La Secretaría de Comercio Interior realizó 25.000 fiscalizaciones en todo el país en el control de precios y abastecimiento, aceleró los plazos administrativos para la efectivización de sanciones a empresas infractoras a los precios máximos y la ley de Defensa del Consumidor, e impuso multas por más de 47 millones de pesos.
Como resultado de las fiscalizaciones, realizadas por los cuerpos de inspectores de Comercio Interior, de Afip, del Ministerio de Medio Ambiente, y de las provincias y los municipios, se labraron 6.300 actas y se clausuraron preventivamente unos 530 comercios por incumplimientos en precios y abastecimiento en todo el país, precisó este jueves en un comunicado el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Desde marzo, ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por covid-19, la secretaría de Comercio intensificó los controles en precios y abastecimiento en toda la cadena de comercialización, distribución y producción de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza abarcados por los precios máximos.
“El trabajo coordinado con las provincias y los municipios es fundamental a la hora de garantizar la accesibilidad a los precios y lograr el abastecimiento de los productos en todo el territorio nacional”, afirmó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.
Español subrayó que “desde el inicio de la gestión se lleva adelante una política activa en la defensa de los consumidores, a través de imputaciones de oficio a las empresas que no cumplen con la ley de Defensa del Consumidor, y mediante la aceleración de los plazos administrativos para sancionar a las empresas infractoras”.
La subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores aceleró los plazos administrativos para la efectivización de más de 200 multas a empresas que en 54% infraccionaron la ley de Defensa del Consumidor y 46% incumplieron con los precios máximos, con multas que van desde 6.000 a 2,5 millones de pesos por un total de 47.830.200 pesos.
Además, desde el inicio de las medidas de Aspo y Dispo, la subsecretaría llevó adelante 85 expedientes de oficio a distintas empresas por incumplimientos en los plazos de entrega de distintos productos, no brindar información clara, precisa y veraz, o no cumplir con el servicio, entre otros casos.
A partir de los reclamos de los consumidores, que en lo que va de 2020 se incrementaron 173% respecto a 2019, tras el análisis de las denuncias e identificación de la operatoria sistemática de las empresas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores, procede a la actuación de oficio y, luego al proceso administrativo, la aplicación de las sanciones correspondientes a las empresas infractoras mediante las multas que deben abonar.
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