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La reforma política desafía al hermafroditismo político

Por: Ezequiel Rudman

narvaez

La reforma política desafía al hermafroditismo político Peronistas cobistas, radicales PRO, machistas justicialistas, kirchneristas radicales y socialistas oficialistas. Mientras la Cámara de Diputados debate una nueva ley de reforma política, los legisladores nacionales hacen gala de su hermafroditismo político en el Congreso.

¿Tiene algún apego a la realidad la intención de ordenar el sistema de partidos

y elevar las exigencias para la presentación de candidaturas? La experiencia empírica demuestra que el desmadre legislativo difícilmente pueda solucionarse a través de una ley. Los diputados no sólo abandonan las clásicas estructuras partidarias sino que también cambian de bloque dentro de nuevas subespecies parlamentarias inventadas por ellos mismos.

El neuquino Hugo Prieto encabeza el bloque de la Concertación Plural. Se trata de un radical que lidera un bloque kirchnerista en proceso de extinción tras el repliegue de Néstor Kirchner al PJ.

Otro radical, Christian Gribaudo, es el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y representa al PRO de Mauricio Macri. Julio Ledesma, un peronista macrista, acaba de ser expulsado del partido del jefe de gobierno porteño y Francisco De Narváez, por haber votado junto al oficialismo la ley de Presupuesto tras recibir un llamado telefónico de Kirchner.

El caso de De Narváez también ilustra el fenómeno de hermafrodistismo político. Autodefinido como militante peronista, el diputado empresario es repudiado por todo el arco del PJ, tanto el kirchnerista como el opositor. El peronismo federal, un bloque que nuclear a seguidores de Jorge Busti, Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, acaba de manifestar su rechazo al desembarco de De Narváez en ese espacio.

Pero el Colorado pide que lo incluyan en ese staff de dirigentes que no pudieron ganar las elecciones locales en sus provincias. De Narváez acaba de derrotar a Néstor Kirchner en el principal distrito electoral del país en base a una alianza con el PRO de Mauricio Macri y tras haber ordenado eliminar cualquier vestigio de peronismo en su campaña electoral. Ahora reivindica su perfil PJ en el Congreso.

El peronista Enrique Thomas fue candidato a vicegobernador en la fórmula que encabezó el ultracobista César Biffi en Mendoza y en junio renovó su banca gracias a la lista 503, “Gente de Cobos”, llena de radicales alineados con el vicepresidente y con la UCR ortodoxa de Gerardo Morales.

Hasta septiembre fue jefe del bloque que respondía a Felipe Solá. Hoy hace equilibrio entre Cobos y el peronismo disidente.

Sólo el peronismo tiene más de diez sellos en Diputados: Dignidad Peronista; Frente Justicia; Unión y Libertad; Frente para la Victoria-PJ; Guardia Peronista; Frente Producción y Trabajo; Justicialismo Republicano; Justicialismo Nacional; Peronismo Federal; Peronismo Jujeño; Nacional Sindical; Trabajo y Dignidad; Unión Celeste y Blanco, y Corriente Peronista Federal.

Los radicales, que ni siquiera pueden acordar quién será el jefe de bloque entre Oscar Aguad y Ricardo Alfonsín, también se esparcen en sus múltiples vertientes: UCR, GEN, la Coalición Cívica, el ConFe, Concertación Plural, Frente Cívico por Santiago, Frente Cívico y Social de Catamarca. En el socialismo también conviven opositores como Roy Cortina y oficialistas como Jorge Rivas.

En este contexto, resulta lógico que el proyecto de reforma política busque encorsetar el transformismo político que confunde no sólo a la sociedad civil sino a la misma dirigencia política. Elevar al 5 por mil del padrón las adhesiones necesarias, repartidas en cinco distritos, para constituir un partido político, o llevar al 3% del padrón electoral el piso de votos mínimos que se deberán obtener en las internas simultáneas y obligatorias para acceder a presentar candidatos en las elección nacional, parecen medidas que buscan imprimirle sentido común al sistema de partidos.

Pero la descentralización del sistema representativo, un fenómeno incontenible a nivel mundial, con ONG’s y movimientos sociales que consiguen más legitimidad que los partidos políticos, parecen consagrar al hermafroditismo político como un acontecimiento que no es susceptible de regulación normativa.

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