Años de sospecha y denuncia social en el Chaco quedaron corroborados los últimos días con el apoyo documental de expedientes, mapas, nombres propios y cifras oficiales. Es a partir de un trabajo presentado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ante Fiscalía Federal. Es una ampliación en el marco de una causa penal que investiga la deforestación ilegal del monte chaqueño y la presunta existencia de una «Mafia del Desmonte».
El informe hace un análisis detallado de pruebas que incluyen permisos de cambio de uso del suelo, recategorizaciones prediales, autorizaciones especiales, origen ilegal de la madera utilizada por grandes empresas, compraventa de guías y distribución irregular del Fondo de Bosques.
El impacto del trabajo es alto: funcionarios provinciales y nacionales implicados junto a empresarios para facilitar desmontes ilegales mediante mecanismos administrativos y legislativos. Por ejemplo, a través de la sanción de leyes regresivas y la emisión de permisos irregulares.
Uno de los señalados es el diputado Juan José Bergia. A él se le asigna ser autor de normas que permiten el aprovechamiento de madera proveniente de desmontes ilegales en beneficio de empresas tanineras y carboneras.
A juicio
La investigación involucra a funcionarios nacionales por la aprobación irregular del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia, en un presunto intercambio de favores políticos.
Con todo el apoyo probatorio, los abogados ambientalistas solicitaron la ampliación de la investigación penal, la imputación de nuevos responsables y la producción de pruebas como grabaciones de sesiones legislativas, expedientes administrativos y dictámenes técnicos. Además, aportaron informes interdisciplinarios y evidencia documental que respaldan las denuncias.
El análisis de las pruebas existentes y la incorporación de nuevas fue presentado formalmente el pasado 22 de mayo en la causa judicial que tramita ante la Justicia Federal de Chaco y en la que la asociación de abogados es querellante.
Evidencia que abruma sobre la Mafia de los Desmontes
El trabajo revela un entramado de complicidades y corrupción que excede el ámbito provincial.
Entre otros puntos, revela una acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, que estaba judicializado por numerosas irregularidades técnicas, que fue fruto de un canje de favores con la Casa Rosada.
Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, volvió al Senado Nacional para garantizar al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes. A cambio, el gobierno del presidente Javier Milei legalizó lo que el trabajo define como «el ecocidio» en Chaco.
La investigación ubica a Bergia como uno de los arquitectos políticos del «sistema de legalización del saqueo forestal». Para eso, repasa la historia del legislador. En 2012, señala, impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, por el que se permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica.
Este 2024, sigue el informe, Bergia diseñó y promovió la aprobación del proyecto 1861 que otorga más beneficios a los responsables de desmontes ilegales. Lo último incluye descuentos para el “aprovechamiento de productos abatidos”.
La tala del futuro y los beneficiados con nombre y apellido
El escrito de los abogados ambientalistas señala que, entre 2011 y 2021, la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1.335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios.
La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado SA, que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido.
MSU SA, por su parte, recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas. Se posicionó de esa manera como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo. De hecho, figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
Otra empresa, CIAGRO SA, accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas. Se trata de autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011 obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
Un conocido operador financiero hoy funcionario libertario
TRIAD SA es una sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas. Allí hay un apellido resonante: con domicilio fiscal en el estudio Kalbermatter, está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central.
Las Guindas SA, de la familia Urquía, los dueños de Aceitera General Deheza, recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
Cuándo no: Vicentin
Vicentin, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por el ex ministro de la Producción Hernan Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.
Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos SA (1450 hectáreas), Las Guindas SA (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentin.
Funcionarios con firma fácil
De un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino.
Por ejemplo, en solo un año, 2013, la Dirección de Bosques a cargo de Miguel Ángel López entregó más de 300 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 35.000 hectáreas de desmonte.
Y en 2016, la misma área, entonces a cargo de Emanuel Carrocino, entregó casi 200 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 30.000 hectáreas de desmonte.
Permisos truchos y Recategorizaciones
La habilitación de desmontes en zonas prohibidas se hizo bajo la figura de recategorización predial. Así, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo.
Cuenca del Salado SA fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos, 12 casos rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas.
Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA SA), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos SA, TRIAD SA, Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide SA (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR SA) y el gigante pool de siembra MSU SA.
Además de los 1335 permisos de cambio de uso del suelo, la Dirección de Bosques de Chaco entregó 15.064 permisos entre 2009 y 2024. De nuevo, fue 2013 el año con más permisos, bajo la gestión de Miguel Ángel López: 1.500. Más del 50% fueron de “aprovechamiento forestal”, disfrazando la extracción intensiva de “manejo sostenible”.
Las asociaciones comunitarias Meguesoxochi y Misión Nueva Pompeya recibieron cientos de estos permisos, bajo control de operadores políticos denunciados.
“Autorizaciones Especiales”
Uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales”. Ese esquema desnuda, de acuerdo a la investigación, un entramado político empresarial. Con el mismo, se diseñó un sistema de incentivo que bajo el camuflaje de “legalidad” permitió ingresar madera de desmontes ilegales al mercado formal.
Esta figura creada irregularmente por la Dirección de Bosques permitió que los desmontes ilegales fueran “regularizados” a posteriori.
Las llamadas “autorizaciones especiales” se dispararon en los últimos años: son 403, 94 solo el año pasado y 110 gestionadas por Halavacs.
Las empresas beneficiadas son Carbotec SA, Argecosol SRL, Forestales del Chaco y “Katona SRL” (empresa forestal de Los Frentones que es la principal proveedora de madera de Ana Victoria y Adolfo Eduardo Hupaluk). Entre otras.
Corrupción con fondos nacionales, originarios relegados
Solicitamos Ampliacion de Requerimiento de Instruccion 1 by Claudio de Moya
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado para compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La norma, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la propia reglamentación chaqueña establecen que los fondos deben priorizar a las comunidades indígenas y campesinas por sobre las empresas. Y los bosques de alto valor respecto a los degradados. Lo mismo, los planes de conservación respecto a los de manejo.
La Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario. Y durante 12 años. El 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales.
La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas.
De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley.
Permisos de transporte truchos y manipulados
Otro foco del informe es el de los permisos de transporte provinciales a productores forestales. Deben ser proporcionales al volumen de extracción del bosque nativo autorizado. Se entregaron cantidades desproporcionadas.
Un caso es el de Ramón Jalil Abraham, a quien beneficiaron con 1.374 guías para apenas 50 hectáreas. Lo mismo con Alejandro Ibáñez (485 guías para 45 hectáreas).
Las guías se usan como moneda para legalizar desmontes ilegales. Todos los datos, señalan los abogados ambientalistas, demuestran la existencia de un mecanismo por el cual la Dirección de Bosques de la Provincia vende cupo de extracción a los productores forestales mediante la expedición de guías sobregiradas. Y así, pueden transportar legalmente productos forestales extraídos de manera ilegal.
Justicia y confianza
La Asociación enfatiza que «en tiempos de desconfianza en las instituciones y en los representantes de nuestra sociedad, la voluntad política y judicial para actuar es más necesaria que nunca». Si no se desarman las tramas de corrupción, sigue, «no habrá regeneración posible» ni de la sociedad ni de los ecosistemas.
«Es imposible retomar la confianza en la justicia si se protegen intereses mafiosos», abundan sobre la necesidad de «desbaratar» redes mafiosas que actuaron con impunidad «desde hace décadas».
