Marcos De Carlo
En medio del complicado escenario económico y social que atraviesa el país producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno nacional avanza con su intención de lograr una reforma judicial en el fuero federal, que se centra mayoritariamente en aspectos que conciernen a la ciudad de Buenos Aires pero que incluiría la creación de más juzgados federales en el resto del país.
La iniciativa oficialista abre diversos interrogantes: ¿Repercute en la provincia de Santa Fe? ¿Es el momento indicado? ¿Está funcionando bien la Justicia Federal y la Corte Suprema? ¿La letra de un proyecto de ley mejora el servicio de justicia que se les brinda a los ciudadanos?
Para echar luz sobre estas cuestiones, El Ciudadano consultó a dos abogados especialistas en derecho constitucional como Domingo Rondina y Ricardo Terrile.
“Epidemia de injusticia”
“Una cosa es el proyecto que empezó a tratarse en el Senado y otra es la comisión que va a analizar todo el tema de la reforma judicial”, comenzó Domingo Rondina y agregó: “Por ahora el proyecto que envía el presidente es módico, incluye algunas reformas principalmente con efecto en Capital Federal. En el interior el efecto es mínimo”.
“En el interior puede significar que haya más juzgados federales. Pero la creación nominal de juzgados federales no significa nada hasta que no son cubiertos con jueces y se les da estructura edilicia y de personal como para funcionar. El juzgado de Rafaela hace 5 años que está creado y no tiene juez”, recordó el abogado constitucionalista.
Al mismo tiempo indicó que más juzgados federales “tampoco repercuten en un gran cambio en el servicio de justicia que recibe la gente”. “Es poco lo que los santafesinos tenemos vinculado a los juzgados federales del interior. Algo de narcotráfico cuando se trata de una escala media para arriba, algunos delitos como secuestros, los juicios de jubilados de Ansés y las cuestiones de Afip, pero en la cotidianidad de la gente se relaciona más con la Justicia provincial. Entonces no es algo que le cambie mucho la vida a los santafesinos”, puntualizó.
Rondina explicó que la reforma tiene más implicancia en Capital Federal, donde se propone unificar los juzgados federales penales con los correccionales, llevándolos a más de 40. Entre los delitos que entiende la Justicia Federal está la corrupción estatal y como el Poder Ejecutivo se concentra en Capital Federal, esos expedientes se concentran en los tribunales de Comodoro Py.
“Por eso son juzgados tan poderosos, porque tienen mucha influencia, mucho poder de rosca. Cuando los políticos dicen «hay que resolver el poder de fuego que tienen los juzgados penales de Comodoro Py», en el fondo lo que dicen es que la mayoría de los jueces son corruptos, que cambian sus decisiones de acuerdo a favores. Entonces lo que decidieron fue ampliar para reducirles el poder de fuego a cada uno: si en vez de 7 hay 40, van a tener menos causas”, expresó.
Además, sostuvo que ampliando los juzgados se los deja expuestos: “Dicen que se demoran porque están muy ocupados y en realidad lo hacen porque tienen las causas en el cajón y cada vez que necesitan pedir algo, sacan el expediente”.
“Al nombrar más jueces, por ahí tenés la suerte de que alguno te salga honesto”, ironizó y amplió: “Hubiera preferido que la reforma consista en echar a los jueces corruptos y holgazanes porque son el gran problema del Poder Judicial”.
“Estamos hablando de una reforma que no va al fondo de la raíz de los males. Creo que para ir un poco más a fondo necesitamos esperar las otras reformas que tiene que plantear la comisión. Tenemos que ver cómo elegimos a los jueces, cómo se los puede remover o sancionar más fácilmente, cómo vamos a establecer mecanismos civiles y democráticos de contralor para que no queden en manos de los políticos que tienen el poder ocasionalmente. Hay que democratizar la estructura judicial y meterle un poco más del sol electoral, del escrutinio ciudadano”, sentenció.
Otro tema que suscitó polémica fue la acusación del presidente Fernández al desempeño de la Corte Suprema. En ese sentido, Rondina coincidió con el análisis del mandatario aunque aclaró que para llevar a cabo esta reforma considera que no hay que tocar ni el número ni los nombres propios de los supremos.
“Hay que cambiar cuestiones de procedimiento que permitan reformular el funcionamiento de la Corte. Cada año la Corte recibe 24 mil causas, dicta unas 9 mil sentencias, a 20 carillas cada una son 180 mil carillas, ningún ser humano puede leer 180 mil carillas en un año de trabajo. Hay una realidad: los jueces no están leyendo las sentencias que dictan”, remarcó y abundó: “Esto demuestra que hay un problema, no deberían llegar tantas causas a la Corte, tendría que tener otra estructura de funcionamiento”.
En referencia a las críticas de la oposición en torno a que no es el momento indicado para avanzar con la reforma, acotó: “La pandemia de coronavirus fue inesperada y repentina pero tenemos una epidemia de injusticia que viene desde hace muchos años, que se está volviendo crónica y tenemos que afrontar en algún momento. Estoy seguro que la paz social depende de un Poder Judicial sano y si no se puede asegurar a la gente que quien tiene razón gane un juicio, que los malos sean condenados y que el que sufre una injusticia pueda lograr rápida y correcta reparación, ese Poder Judicial no nos está asegurando la paz social. Una Justicia sana, funcionando, es un imperativo necesario para que el país progrese”.
“Algo huele muy feo”
“En medio de la pandemia con tantos muertos, con el problema que genera económicamente en la sociedad el aislamiento, la enorme cantidad de desocupados, la inexistencia de un plan económico, no creo que sea oportuno de ninguna forma impulsar hoy una reforma”, comenzó Ricardo Terrile.
El titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la UNR remarcó que “una reforma judicial que incide en el tercer poder del Estado requiere de una iniciativa pluralista, donde se inviten a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y que no sea la decisión individual de un partido o sector”. Consideró que este no es el caso, que el gobierno nacional ni siquiera consultó a la Corte Suprema y que un cambio que toca “los nervios del poder es impensado hacerlo por ley” sino que debería formar parte de una reforma Constitucional.
Terrile también cargó contra la comisión de expertos propuesta por el gobierno: “No es de ninguna manera pluralista, en su gran mayoría son del oficialismo y desde el punto de vista constitucionalista, salvo 2 de esos 11 integrantes, ninguno tiene experiencia en materia de Corte, son mayoritariamente penalistas”.
“Se plantea un ingrediente que huele muy feo”, dijo en referencia a la fusión de los juzgados penales y los tribunales contenciosos administrativos. A su entender, eso concentra los juzgados que tienen causas sobre “la patria contratista”, es decir referidos a la obra pública, con los juzgados que tienen competencia en narcotráfico y corrupción. “El énfasis está puesto en la Justicia Federal Penal, en lo Contencioso Administrativo y también en el recurso extraordinario, lo que huele a impunidad”, expresó al considerar que el proyecto no resuelve los problemas de acceso a la justicia de la ciudadanía.
El ex diputado nacional radical también señaló la denominación “a dedo” de los jueces hasta tanto se concursen los nuevos juzgados. “Durante ese tiempo la Cámara de Casación, mayoritariamente oficialista, que tiene 4 salas, va a ser la encargada de hacer las listas de los jueces que van a asumir durante esos 2 o 3 años. Es decir que los van a designar a dedo, no cierra por ningún lado”, abundó.
Respecto al funcionamiento de la Corte Suprema, coincidió en reformular su accionar. “La Corte tiene un papel que fue distorsionado. Tenía que regular y controlar la constitucionalidad o la convencionalidad de las decisiones de las Cortes provinciales. En la práctica le generaron muchas situaciones civiles, penales, ambientales, que en realidad no tiene competencia sino para analizar el aspecto constitucional. Una Corte de 9 miembros, de 5 miembros, con tantísimos de miles de expedientes, es imposible que pueda funcionar con la dinámica que nosotros le exigimos”, amplió y puso como ejemplo otros modelos, como el norteamericano, donde el máximo tribunal de justicia saca 30 sentencias al año.
“Hay que dejar en tribunales como los de Casación, que sean una especie de filtro, de tamiz, para las decisiones que adopte la Corte. No es que la Corte está funcionando mal y porque tenga 9 miembros va a funcionar bien. La Corte menemista fue el peor desastre y eran 9. No creo que sea un problema de número, está abarrotada de trabajo que no corresponde”, refirió.
Respecto a la falta de presencia de la Justicia Federal en la provincia, expresó que es “notoria” pero también aprovechó para cuestionar a la Corte provincial: “Es manifiestamente mediocre”. “Se junta todo. Rosario tiene sobre Santa Fe la ventaja de tener la Cámara Federal pero aún así, siendo que somos el epicentro del narcotráfico, tendríamos que tener tribunales federales incluso ediliciamente con otras condiciones. Es notoria la falta de Justicia Federal y es manifiestamente mediocre la Corte provincial. La Corte nacional les pegó un reto con el caso Fraticelli, les dijeron que hicieron todo mal, por eso cambió todo el procedimiento después. Ni siquiera tuvieron el pudor de renunciar, siguen dictando sentencia… me da vergüenza ajena como abogado que tengamos la Corte que tenemos en la provincia”, finalizó.
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