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En riesgo

La Rioja: ante el desalojo, la provincia tomó partido

El gobierno local se comprometió a ceder un galpón adecuado para el funcionamiento de un emprendimiento social.


Zozobra. Ante el inminente desalojo judicial impulsado por la antigua patronal de la hoy cooperativa La Unión de La Rioja, que autogestiona un taller de rectificación de motores recuperado por sus trabajadores, el gobierno provincial se comprometió a ceder un galpón adecuado para el funcionamiento del taller, según informó el portal Trabajo Cooperativo.

Así, la decisión de la provincia permitirá sostener las fuentes laborales y el proceso productivo de la pequeña empresa, y fue dado a conocer por los diputados provinciales Adriana Olima, Raúl Andalor y Renzo Castro, acompañados por el presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra) y de Copegraf, cooperativa que edita el diario El Independiente, Julio Delgado, quienes le comunicaron la noticia al presidente de La Unión, Manuel Bravo, y al resto de los trabajadores asociados.

La historia reciente señala que hace casi un año la Legislatura provincial sancionó una ley que habilitaba la expropiación del inmueble con carácter de urgencia que ocupaba la firma Turra Rectificaciones SRL, en la capital riojana. También suponían que los trabajadores estaban amparados por la ley provincial 8.901 de Fomento Cooperativo.

Sin embargo, a los pocos días de su sanción esa norma fue vetada y se instaló la incertidumbre sobre el futuro laboral para los trabajadores de la rectificadora de motores.
Tras intensas gestiones el gobierno provincial, la cooperativa La Unión logró el compromiso oficial de buscar un nuevo techo para el funcionamiento del taller recuperado.

“El gobierno provincial está tratando de encontrar una respuesta a una demanda del espacio físico, hemos hablado con el gobernador Sergio Casas para ver cuáles eran las posibilidades y alternativas para brindar respuesta a la situación planteada”, precisó el diputado Castro tras reunirse con los trabajadores.

En este marco, el gobierno riojano ofreció a la cooperativa “la cesión de algún galpón o salón que esté en disponibilidad, tanto en el parque industrial como en la zona urbana, para que la empresa recuperada sea trasladada y haya una continuidad del proceso productivo”, acotó el legislador.

En este sentido, Castro agregó que en La Unión “están trabajando de forma normal, pero antes pasaron por una situación de quiebra, ahora están bajo una sindicatura y se trata de dar un cierre a la situación anterior de lo que ha sido su cese laboral y su traspaso a una unidad productiva a través de la economía social; y con el acompañamiento del gobierno, llegar a un establecimiento definitivo, en donde tengan un espacio físico que les permita continuar laboralmente”.

Por su parte, Bravo, presidente de cooperativa La Unión, agradeció el apoyo recibido tanto de los diputados provinciales como de Fadiccra y señaló: “En este momento estamos luchando por el espacio físico. El año pasado se logró una expropiación, luego fue vetada y estamos con la incertidumbre de que nos desalojen del lugar”.

El compromiso de Fadiccra

El presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra) y de Copegraf, cooperativa que edita el diario El Independiente de La Unión, Julio Delgado, reafirmó el acompañamiento a los trabajadores y recordó que desde el año pasado “se generó una tensión, porque por un lado se vivió con alegría la aprobación de forma unánime de la expropiación del inmueble, maquinarias y herramientas a favor de la cooperativa, pero a los pocos días se derogó esa ley y eso generó zozobra en los compañeros”.

El titular de Fadiccra celebró el compromiso tanto de los legisladores como del gobernador Sergio Casas en brindar “una solución definitiva a los asociados de La Unión. Puntualmente se buscará un espacio físico para que puedan mudar el taller con toda la maquinaria y continuar con su unidad productiva y los proyectos de expansión que tienen en el rubro”. Y agregó: “Se trata de 15 familias que están viviendo en forma directa del taller y otras 40 en forma indirecta. Ahora hay un compromiso concreto por parte del Estado”.