Ezequiel Nieva
Dentro del paquete de recortes que negocia la Nación con los gobernadores se encuentra el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que para 2018 es de casi 24 mil millones de pesos. Son recursos que el gobierno central gira a las provincias y que forman parte del salario de bolsillo de todos los docentes: representan entre el 6 y el 11% del sueldo según la cantidad de cargos o de horas cátedra.
El Fonid está congelado en los mismos montos de 2017. Como el gobierno nacional canceló por decreto la paritaria del sector, este año no se actualizó. En Santa Fe, el Fonid representa 1210 pesos mensuales por cargo. La decisión de la Nación de abrir el debate por una eventual eliminación o reducción del incentivo fue interpretada por los gremios docentes como una medida más en el marco de “una estrategia de vaciamiento del sistema educativo”.
El presupuesto del Fonid para 2018 es de 23.938 millones de pesos. Representa el 14% del total del presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación y el 40% del presupuesto de ese ministerio si se descuentan las partidas correspondientes a la Secretaria de Políticas Universitarias. De cada 100 pesos que el gobierno central destina a la educación inicial, primaria y secundaria, 40 corresponden a ese ítem.
En rigor, el ajuste educativo ya empezó, aunque este año no haya habido recortes presupuestarios sobre el Fonid. En el primer semestre de 2018 hubo recortes en otros programas del Ministerio de Educación de la Nación, como Infraestructura y Equipamiento (960 millones menos), Gestión Educativa y Socioeducativas (645 millones menos) y Formación Docente (107 millones menos), según datos del Ministerio de Hacienda.
Con el objetivo de bajar el déficit fiscal del 2,7% del PBI al 1,3%, como pidió el FMI, el gobierno nacional está discutiendo con las provincias un recorte global de 300 mil millones de pesos para 2019 de los cuales la tercera parte corresponde a las provincias.
Entre otros puntos, la Nación pretende ajustar el Fonid, las compensaciones salariales y las partidas del ex Fondo Compensador, que sufrirán un recorte del 92%. Si prospera el plan de Cambiemos, se eliminarán la totalidad de las transferencias a las provincias excepto las que se destinan a las universidades, que se reducirán un 75% en términos nominales.
Si las provincias y el Congreso aceptan ese plan, el Fonid pasará de los 23.938 millones de pesos en 2018 a sólo 1.928 millones en 2019. Supone un ajuste salarial severo, ya que el incentivo representa entre el 6 y el 11% del sueldo de bolsillo de un docente. La aplicación de esa medida deja a las provincias entre la espada y la pared al momento de discutir paritarias con los gremios del sector.
“Si bien estos datos no han sido confirmados por el gobierno nacional y tampoco han sido incluidos en el informe de avance del presupuesto enviado al Congreso de la Nación en junio de 2018, sobre el presupuesto 2019, tampoco han sido desmentidos, por lo cual podemos concluir que son ciertos y que el oficialismo intentará avanzar en este sentido en el Congreso Nacional”, señaló el secretario de Educación de Ctera y secretario de Cultura de Amsafé, Miguel Duhalde.
Cierre de paritaria
Un primer capítulo de la estrategia de desfinanciamiento educativo fue el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri por el cual se cierra la paritaria docente nacional. Luego, en medio de las negociaciones con el FMI, el presidente firmó a principios de julio el decreto 632/18, que presentó como una medida de racionalización del gasto –con hincapié en el recorte de viajes en primera clase y otras comodidades–, pero en los hechos es otro instrumento legal para avanzar con el ajuste.
Según Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, ese decreto habilita al gobierno central a avanzar con el recorte del Fonid: “La información que bajó Nación es que a través del decreto que firmó Macri existen claras posibilidades de que esos recursos queden insertos en rentas generales y, con eso, sean parte del ajuste general. La información concreta todavía no la tenemos, pero las herramientas jurídicas para que eso pase están a disposición del gobierno, porque ya lo han firmado”.
El decreto 632/18 congela por dos años el ingreso de personal a la administración pública y dispone una serie de recortes del gasto público que alcanzan, en 2018, los 20 mil millones de pesos. Pero también dispone que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público estudiará modificaciones o recortes en las partidas que envía el gobierno central a las provincias, entre ellas el Fonid.
El último viernes, en su visita a Santa Fe, el jefe de Gabinete Marcos Peña buscó ahuyentar fantasmas y descartó la eliminación del incentivo docente: “No es nuestra intención plantear eso. Estamos trabajando en el marco de un diálogo presupuestario lo más amplio posible, primero con los gobernadores y después con los legisladores. Tenemos que ir hacia un equilibrio fiscal”.
No obstante, Peña indicó que “en un momento de mayores transferencias de la Nación a las provincias”, en referencia a la devolución de recursos que se retenían de manera indebida de la coparticipación federal, ahora las provincias “tienen más recursos” y por lo tanto “es imposible pensar que se van a sostener esos recursos”, en alusión al incentivo docente, al fondo compensador y a otras herramientas de asistencia salarial.
Rechazo gremial
Los gremios docentes rechazan recorte de partidas para educación. “La postura de Ctera es contraria a la eliminación del Fonid del presupuesto nacional y su traspaso a las provincias, dado que las mismas se encuentran afectadas negativamente por la actual recesión que impacta a sus ingresos y la caída adicional de la recaudación generada por la eliminación de impuestos sobre la riqueza, la rebaja de las retenciones a la soja, que afecta a las provincias que reciben parte de esos recursos, además de la rebaja de impuestos provinciales sobre los Ingresos Brutos acordados en el Pacto Fiscal”, explicó Miguel Duhalde, de Ctera y Amsafé.
“La experiencia histórica nos afirma, además, que por vía de esta mal entendida descentralización (de responsabilidades, no de recursos) se incrementa la inequidad interregional. Las provincias que reciban por otras vías recursos adicionales del gobierno nacional podrán hacerse cargo del financiamiento del fondo y otras no podrán hacerlo”, agregó el dirigente gremial.
En tanto, Martín Lucero dijo que el Sadop “rechaza todo tipo de recortes”. Y reclamó que se reabra la paritaria nacional del sector para que los docentes puedan participar del debate por el financiamiento educativo: “Todo esto es parte de una estrategia de vaciamiento del sistema educativo y una aplicación del ajuste del gobierno nacional en el ámbito de la educación. Cerrar la paritaria nacional docente fue el primer paso para lograr todo esto”.
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