El desvío ilegal de agua que hizo colapsar un tramo de la ruta provincial 1 en el departamento San Javier, por parte de la arrocera que comercializa la marca Trimacer, movió los reflejos de la Secretaría de Recursos Hídricos: el área confirmó este lunes que, desde el año pasado, lleva iniciadas 60 causas judiciales por canales y terraplenes sin autorización. Son los que construyen empresas y productores rurales para sacarse de encima los excesos hídricos en perjuicio de pueblos e infraestructura pública.
El punto de inflexión en la detección, control y penalización de las canalizaciones ilegales fue posible por la sanción de la ley provincial de Aguas, en febrero de 2018, que fue reglamentada a mediados de ese año con la resolución 528.
La norma, que reemplaza al Código de Aguas santafesino, el hasta entonces más antiguo y anacrónico del país, regula la gestión integral de los recursos hídricos para promover usos de manera sustentable. Y le otorga al Ejecutivo provincial el poder de policía para sancionar. “Tenemos avanzados desde el mes de julio más de 60 trámites de cierre de obras clandestinas”, ratificó el subsecretario de Obras y Gestión Territorial de la provincia, Nicolás Mijich.
El funcionario señaló que la existencia de esas construcciones ilegales surge por denuncias de particulares, informes de oficio de los técnicos del Estado santafesino o relevamientos de los llamados comités de cuencas. La ley, a la vez, obliga a las autoridades locales a denunciar las canalizaciones no autorizadas ante la provincia. Mijich explicó que se ya se comunicó a las 363 comunas de Santa Fe sobre esa responsabilidad.
El funcionario insistió en las acciones: cuando se detecta una canalización ilegal –para drenar el agua aguas abajo–, o su contraparte, un terraplén para pasar vehículos sobre terreno inundado que se convierte en un dique, se avisa al responsable para que haga su descargo. Hay un plazo, y a partir de allí se procede con la remoción y la determinación de penalidades.
Entidades de pequeños productores, organizaciones ambientalistas y algunas comunas acusan desde hace años la proliferación de las intervenciones sobre el terreno que salvan a uno y complican al resto. Su proliferación ya modifica todo el área conocida como Bajos Submeridionales, que además de Santa Fe se extiende por Santiago del Estero y Chaco.
El caso más reciente y resonante es el de la arrocera Los Cerrillos, que comercializa la marca Trimacer. Mijich destacó que intervino casi 2000 metros del cauce natural del arroyo Saladillo-Dulce para derivar el agua hacia una alcantarilla de apenas 10 metros de luz que no estaba diseñada para ese aporte hídrico y que terminó por colapsar con las recientes lluvias. Casi 60 metros de la ruta 1 se desmoronaron sobre la obra, en el departamento San Javier cerca de Colonia Teresa, con lo que se interrumpió totalmente el paso por esa vía estratégica.
Las autoridades provinciales informaron que recién entre este lunes a la tarde y el martes –tras 9 días de corte– estará repuesta la circulación sobre el kilómetro 190 de la ruta. Será con el puente Mabey Súper Bailey que en la noche del domingo terminaron de montar el Batallón de Ingenieros 1 del Ejército junto a la Dirección Provincial de Vialidad. Antes, hubo que reforzar con piedras los extremos colapsados del terraplén, para que soporten la estructura metálica del puente.
hasta entonces, seguirán los desvíos por Ruta Nacional 11 y Ruta Provincial 39 que une las localidades de Gobernador Crespo y San Javier.
Mijich aclaró que la firma Los Cerrillos fue advertida varias veces sobre la ilegalidad de esa canalización, y ahora le inició una causa por estrago, porque puso en riesgo el casco urbano de Colonia Teresa.
Leer más ► Finalizó la construcción del puente sobre la Ruta 1 y el tránsito se restablecerá en breve
📽 Muy buen video de como quedo el Puente en RP1 en #ColoniaTeresa pic.twitter.com/IAQfxUERyG
— Gustavo M. Alfaro (@GMALFARO) 28 de enero de 2019
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