Un problema sin solución o cuando la solución es el problema. Así parece estar Rosario en materia de seguridad con unas 20 balaceras diarias y más de 160 homicidios en lo que va del año. Porque a la hora de investigar bandas criminales nunca falta la pata policial, por no decir la Policía santafesina. Y para muestra basta un botón.
Una balacera en abril pasado derivó dos meses después en la detención de dos personas señaladas por testigos del hecho. Sin embargo, esa investigación, que llevó adelante la seccional 10ª de zona norte y quedó plasmada en un acta de procedimiento, resultó ser falsa. La maniobra, por la que seis policías fueron imputados y seguirán tras las rejas, fue develada por los mismos testigos, quienes confesaron ante la Fiscalía haber brindado declaraciones falsas a cambio de dinero y drogas.
Lo que siguió fue una serie de medidas que se encuentran bajo estricto secreto de sumario para demostrar que los uniformados acusados cooperaban con una banda narcocriminal con favores de todo tipo, entre ellos, implicar en causas penales fraudulentas a sus competidores.
La banda favorecida por los policías de la seccional 10ª es conocida como Los Pimpis, mote que le quedó por quien supo ser su líder, Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, hasta su asesinato en octubre de 2019.
Según la Fiscalía, los uniformados en cuestión, entre ellos los jefes de la comisaría de Darragueira 1158, les “liberaban territorio” para que operen con ilícitos vinculados al narcomenudeo y también “limpiaban” a la competencia.
Por esos hechos, los fiscales Federico Rébola y Valeria Haurigot imputaron este martes a los seis policías en una audiencia que estaba prevista a las 14, comenzó con atraso y se extendió durante unas siete horas hasta casi entrada la medianoche.
Todos fueron acusados por los delitos de cohecho y falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El juez Carlos Leiva aceptó la calificación penal y les dictó prisión preventiva por 90 días, plazo en el que está previsto que se concreten pericias cruciales en la causa, entre ellas los análisis de los teléfonos celulares. Al respecto los fiscales dijeron que podría haber novedades en la pesquisa y no descartaron que hubieran más policías implicados.
Hasta el momento, los agentes imputados que quedaron presos son el comisario supervisor y jefe de la comisaría 10ª Gerardo Malpassi, el subcomisario Sebastián Ojeda, los oficiales Walter Graff y Juan Pablo Sosa, la suboficial Natalia Sánchez y el oficial Héctor Mario Dallia.
La ley de la selva
En rueda de prensa, la fiscal Valeria Haurigot dijo este miércoles que si bien la investigación está bajo secreto de sumario y falta producir pruebas, la principal hipótesis es que los policías detenidos armaron una causa falsa “para beneficiar a una banda en detrimento de otra”.
En ese sentido, si bien se descartó que los dos sospechosos detenidos en junio acusados de la autoría de una balacera en abril hayan tenido participación en ese hecho, sí formarían parte de una organización criminal aunque mucho más precaria que la de Los Pimpis.
En relación a los policías, Haurigot mencionó la gravedad del asunto, no descartó que puedan “ser miembros” de la banda y lamentó tener que “corroborar una desconfianza que está latente” a diario entre los fiscales ya que sus investigaciones se basan en informes policiales.
Al respecto dijo que rige “ley de la selva” entre estos uniformados que además utilizan “medios formales”, como es el caso de las actas de procedimiento.
Aprietes y falso testimonio
La causa en cuestión comenzó con la declaración de dos mujeres que testificaron a partir de una balacera en zona norte perpetrada en abril. Primero señalaron a dos presuntos autores y luego confesaron haber mentido bajo presión de integrantes de la banda Los Pimpis.
En un primer momento, las testigos mencionarlo a Tomás G., de 19 años, y a Andrés R., de 22, a quienes vincularon con una banda conocida como Patri. Tras esa mención, ambos fueron detenidos el 21 de junio e imputados por los fiscales Pablo Socca y Haurigot, en una audiencia en la que les dictaron prisión preventiva por 90 días.
Las testigos habían dicho que sufrieron amenazas por parte de esos dos muchachos por negarse a vender drogas para la banda de Patri y tener relaciones sexuales con uno de sus integrantes.
Luego, ambas desmintieron sus propios dichos tras presentarse en la Fiscalía acompañadas de abogados. En esa oportunidad declararon haber mentido bajo presión de Los Pimpis que, a cambio, le pagaron 50 mil pesos a una, y con estupefacientes a otra.
Para la Fiscalía, la detención de dos inocentes a partir de falsas declaraciones no podría haberse cometido sin la colaboración de los policías que labraron las actas. “Lo que se verificó en la comisaría 10ª es un ejemplo redondo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito”, aseveró la fiscal. Y concluyó: “Quisieron ensuciarnos a nosotros (fiscales) a la sociedad en su conjunto y a la misma institución (policial)”.
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