisión del virus en su comunidad, también cerró el puente que la une con la provincia de Corrientes, a lo que sumó algunos otros ejemplos. Agregó, en cuanto a las consecuencias de la infracción, que también los gobiernos provinciales adoptaron diferentes formas.
Beltramone evaluó además que muchos de los casos de detención o demora de personas en violación a la cuarentena es por derivación de otros delitos cometidos en jurisdicción provincial, como en el caso analizado, en el que se investiga un robo calificado, amenazas y daños, por lo que se preguntó cuál es la razonabilidad de desdoblar las actuaciones en dos investigaciones de distintas competencias cuando la base fáctica es la misma.
Beltramone recordó que los Estados provincial y municipales dictan leyes, decretos y ordenanzas que repercuten dentro de la política criminal para estos casos, siendo que cada provincia además los sanciona de diversas formas, imponiendo multas o confinamiento en hoteles, entre otras modalidades, “sin perjuicio de la pena que el delito contiene en abstracto para toda la Nación”.
Sobre esas bases resolvió revocar la decisión del juez penal de primera instancia y concluyó que la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio es de competencia provincial. Para el caso que concurran todos los elementos para que el delito de se considere federal –es decir territorio, persona e interés excepcional– el Ministerio Público de la Acusación debe anoticiar a la Justicia federal.
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